MADRID, España.- El Centro de Asesoría Legal Cubalex registró en diciembre de 2025 un total de 199 hechos violatorios de derechos humanos, que derivaron en 460 incidentes represivos en todo el país, según su informe mensual sobre la situación de las libertades fundamentales en la Isla. Los casos fueron documentados en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud y afectaron, al menos, a 177 personas: 134 hombres y 43 mujeres.
El informe sitúa estos hechos en un contexto de profunda crisis estructural, marcado por apagones superiores a 24 horas, colapso de servicios básicos, escasez de alimentos, deterioro del sistema de salud, incremento de la inseguridad y un creciente descontento social que derivó en casi una treintena de protestas en distintas zonas del país.
De acuerdo con Cubalex, la respuesta estatal ante ese escenario volvió a ser fundamentalmente represiva. Entre el 9 y el 10 de diciembre, en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos, se concentró una cuarta parte de todas las violaciones registradas durante el mes. En esas jornadas, al menos 40 personas —activistas, opositores, periodistas independientes y familiares de presos políticos— fueron sometidas a operativos de vigilancia, arrestos domiciliarios arbitrarios, cortes selectivos de internet, citaciones policiales, amenazas y detenciones.
Las provincias con mayor número de hechos documentados fueron La Habana (64), Santiago de Cuba (15) y Villa Clara (15). A nivel municipal destacaron Holguín (14), Santa Clara (13) y Santiago de Cuba (11). Los grupos más vulnerables identificados por la organización fueron las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y la población afrodescendiente.
Entre las categorías de represión más reiteradas figuran las violaciones contra personas encarceladas (75 casos), los operativos de vigilancia policial (34), la restricción de movilidad interna (31), las amenazas o actos de coacción (31), los arrestos domiciliarios (30) y las citaciones oficiales (30).
El informe detalla, además, represalias directas contra presos políticos. Como consecuencia de huelgas de hambre, Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce fueron trasladados de centros penitenciarios; este último permaneció varios días en paradero desconocido, en lo que Cubalex califica como una situación de desaparición forzada temporal. Asimismo, el prisionero político Danisbel Labrada Morales fue sometido a un traslado arbitrario y violento hacia otra provincia tras denunciar violaciones de derechos humanos dentro del penal.
Las condiciones carcelarias ocupan un lugar central en el reporte. La organización advierte sobre raciones alimentarias insuficientes, eliminación de comidas, mala preparación de los alimentos y obstáculos a la entrega de provisiones por parte de familiares, incluso en fechas festivas, así como la persistencia de una atención sanitaria deficiente. Se mencionan casos de reclusos con patologías graves, entre ellos los presos políticos Virgilio Mantilla Arango y Daniel Moreno.
En el plano social, Cubalex subregistró 91 hechos violentos no estatales durante el mes, incluidos robos, riñas tumultuarias, agresiones con armas blancas y de fuego, asaltos, consumo y tráfico de drogas, y maltrato infantil. Al menos 13 personas murieron víctimas de homicidio, entre ellas dos menores de edad y cuatro mujeres.
El informe también recoge el impacto de los apagones prolongados, con déficits de generación eléctrica superiores a los 2.000 megawatts, y alerta sobre el deterioro de la salud pública, la proliferación de arbovirosis, la escasez de medicamentos e insumos y el colapso de infraestructuras hospitalarias. Aunque las autoridades sanitarias reportaron cifras oficiales de 50.000 contagios y 55 fallecidos, Cubalex señala que denuncias ciudadanas e informes internacionales describen un panorama más amplio y complejo.
En su evaluación, la organización concluye que la represión no responde a episodios aislados, sino a un patrón sistemático. “En este escenario, la ley volvió a usarse para controlar y sancionar, no para proteger”, afirma la organización, al señalar el uso recurrente del marco penal y administrativo como herramienta para restringir derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la población cubana.
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