A las nueve de la mañana del 10 de julio Angélica Garrido tiene todo listo. Ha pensado mucho en este día, desde que fuera conducida a la prisión de mujeres del Guatao, y después al campamento de Ceiba 4. Tiene el colchón y las tablas que debe entregar a las autoridades penitenciarias. A cambio, le devolverán un documento que confirma que, luego de tres años, es libre. Pero ella insiste en que no lo es, la libertad es otra cosa.
«Es un papel de excarcelación donde dice que ya terminé de cumplir estos tres años. Porque libre no soy, esa es la verdad.»
Luego de entregar las tablas y el colchón, tiene un encuentro con los agentes de la Seguridad del Estado. La esperan un señor vestido de militar y el agente Javier, quien la ha atendido todo este tiempo en el campamento. Le dicen, básicamente, lo que la directora del centro le había advertido el día anterior. Cómo debe comportarse en lo adelante, qué disciplina debe mantener una vez fuera. Incluso le recomiendan que siga con la misma conducta que había tenido en prisión, a lo que Angélica responde que bueno, era la misma conducta que había tenido en la calle antes de que ellos la detuvieran.
Afuera de Ceiba 4 está su esposo Luis Rodríguez, para llevarla a casa en un almendrón. Angélica se siente mal, tiene dolores de cabeza, decaimiento. Los últimos días en el campamento los pasó con el virus del Oropuche, una epidemia que ya se ha extendido a 12 provincias del país. Luego tuvo Dengue. Antes de llegar a casa irá a la prisión del Guatao a dejar algunas cosas que su hermana Maria Cristina necesita. Luego recogerá a su hijo mayor en la Universidad.
Este 10 de julio en Cuba es un día cualquiera. Está el calor de siempre. La Unión de Ferrocarriles anunció cambios en el itinerario del tren que hace la ruta de Artemisa a La Habana. Un dólar equivale a 335 pesos cubanos. Viengsay Valdés anunció que el Ballet Nacional está de fiesta. Maria Cristina llega a su barrio en Quivicán y, eso sí, lo ve todo mucho más deteriorado. Ahora está en casa con su esposo y sus dos hijos. Nadie más la recibió. Nadie ha ido a verla.
«La gente tiene miedo. Yo lo entiendo, me duele. Mucha gente aquí marchó con nosotras en la manifestación del 11 de julio. Ahora tienen miedo y lo respeto.»
Tampoco están los padres, que murieron mientras estaba en prisión. Angélica traga en seco. Sonríe, pero parece un gesto inducido, en realidad una mueca. Traga y parece que digiere algo pesadísimo. Imaginó que este iba a ser un día feliz, pero se ha mostrado fría desde la mañana. «No sé ni que decirte», y se pasa la mano por los ojos.
Luis le preguntó hoy a Angélica si estaba feliz y sí, está feliz, pero es raro. «Lo que pasa es que estoy más triste que feliz», le dijo. «Es mucha la responsabilidad, es mucho el dolor por los hijos de Mary, mis sobrinos, que también quieren a su mamá en casa. Ellos van a querer sentir lo que sienten mis hijos, y eso duele mucho. Duele mucho».
El día más feliz en la vida de Angélica no es este, sino la tarde en que salió a las calles de Quivicán el 11 de julio de 2021. «Pensé que se había caído el sistema. Mi hermana y yo nos abrazamos, lloramos, fue un día muy emocionante. Y veías al pueblo marchando, gritando eufóricos de alegría y ganas de que se hubiese acabado todo».
Fue el 12 de julio cuando le cambió la vida. La policía, violenta, cargó con las hermanas Garrido. Angélica fue golpeada hasta que su cuerpo no pudo más y se desplomó en un desmayo. Otros testigos vieron cómo un guardia le dio varios puñetazos en la cabeza. En una carta que hizo pública su esposo hace dos años, Angélica lo cuenta. «Supliqué de favor que terminara y se complacía en lo que hacía. La mujer es un vaso frágil y no debe ser maltratada: fui golpeada, torturada y lesionada», aseguró. En un inicio, las hermanas fueron trasladadas a la Unidad de Policía de Quivicán, luego conducidas al Departamento Técnico de Investigaciones, después al centro de reclusión conocido como el Sidatorio, y finalmente encerradas en el Guatao.
