LIMA, Perú – Una audiencia en la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito debatió este viernes los casos consolidados de personas liberadas con I-220ª tras su llegada a Estados Unidos. El análisis de varios juristas de Inmigración apunta a un posible fallo favorable para el futuro legal de ese grupo de migrantes.
En entrevistas publicadas por Cubanet y el periodista Mario J. Pentón, los abogados Laura Jiménez e Ismael Labrador se mostraron optimistas ante lo que describieron como una brillante defensa de su colega Mark Prada frente a la Corte.
Jiménez recordó que esta apelación nace de unos casos que se decidieron de manera no favorable por la Corte de Apelaciones de Inmigración, y que luego se apelaron al 11.º Circuito. El apelante son el grupo de familias afectadas y su contraparte el Gobierno estadounidense.
“Quería transmitirles este mensaje que creo que ha tenido a muchos de ustedes con un nivel de ansiedad, de espera, y de incertidumbre durante tanto tiempo. Creo que ahora sí se está acercando el momento; porque además en mi opinión los chances de apelación del Gobierno y sobre todo de ganar una apelación son extremadamente bajos”, comentó Laura Jiménez.
La demanda no es contra el Gobierno de EE.UU., aunque este sea la contraparte, aclara la abogada. El reclamo se basa en una interpretación legal de lo que está escrito en la ley. “Estoy segura que la respuesta va a ser positiva”, afirmó la letrada sobre la próxima decisión final de la Corte.
En correspondencia, la defensa de Mark Prada frente al 11.º Circuito se centró en que a estas personas se les entregó “el papel erróneo” y que, al ser detenidas bajo la sección 235, el mecanismo correcto tras su liberación no era un I-220ª, sino un parole 212(d)(5).
Una decisión final favorable del Tribunal en este sentido tendría un impacto directo en la posibilidad de los migrantes que actualmente tienen I-220ª para ajustar su estatus, especialmente miles de cubanos que pudieran recurrir a la Ley de Ajuste Cubano.
“Es algo importante lo que se viene. Esperemos que sea una decisión positiva, que sea claro el camino para todos los I-220ª; al menos para que exista un camino a la legalización y puedan obtenerla sin llegar a las cortes de asilo”, resaltó el abogado Ismael Labrador.
Los jueces en la audiencia se mostraron “muy molestos” con esta ambivalencia que ha tenido el Departamento de Inmigración durante la administración de Biden y ahora de Trump, contó Labrador. Ello, porque no han seguido una línea objetiva y uniforme con respecto al tratamiento que le van dar a las personas que entran por la frontera o son detenidos.
“Si este resultado se torna positivo por supuesto que va a beneficiar a muchos cubanos con I-220ª. Dejar bien claro que estamos en el 11.º Circuito y solamente tres estados y cubanos que vivan en ellos se van a ver directamente beneficiados bajo esta noticia”, subrayó Labrador.
No obstante, el abogado acotó que para el resto de personas en otros estados, la decisión del 11.º Circuito pudiera servir como argumento persuasivo frente a sus respectivos jueces de inmigración.
Fin del programa de reunificación familiar
Si bien el panorama para las personas con I-220ª se muestra alentador, las últimas noticias de inmigración en Estados Unidos han supuesto un fuerte golpe para la comunidad de latinos en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la eliminación de los programas de reunificación familiar (Family Reunification Parole, FRP) para nacionales de Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
La decisión, que se formalizará en un aviso en el Registro Federal el próximo lunes, supone el cierre de una de las principales vías legales utilizadas por miles de familias latinoamericanas para reagruparse en Estados Unidos.
Según el propio DHS, la medida busca “terminar el abuso del parole humanitario”, bajo el argumento de que estos programas permitían la entrada de extranjeros con “insuficiente verificación” y que, en la práctica, servían para “eludir el proceso tradicional de parole”. “El parole nunca fue concebido para ser usado de esta manera. Estamos regresando a un sistema caso por caso, como ordenó el Congreso. Es un retorno al sentido común y a la política de America First”, señala la comunicación oficial de la agencia.
El anuncio representa un giro radical en la política migratoria de la administración de Donald Trump respecto a los mecanismos de reunificación familiar. El FRP fue diseñado para permitir la entrada anticipada de familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales mientras esperaban la disponibilidad de una visa de inmigrante, y se convirtió desde mediados de la década de 2000 en una herramienta clave para la migración desde Cuba y otros países de la región.
El aviso que el DHS enviará al Registro Federal detalla el calendario de terminación para quienes ya se encuentran en Estados Unidos bajo los programas de reunificación: el documento establece que el 14 de enero de 2026 expirará automáticamente el parole de todas las personas admitidas a través del FRP, salvo que presenten un Formulario I-485 (Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de este año, y que ese formulario continúe pendiente en la fecha de corte.
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