LA HABANA, Cuba. – La disparatada campaña del Gobierno cubano contra el mercado informal de divisas, único que funciona realmente en la Isla, ha tenido como base el engaño, respaldado por publicaciones y programas en medios oficiales que intentan convencer a los cubanos de que la culpa de la pobreza galopante que golpea al país recae en el cambista que ofrece por cada dólar cuatro veces más de lo que ofrece el Estado.
No se sabe si resulta más grotesco que un gobierno admita públicamente que una página de internet es capaz de gestionar la economía nacional con más eficiencia, o el intento desesperado de ese mismo gobierno por quitarse de encima la responsabilidad por el fracaso de la “Tarea Ordenamiento”, que estuvo 10 años en revisión por un grupo de “expertos” y cuando fue finalmente aplicada, provocó la gran distorsión que, al cabo, convirtió el mercado informal de divisas en la tabla de salvación de quienes reciben ingresos o ayudas en divisas.
El pasado 23 de noviembre el diario Granma publicó el artículo “¿Cómo se roban ahora las remesas que antes llegaban a Cuba?”, y los cientos de comentarios emitidos por los lectores son el mejor termómetro para medir el efecto real de la enloquecida cruzada gubernamental para desarticular a quienes se dedican a la compraventa de moneda extranjera por canales alternativos.
Para empezar, las remesas continúan llegando a Cuba, pero a diferencia del régimen, que las quiere en una tarjeta para controlar ese flujo de dinero y obligar a la gente a comprar lo que ellos venden, el negociante callejero las pone en manos del familiar a gusto del consumidor: en dólares físicos, en moneda libremente convertible (MLC) o en moneda nacional según la tasa flotante del mercado informal, donde la moneda fuerte rinde cuatro veces más que si fuera canjeada en los establecimientos estatales.
La gente sigue recibiendo dinero del exterior con la tranquilidad de que esos dólares o euros, cambiados en el mercado informal y bien administrados, ayudarán a comer durante todo el mes. Las finanzas domésticas se benefician, desde luego, pero la dictadura quiere hacernos creer que esa actividad económica perjudica la calidad de vida de la población porque supuestamente se roba las divisas que necesita el país. Los cubanos, no obstante, saben que cuando los medios oficiales hablan de país, en realidad se refieren a la clase gobernante que destruyó la economía en 1959, la trituró en los años 90, la pulverizó en 2021 y desde entonces dice estar “ordenando”, “reordenando” y “corrigiendo” las partículas que quedaron.
No importa cuántas veces pongan delante de una cámara a Humberto “carne-de-presidio” López para meterle miedo al que compra y vende divisas. No importa cuánta tinta y papel gasten en hacer un relato de agresión imperialista o terrorismo económico. Están aterrados, en la ruina y el pueblo lo sabe. Nadie en Cuba, sea cual sea su postura ideológica, está dispuesto a cambiar el dólar bajo la tasa oficial de 1 x 120, porque eso significa, sencillamente, condenarse a sí mismo a pasar hambre, a no poder comprar medicinas ni pagar un transporte para llegar al hospital en caso de urgencia.
La respuesta masiva al artículo del Granma fue, con variaciones, “los dólares son míos”. Para un pueblo acorralado entre el silencio y la cárcel probablemente no haya forma de rebelión más eficaz, ni coherente, que negarle a la dictadura cada centavo de dólar. No existe ninguna buena razón para poner el dinero que los emigrados ganan con tanto sacrificio en manos de la canalla del PCC. La matemática es clarísima, pero por si no bastara la abrumadora certeza que arrojan los números, recuérdese, además, que el conglomerado militar GAESA tiene 18.000 millones de dólares en cuentas en el exterior, y que el mismo régimen que ahora culpa al mercado informal por la falta de liquidez, se tragó un crédito de 1.200 millones de dólares que debieron ser invertidos en mejorar el Sistema Electroenergético Nacional. Las consecuencias de esa malversación las estamos sufriendo desde 2021, cada año peor que el anterior.
No hay justificación para facilitarle divisas a una mafia que vende productos vencidos a los damnificados del huracán Melissa y se roba las donaciones para rotar las reservas militares. No es decente permitirle el acceso a remesas a un gobierno desalmado que estaba dispuesto a deja morir a un hombre inocente, padre de tres hijos, en una huelga de hambre, encadenado a una cama de hospital, rodeado de esbirros para los que sí hay dinero, combustible y recompensas materiales. Yosvany Rosell García Caso puede ser cualquiera de nosotros que el día de mañana se harte y salga pacíficamente a la calle a exigir una vida digna, para ser condenado sin miramientos a quince años de cárcel.
Al Granma le faltó decir que las remesas que antes llegaban a Cuba se las robaba el Partido Comunista. La perreta ha sido, precisamente, porque ya no pueden hacerlo a sus anchas. Cubano que se respete prefiere gastar la plata en cualquier mipyme del barrio antes que en las tiendas de un Estado que solo produce sicarios y chivatones, que tiene los hospitales convertidos en muladares y encima le niega al pueblo el derecho de saber cuánto robaron Alejandro Gil Fernández y sus cómplices no identificados, cómo lo hicieron y cómo es posible que quienes autorizaron y aplaudieron sus medidas no caigan junto con él.
La dictadura necesita dólares para mantenerse en el poder y, sin turismo ni inversión extranjera, le urgen las remesas. De nosotros depende, en buena medida, que la asfixia siga su curso. Tal vez no sea la solución más rápida, pero es la menos arriesgada en un contexto brutalmente represivo.
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