Trece familias lloran a sus 13 familiares muertos. Después de ocho días, Daliha González acepta por primera vez que nadie hará —ni hizo— nada para sacar con vida a su hermano Frank Antonio Hidalgo de los almacenes de municiones que explotaron en Melones, un poblado rural con una tabaquería, una escuela primaria, una panadería, un consultorio médico y una base militar que ardió en llamas el pasado 7 de enero y que los ha sumido a todos en el luto cuando despegaba el nuevo año.
Frank Antonio salía de pase cada tres días, o cada cinco, o cada siete, durante los 17 meses que cumplió de Servicio Militar Obligatorio. El 31 de diciembre celebró el fin de año con la familia, en su casa del municipio holguinero de Rafael Freyre. El 1 de enero volvió a la unidad. El 2 regresó de nuevo a casa y partió en la madrugada del 3. Fue la última vez que lo vieron, con 19 años, vestido de verde olivo y la timidez de siempre, tan tímido que las fotos que conserva la familia se las tomaron escondidas, de lejos, sin que lo notara. Ya iba a finalizar sus dos años como militar en el almacén de municiones, iba a encontrar trabajo en el sector de servicios gastronómicos, iba a tener una vida.
A las siete de la mañana del 7 de enero su madre Dalia Almaguer Menesez respondió la llamada de una vecina. Que si no había visto las noticias, que había un incendio en el almacén militar que quedaba a casi 15 kilómetros de la casa, justo donde cumplía servicio su hijo Frank Antonio.
La familia arrancó hacia la unidad militar. El lugar estaba cercado, bajo una vigilancia que impedía el paso. Alguien les dijo que la mayoría de los soldados habían sido evacuados en la Región Militar de Holguín. La familia se dirigió al lugar. Allí preguntaron por la lista de los desaparecidos. La familia oyó lo que nadie quiere que le digan nunca: el nombre del soldado Frank Antonio estaba junto al de los soldados Leinier Jorge Sánchez Franco, Liander José García Oliva, Yunior Hernández Rojas, Rayme Rojas Rojas, Carlos Alejandro Acosta Silva, Brian Lázaro Rojas Long, José Carlos Guerrero García, Héctor Adrián Batista Zayas, los segundos suboficiales Orlebanis Tamé Torres y Yoennis Pérez Durán, y los mayores Leonar Palma Matos y Carlos Carreño del Río.
Las autoridades se mantuvieron cautelosas con cada información del incidente. «Hay que esperar con calma, con paciencia, hasta que podamos determinar y recuperarnos de estos hechos», dijo el jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Ramón Pardo Guerra, en la televisión nacional. Otros dirigentes y organismos locales se encargaron de dejarles saber a los familiares que ellos estaban haciendo lo posible, actuando con «valor y profesionalidad», y les pidieron que guardaran las esperanzas, cuando en realidad sabían que iban a hacer muy poco por rescatarlos.
Por eso Daliha creyó hasta hace unos días que su hermano Frank Antonio estaba vivo. Varias personas le habían asegurado que los almacenes son túneles enormes «equipados con los recursos necesarios para aguantar varios días». Según declaraciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), allí se guardaban municiones envejecidas, el material de defensa para la guerra que por décadas el gobierno ha dicho va a llegar de un momento a otro.
«Si ellos estaban lejos de la explosión en ese momento, pudieron haberse refugiado en cualquier parte, porque eso es muy grande allá adentro y pueden aguantar 10 o 15 días hasta que abran y accedan al lugar», dijo Daliha, cuando aún confiaba con su fe de hermana en el regreso de Frank Antonio.
Mientras las autoridades les sugerían que estaban «investigando las causas» de la explosión provocada por un incendio, o les explicaban a los familiares que resultaba imposible realizar un rescate, debido a las altas temperaturas y a las explosiones que se replicaban cada 48 horas, Daliha se preguntaba por qué no pedían ayuda de una vez, si no tenían los recursos necesarios para enfriar la zona. El pasado lunes, Daliha volvió a las inmediaciones del lugar y le preguntó a los oficiales.
«Uno me dijo que no había helicóptero para regar espuma», cuenta. «No sé entonces por qué Cuba no pidió ayuda o recursos a otros países».
Durante casi una semana, la familia no supo exactamente qué sucedía en la base militar, si trabajarían o no en el rescate de los jóvenes. Enrique García Oliva, esposo de Daliha, dice que en todo ese tiempo no fue nadie a su casa a informales o explicarles qué pasaba en realidad en las cercanías del poblado de Melones.
Desde siempre supieron que el tiempo jugaba en su contra. Dalia, la madre del joven, contaba los minutos para un rescate que nunca sucedió. «Nos preocupa el tiempo», dijo hace unos días. “El tiempo es el que va a permitir que eso se haga realidad, porque no hay cómo enfriar los túneles para poder entrar a sacarlos. Tenemos esperanza de que haya vida, pero con la demora entonces sí va a ser peor».
