La debacle económica que afectó a Cuba a inicios de los noventa, tras la caída del Campo Socialista, fue bautizada por la neolengua castrista como «Período Especial en Tiempo de Paz». Más de 30 años después, en medio de la actual crisis, el régimen cubano vuelve a hacer uso de su viejo arsenal retórico y aclara que esta vez se trata de una «economía de guerra».

La término emergió el pasado 30 de junio, en una reunión del Consejo de Ministros donde, como ha sucedido siempre en los últimos cinco años, las autoridades concluyeron que los problemas que afectan a la economía cubana —inflación, pérdida del poder adquisitivo de la población, producción insuficiente de alimentos, escasez de divisas para la importación…— no han sido frenados. A la perogrullada le siguió el acuerdo de tomar medidas no tan novedosas como beneficiar a la empresa estatal, paralizar inversiones, luchar contra la evasión fiscal y topar precios. 

La economía del país decrece ostensiblemente desde al menos 2019, año en que, casualmente, Miguel Díaz-Canel asumió la Presidencia. A lo largo de su mandato, este ha impulsado una y otra vez «medidas» para capear el temporal —ciertamente agravado por la pandemia de COVID-19—, pero cada decisión o intento de reforma económica ha tenido tan malos resultados que, sin remedio, ha sobrevenido una contrarreforma… De modo que la supuesta planificación de la economía nacional ha devenido, pudiera decirse, un sistema de «ensayo y error» en bucle.

El país cerró el 2023 con una contracción económica entre el uno y dos por ciento, y una inflación del 30 por ciento respecto al año anterior; la moneda cubana se depreció en más de un 50 por ciento frente al dólar y al euro en el mercado informal, y las importaciones, debido al déficit financiero, se desplomaron. La situación, sin embargo, podría ser en realidad aún más crítica, o eso sugiere el economista independiente Pedro Monreal, quien se preguntaba recientemente en la red social X cómo es posible que, a la altura de julio de 2024, el gobierno cubano reconozca el decrecimiento del PIB, pero se niegue a revelar cifras al respecto.

Ante la falta de transparencia de las autoridades cubanas, es difícil conocer en números el impacto real de las circunstancias macroeconómicas en la vida cotidiana de la población. Sin embargo, sabemos que Cuba vive desde finales de 2021 el mayor éxodo migratorio de su historia. Es alarmante la cifra de 738 mil 680 inmigrantes cubanos en Estados Unidos, entre octubre de 2021 y abril de 2024. Pero —según un estudio independiente «listo para su publicación», realizado por el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos y adelantado hace dos días por la agencia de noticias EFE— las cifras serían verdaderamente terribles: la población de Cuba habría caído hasta un 18 por ciento durante los años 2022 y 2023, principalmente debido a la migración.

¿En qué consiste la «economía de guerra» en Cuba?

De acuerdo con el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, la «economía de guerra» puede resumirse en dos estrategias: «más planificación» y «más control»; aunque, en la práctica, ambas cosas siempre han sido sinónimos para las autoridades del país. 

En el VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), ocurrido el pasado 6 de julio, los capitostes del régimen insistieron en la necesidad de controlar todavía más la economía y exigir disciplina a los trabajadores. A un espectador ajeno a las dinámicas del poder cubano, pudiera llamarle la atención que no se refirieran al Estado como el responsable del control, sino al propio PCC. Como modelo de lo que debiera ser la economía nacional, el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, mencionó el Ejército y su sistema de producción de alimentos, que permitiría a los militares «autoabastecerse». Por supuesto, Morales Ojeda olvidó que el Ejército controla de hecho gran parte de la economía cubana, no solo a través del conglomerado empresarial GAESA, sino justamente por el uso de tierras que producen para su consumo exclusivo porque en ellas trabajan personas sometidas a la disciplina militar.

La primera medida de control de esta «economía de guerra» ha sido publicada esta semana en la Gaceta Oficial No. 61. Se trata de la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la cual establece precios máximos minoristas a varios productos de importación catalogados como de primera necesidad. Los productos cuyos precios fueron topados son:

Pollo troceado: ahora a 680 CUP (2 USD) por kilogramo

Aceite (excepto el de oliva): 990 CUP (2.90 USD) por litro

Leche en polvo: 1675 CUP (4.90 USD) por kilogramo

Pastas alimenticias: 835 CUP (2.45 USD) por kilogramo

Salchichas: 1045 CUP (3.07 USD) por kilogramo

Detergente en polvo: 630 CUP (1.85 USD) por kilogramo^[1]

A la imposición de esos precios máximos, la Resolución 225/2024 del MFP suma una norma que establece un límite del 30 por ciento de ganancias para todos los comercializadores, tanto estatales como no estatales (MIPYMES y trabajadores por cuenta propia) que venden los productos antes mencionados. Para garantizar que la ley se cumpla, el gobierno desplegará brigadas de inspectores a lo largo del país y abrirá la posibilidad a la población de establecer denuncias contra los infractores.

En las secciones de comentarios a los artículos en línea de la prensa oficial sobre la Resolución 225/204, se lee no poco descontento por parte de ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, en la web Cubadebate, donde usualmente son censurados aquellos comentarios de sus lectores que critican al gobierno, podía leerse este martes:

Aquí, en Cienfuegos, sin contar la leche en polvo, en las MIPYMES (OJO, NO LOS REVENDEDORES) los precios de los otros productos están muy por debajo de esos que se anunciaron. Esperemos que esto no lleve a un aumento de precios… [Avileño 2000].

Vivo en Sancti Spíritus y las MIPYMES venden [aquí] a precios más bajos que estos que se publicaron. Y ahora yo digo que al ver estos precios le dan un margen para subirlos al límite [Juan Antonio].

Anjá ¿y mientras tanto? ¿qué hacemos los que cobramos menos de cinco mil pesos? ¿No tenemos derecho a la vida? [Alberto].

El MFP, por su parte, se apresuró a dar la siguiente respuesta a los ciudadanos: «No hay soluciones mágicas a la principal preocupación del pueblo: los precios cada vez más altos. Pero sí hay propuestas para contenerlos, se ha discutido con los implicados y hay voluntad de hacer cumplir lo que se apruebe. En la formación de los precios minoristas de estos productos los actores económicos reconocen hasta un 30 por ciento de margen de ganancia sobre los costos y gastos».

Un cálculo sencillo indica que, aun con los precios topados, estos productos son de difícil acceso para los cubanos y cubanas que viven de los salarios que ofrece el Estado  —más del 70 por ciento de la población económicamente activa reconocida trabaja en instituciones estatales— o para aquellos pensionados que no tienen acceso a remesas de familiares en el exterior. El salario medio mensual estatal en La Habana, el más alto del país, es de cuatro mil 689 CUP; por tanto, una persona que tenga únicamente ese ingreso puede permitirse al mes, como mucho, cuatro de los productos listados más arriba.

La Resolución 225/2024 y su tope de precios no constituye algo nuevo para los cubanos. De acuerdo con el economista Pedro Monreal, esta medida —impuesta tradicionalmente, y sin éxito, sobre los productos en los agromercados— «obliga a empresas privadas nacionales a adoptar el método soviético de formación de precios», el cual ha demostrado su ineficiencia. En un país sumido en una crisis multidimensional, esto significa atar de pies y manos, una vez más, al único sector potencialmente dinámico de la economía nacional.

^[1] El equivalente en dólares fue calculado en base a la tasa de cambio del USD en el mercado informal de divisas del día 9 de julio de 2024.