En un primer momento la Fiscalía pidió 10 años de privación de libertad para Angélica y 15 años para María Cristina, quien, en opinión de las autoridades, sirvió de líder de la protesta. Se les acusa por los delitos fabricados de atentado, desacato a la autoridad, propagación de epidemia, asociación para delinquir y desorden público. «Soy inocente, mi mano nunca se levantó contra ellos, ni mi boca los ofendió. Son ellos los que deben estar en mi lugar, son ellos los que procedieron de manera incorrecta y arbitraria», dijo Angélica en una carta pocos meses después de su detención. Luego los tribunales del régimen rebajaron las condenas: tres años para Angélica y siete para su hermana.
Las hermanas Garrido habían salido a las calles ante el llamado de miles de personas en toda Cuba, y terminaron en la lista de los miles de presos políticos que cumplen condenas de hasta 20 años de privación de libertad. Según datos del grupo Justicia 11J, mil 584 personas fueron detenidas en la protesta de julio de 2021 y 670 continúan en prisión. Las hermanas Garrido son dos de las 218 mujeres detenidas en el estallido. Estos datos constituyen un subregistro, ya que las autoridades cubanas no brindan información al respecto.
Las detenciones del 11 de julio de 2021 han sido desde entonces condenadas por organizaciones internacionales, activistas y la prensa de todo el mundo. La situación ha sido expuesta ante el Vaticano, la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se ha pedido que sea aprobada una Ley de Amnistía ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aun así, el gobierno se niega a poner en libertad a los presos hasta que cumplan sus condenas.
«Si a estas alturas el régimen no ha concedido la liberación de estas personas, es muy poco probable que suceda», asegura Camila Rodríguez, directora del grupo Justicia 11J. «Pienso que muchos cumplirán íntegramente sus condenas; son ejemplarizantes. Las personas han seguido saliendo a las calles, pero siempre está el temor, entre la mayor parte de la población, de que se pueda repetir otro escenario represivo como el de julio de 2021».
Rodríguez insiste en que desde ese año «el número de presos políticos se ha multiplicado varias veces, en relación con las cifras de antes de las protestas», pero también se han diversificado las formas de reprimir derechos a los ciudadanos. «Yo resaltaría el aumento de normativas jurídicas enfocadas a amedrentar y criminalizar, entre ellas el nuevo Código Penal. La vida en las prisiones se hace cada día más insostenible para las víctimas directas y sus familias, en relación con el hacinamiento y la ausencia de condiciones básicas, pero también, en relación con el recrudecimiento de las formas de hostigamiento y represión hacia las personas que disienten dentro de las cárceles».
Tras la manifestación de julio de 2021 no ha habido otra tan masiva en Cuba. El 17 de mayo de este año cientos de cubanos se lanzaron a las calles ante los constantes apagones y la falta de alimentos, pero rápidamente el gobierno atajó las protestas. También han habido otras más relevantes como la de Nuevitas en 2022 o la de Caimanera en 2023. El abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex, asegura que han podido identificar un patrón después de julio de 2021. «El delito de sedición se ha convertido en una de las figuras penales por excelencia para castigar a personas que salen a la calle a manifestarse. Entonces, si bien en Cuba no han ocurrido protestas tan masivas como la del 11J, en las que han ocurrido luego hemos visto el mismo patrón de las autoridades cubanas, y eso ya lleva de por sí una condena muy grande. Es un delito con un marco sancionador muy amplio».
El abogado también hace énfasis en la vida de los presos políticos del 11 de julio, una vez cumplan sus condenas. «Angélica, como otros casos, va a tener que reinsertarse en una sociedad tan dañada como la del 11 de julio de 2021 o peor, por la gran crisis económica y social que atraviesa el país, que también es política, y por el hecho de que personas que se manifestaron ese día pueden cargar con el estigma de que fueron sancionados por participar en las protestas, con todo lo que eso significa desde la narrativa del gobierno cubano. Podrían ser identificados como mercenarios, apátridas, terroristas, traidores. Otro aspecto a considerar es que ese estigma también se puede traducir en mecanismos legales de control. Aunque haya cumplido con su sanción, puede convertirse en una persona que hay que monitorear, a la que hay que vigilar».
En la cárcel, Angélica tuvo tiempo de planear qué iba a hacer una vez terminara la condena. Tiene que alistar todo lo necesario para su hijo menor, que casi entra a la Universidad próximamente. Quiere terminar los cuentos infantiles que ya comenzó a escribir. Pero sobre todo, va a ocuparse de los hijos de su hermana y de la propia María Cristina. «Pensar en Mary, mi hermana, me afecta muchísimo», dice. «Voy a seguir luchando por la libertad de mi hermana y otros presos».