Fue lo que finalmente sucedió. Cerca de las 10 de la mañana del martes 14 de enero, las autoridades reunieron a los familiares en las cercanías de la base militar y les informaron que el lugar había colapsado. Había cero probabilidad de vida humana.
«Trece familias destrozadas y nunca los buscaron», dice Daliha. «Los dieron por muertos sin siquiera buscarlos.»
En el municipio de Rafael Freyre hay una tristeza innombrable, el pueblo entero llora a sus muertos. A Rayme Rojas Rojas, del poblado de Fray Benito, le faltaban unos seis meses para cumplir con el Servicio Militar. Murió con 20 año. Su primo Leandro Pérez no lo puede creer, cómo pudo sucederle a él y cómo nunca planearon un rescate. «No hicieron nada para sacarlos de ahí», asegura.
No fue hasta la tarde del miércoles 15 que el gobierno cubano admitió públicamente que no habría posibilidad de rescatar a las víctimas. Un comunicado del MINFAR informó que el lugar es «inaccesible» y que «no existe posibilidad alguna de vida». También revelaron que la causa que provocó el incidente fue un fallo eléctrico a causa de un cortocircuito en el interior de la instalación.
***
La trágica muerte de los 13 militares cubanos ha avivado, una vez más, el rechazo al Servicio Militar Obligatorio en Cuba, como lo hizo en 2022 la tragedia en la Base de Supertanqueros en Matanzas, que dejó 17 muertos por el fuego desatado en medio de una tormenta eléctrica. Varias de las víctimas resultaron jóvenes que cumplían el Servicio en la Unidad de Bomberos de la ciudad.
El Servicio Militar, al que los jóvenes deben ingresar por un periodo de uno o dos años a partir de los 18, se declaró obligatorio en 1963. La ley cubana establece que a los 16 años los ciudadanos de sexo masculino deben estar inscritos en el registro militar. Solo quedan exentos las personas con discapacidades físicas o mentales. Las mujeres pueden optar por el servicio militar si así lo desean, excepto las que estudian carreras profesionales como Periodismo o Relaciones Internacionales, para quienes también es mandatorio. El año pasado, el gobierno promulgó el Decreto 103/2024 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que sanciona con procesos penales o multas de hasta 7 mil pesos a quienes evadan el reclutamiento militar.
Miguel Ángel Valdés, quien compartió públicamente su testimonio a raíz de la muerte de los 13 reclutas, cuenta que a los 18 años le robaron su tiempo, su salud y algunos sueños, cuando entró como soldado a la unidad Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicada al este de La Habana. «El servicio no tiene que ser obligatorio», asegura. «No todos queremos pasar ese infierno verde sin necesidad alguna».
Para él no fue fácil. Tuvo que dejar su casa, y con la casa a su madre y a su abuela rotas de llanto. Luego vinieron los días más negros que probablamente haya vivido. Cuenta que sufrió humillaciones de los oficiales al mando. Si de momento se atrevía a contradecirlos, lo ponían bajo el sol a chapear con un machete la mala hierba del lugar, a limpiar las áreas comunes, o a hacer fuertes ejercicios físicos. “No importaba la hora que fuese, el momento o el día», cuenta.
Una vez, debido a la mala elaboración de los alimentos, Miguel contrajo un parásito en el estómago que le provocó todo tipo de malestares por diez días. Pensó en suicidarse, tal como han hecho no pocos jóvenes en sus años de Servicio Militar. No lo hizo, pero decidió afeitarse las cejas a modo de protesta, dejar de trabajar y apenas comer.
«El jefe de la unidad, un general de brigada, decidió mandarme hacia el Hospital Militar Naval de la Habana del Este para un análisis o prueba de salud mental», recuerda. «Al confesar que había pensado en matarme, el psiquiatra me ingresó durante 17 días.»
Una madrugada Miguel quiso comprobar que no había ninguna bala adentro de la recámara del arma. Apuntó al suelo y jaló el gatillo a modo de prueba. “El arma tenía una bala ordinaria y al frente de mí había un soldado. Si no fuera porque apunté al suelo, habría matado a mi compañero y destrozado a una familia sin necesidad.»
No sería la primera vez que sucede. Ahora que una última tragedia ha despertado de nuevo el debate sobre la pertinencia del Servicio Militar, varias personas salieron por las calles con varias consignas en carteles, entre las que reza: «¡Nuestros jóvenes merecen vivir, no morir!». Ese es el reclamo principal de no pocos padres cubanos. El Servicio no es solo un lugar donde los jóvenes permanecen expuestos a todo tipo de peligros, maltratos, abusos, trabajo forzado, sino a accidentes, suicidios y riesgos para la vida.
