MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno de EE.UU. ordenó suspender el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que, según el Departamento de Estado, busca impedir la entrada de extranjeros que, una vez en territorio estadounidense, puedan depender de “asistencia social” o “beneficios públicos”.
La pausa entrará en vigor el 21 de enero próximo y se mantendrá sin fecha de término mientras el Departamento de Estado “reevalúa” sus procedimientos de selección y verificación.
La medida se enfoca en visados de inmigrante, es decir, los que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, y no aplicaría a los visados de no inmigrante para estancias temporales (por ejemplo, turismo o negocios).
“La Administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de EE.UU. por parte de quienes extraerían riqueza del pueblo estadounidense”, indicó el Departamento de Estado.
De acuerdo con Reuters, la instrucción fue transmitida a embajadas y consulados para que, durante la pausa, rechacen solicitudes bajo la legislación vigente mientras se realiza la reevaluación de procedimientos.
Cuba en la lista, pero sin listado oficial público
Uno de los puntos clave es que no existe, por ahora, un listado oficial completo publicado por el Departamento de Estado con las 75 nacionalidades afectadas, según AP. Sin embargo, EFE informó que un portavoz del Departamento de Estado confirmó a la agencia la cifra total y que, entre los países de América Latina y el Caribe incluidos, estarían Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de otros como Rusia e Irán.
En paralelo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X un mensaje sobre la congelación del procesamiento de visados para “75 países”.
El anuncio se enmarca en el endurecimiento del criterio de “carga pública”, una disposición usada históricamente para considerar inadmisibles a solicitantes que probablemente dependerían de ayudas públicas. AP señaló que la suspensión se vincula con una orden previa (emitida en noviembre de 2025) para apretar la evaluación sobre potencial dependencia de asistencia social, y que el Departamento de Estado dijo haber instruido a oficiales consulares en consecuencia.
EFE, por su parte, recogió declaraciones del portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott, según las cuales el objetivo sería evitar la entrada de extranjeros que puedan terminar usando beneficios públicos.
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