MIAMI, Estados Unidos. – El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, amplificó este miércoles en X una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate que alerta sobre la “normalización del odio político” en redes sociales y su posible derivación en violencia, al tiempo que reclamó a las plataformas digitales que hagan cumplir “sus propias normas con rigor y sin doble rasero”.
En su publicación, Rodríguez aseguró que el estudio “revisa 230 publicaciones” y que detectó “un peso relevante de actores ubicados en EE.UU., especialmente en la Florida”. Añadió que, al clasificar los mensajes por severidad, el análisis “advierte que cerca del 80% se concentra en rangos altos” y describió “patrones repetidos”: “llamados al daño físico, ataques a infraestructura y formas de ‘operativizar’ la violencia (coordinación, tácticas, anonimato)”, además de “una movilización sostenida con tono confrontacional”.
El funcionario remarcó que “la crítica es legítima”, pero que “la incitación a la violencia no lo es” y sostuvo que “la deshumanización, el señalamiento y los llamados al daño no son ‘opinión’, son un riesgo para la seguridad de las personas”. En ese marco, exigió a las plataformas actuar sin “ambigüedades” y llamó a “proteger la vida, la convivencia y el debate civilizado”.
La investigación a la que aludió el canciller —titulada “Del insulto a la violencia contra los cubanos en las plataformas sociales”— sostiene, como tesis central, que la “permisividad” de las plataformas y la normalización del lenguaje coercitivo degradan el debate público y elevan el riesgo de que la “violencia simbólica” intente abrir paso a agresiones reales.
Sin embargo, el mensaje del canciller contrasta con los señalamientos sostenidos de organizaciones de derechos humanos sobre la represión política interna en Cuba, incluida la existencia de más de 1.000 presos por motivos políticos. La ONG Prisoners Defenders reportó el 9 de diciembre un total de “1.192 prisioneros políticos” en la Isla, cifra que calificó como “un nuevo récord”.
Contra los cubanos, en las redes y en las calles
Ese discurso contrasta también con el uso del sistema penal cubano para castigar expresiones en redes sociales que no han derivado en hechos violentos. Organizaciones de derechos humanos y medios independientes han documentado múltiples condenas por publicaciones críticas en Facebook y otras plataformas, amparadas en figuras penales ambiguas como “propaganda contra el orden constitucional”, “desacato” o “ultraje a los símbolos patrios”. Estos procesos han sido señalados por su falta de garantías y por criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Entre los casos más citados se encuentra el de Aniette González García, condenada a tres años de prisión tras publicar imágenes en Facebook envuelta en la bandera cubana, una sentencia que generó denuncias internacionales por tratarse de una expresión simbólica sin llamado alguno a la violencia. También fueron condenados a cinco y cuatro años de cárcel Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, respectivamente, por publicaciones en redes sociales en las que expresaron desacuerdo con el Gobierno y promovieron una protesta que, de acuerdo con el propio fallo judicial, no llegó a materializarse.
Medios independientes como YucaByte han documentado sentencias aún más severas, incluidas condenas de hasta 10 años de prisión, sustentadas en publicaciones digitales consideradas “subversivas” por las autoridades. Estos casos se suman a un patrón más amplio de represión documentado por ONG internacionales y mecanismos de Naciones Unidas, que han advertido sobre la criminalización sistemática del disenso en Cuba.
En noviembre pasado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que 49 manifestantes del 11J fueron detenidos arbitrariamente “por motivos políticos e ideológicos y sin debido proceso”, y exhortó al Estado cubano a liberarlos, exonerarlos e indemnizarlos.
En ese contexto, mientras Rodríguez reclama que las plataformas sancionen la “deshumanización” y los “llamados al daño”, organizaciones internacionales y mecanismos de la ONU han descrito patrones de detención arbitraria y violaciones de derechos vinculadas al castigo de la protesta y la disidencia dentro del país, un contraste que vuelve políticamente significativa la exigencia oficial de “debate civilizado” hacia afuera, cuando el propio Estado cubano es acusado de restringirlo hacia adentro.
A esos señalamientos se suma un cuadro más amplio de restricciones a las libertades fundamentales dentro de Cuba que organizaciones internacionales han documentado de forma reiterada. En su ficha país más reciente, Amnistía Internacional sostiene que en Cuba “se restringió aún más la libertad de expresión” y que persistieron “detenciones arbitrarias” y la criminalización de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes, además de reportar hostigamiento y malos tratos a detenidos.
Human Rights Watch, en su capítulo sobre Cuba del World Report 2025, también describe un patrón de represión y castigo contra “prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública”, en un contexto de crisis económica que impacta derechos como el acceso a salud y alimentación. En un informe de julio pasado, la organización añadió testimonios de manifestantes del 11J sobre abusos graves en prisión y recordó que, pese a liberaciones anunciadas en 2025, “cientos” continuaban detenidos.
En paralelo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (OEA) ha denunciado la represión estatal en Cuba y ha llamado a cesar medidas que afectan derechos como la libertad de expresión, reunión pacífica y protesta, con referencias a vigilancia, detenciones y otros mecanismos de control sobre voces críticas.
Ese telón de fondo es el que vuelve especialmente contradictorio el reclamo del canciller a las plataformas para que actúen con “rigor” contra la incitación al daño y la “deshumanización”, mientras el propio Estado cubano es señalado por organismos y ONG por castigar el disenso, restringir el espacio cívico y mantener a más de un millar de presos por motivos políticos, un escenario que, para sus críticos, erosiona precisamente las condiciones de “convivencia” y “debate civilizado” que el Gobierno dice defender en el plano digital.
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