MADRID, España.- El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, volvió a responsabilizar al embargo estadounidense de la profunda crisis económica del país, mientras defendía la realización de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) en un contexto marcado por los daños del huracán Melissa, apagones prolongados y denuncias ciudadanas por la falta de atención a los damnificados.
Durante una entrevista con el programa oficialista La salita de Alma, transmitido por Alma Plus TV, Pérez-Oliva aseguró que no existieron dudas dentro del Gobierno sobre la conveniencia de mantener la feria, pese a que el evento tuvo lugar poco después de que más de 110.000 viviendas resultaran afectadas en las provincias orientales por el fenómeno meteorológico. Según el funcionario, la FIHAV era “necesaria” para mostrar al mundo las oportunidades de inversión en Cuba y reafirmar que el país “no está solo”.
Donaciones, control estatal y opacidad
El ministro dedicó buena parte de su intervención a rechazar las críticas sobre el presunto desvío o comercialización de donaciones internacionales. Como ejemplo, citó un donativo enviado por el Gobierno de Colombia tras el huracán, que —según afirmó— fue entregado directamente a familias afectadas, respetando la “voluntad del donante”. También sostuvo que agencias del sistema de Naciones Unidas visitaron las zonas dañadas y constataron in situ las afectaciones.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con numerosos testimonios de ciudadanos en las provincias afectadas, que continúan denunciando la falta de electricidad, alimentos, medicamentos y materiales de construcción meses después del paso del huracán. En varias localidades, los apagones superan las 20 horas diarias y miles de familias siguen viviendo en condiciones precarias, sin soluciones habitacionales ni asistencia estable.
Inversión extranjera: promesas en un país en colapso
Pérez-Oliva Fraga defendió además un paquete de medidas anunciado durante la feria para “flexibilizar” la inversión extranjera, entre ellas la reducción de los plazos de aprobación de negocios, la posibilidad de contratar directamente a trabajadores cubanos y una mayor libertad para operar en divisas. El funcionario presentó estas decisiones como parte del programa gubernamental para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
No obstante, la experiencia acumulada de inversionistas extranjeros en la Isla refleja un panorama muy distinto: falta de seguridad jurídica, impagos, controles excesivos del Estado, deterioro de infraestructuras básicas y una crisis energética que encarece cualquier proyecto productivo. El propio ministro reconoció que los apagones y el déficit energético constituyen un factor disuasorio para la inversión, al obligar a las empresas a asumir costos adicionales para garantizar su funcionamiento.
A pesar de ello, el Gobierno insiste en promover sectores como el turismo, la agroindustria azucarera y la minería, mientras la población enfrenta una de las peores crisis sociales de las últimas décadas. La retórica oficial, centrada una vez más en el embargo estadounidense, volvió a ocupar un lugar central en la intervención del ministro, quien describió el actual escenario como el momento “de mayor crudeza” de esa política y llegó a calificarla como una “cacería burda y grosera” contra países y empresas que mantienen vínculos con La Habana. Sin embargo, ese discurso sigue evitando asumir responsabilidades por un modelo económico fallido que ha llevado al país a una situación de empobrecimiento generalizado, represión política y dependencia crónica de la ayuda externa.
La entrevista, lejos de despejar dudas, vuelve a poner en evidencia la brecha entre el discurso gubernamental y la realidad cotidiana de millones de cubanos.
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