MADRID, España.- Al menos 2.751 personas han muerto en Irán como consecuencia de la represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre de 2025, según cifras difundidas por la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA).
De acuerdo con ese balance, entre las víctimas se encuentran 2.403 manifestantes, 147 personas vinculadas a las fuerzas gubernamentales, 12 menores de edad y nueve civiles que no participaban directamente en las protestas. HRANA señaló que la cifra podría aumentar debido a las dificultades para verificar información en varias regiones del país, donde persisten restricciones a internet y a las comunicaciones.
Las movilizaciones se extendieron por decenas de ciudades iraníes y han sido descritas como una de las mayores oleadas de protesta en años, en un contexto marcado por el deterioro de la situación económica y el descontento social. Las fuerzas de seguridad han respondido con operativos que incluyen el uso de fuerza letal, detenciones masivas y el inicio de procesos judiciales contra personas acusadas de participar en los disturbios.
Las autoridades iraníes han ofrecido cifras inferiores y sostienen que parte de la violencia ha sido provocada por “grupos armados” y por la injerencia extranjera. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que la mayoría de las víctimas son civiles y manifestantes.
Trump: «La ayuda está en camino»
La crisis interna coincide con un aumento de la tensión entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó públicamente su apoyo a los manifestantes y afirmó que “la ayuda está en camino”, sin precisar en qué consistiría. Desde Teherán, altos cargos advirtieron que cualquier acción directa de Washington podría tener respuesta contra intereses estadounidenses en la región.
Mientras continúan las protestas y la represión, gobiernos y organismos internacionales han llamado a la contención y al respeto de los derechos humanos, al tiempo que crece la preocupación por una posible escalada del conflicto más allá de las fronteras iraníes.
En este contexto, el Gobierno cubano no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el incremento de la cifra de muertos. Los medios estatales de la Isla han centrado su cobertura en reproducir la versión oficial de Teherán, que promueve marchas de “solidaridad nacional” y responsabiliza a Estados Unidos e Israel de la violencia. La narrativa difundida presenta a los manifestantes como agentes de potencias extranjeras y minimiza las demandas sociales que dieron origen a las protestas.
La alianza histórica entre La Habana y Teherán
Este enfoque se inscribe en una línea sostenida por la prensa oficial cubana ante crisis internas en países aliados, priorizando los argumentos de los gobiernos y atribuyendo los conflictos a factores externos, sin dar espacio a las denuncias de organizaciones independientes ni a testimonios de las víctimas.
Las relaciones entre La Habana y Teherán se remontan a 1979, cuando, tras la Revolución Islámica, Fidel Castro fue uno de los primeros jefes de Estado en reconocer al nuevo liderazgo encabezado por el ayatolá Ruhollah Jomeini. Ese mismo año, Cuba impulsó el ingreso de Irán al Movimiento de Países No Alineados, entonces presidido por el propio Castro, quien defendió públicamente que no existía contradicción entre revolución y religión.
Desde entonces, ambos gobiernos han mantenido vínculos diplomáticos estables y una cooperación que ha abarcado ámbitos políticos, científicos, económicos y militares. Durante la década de 1990, en plena crisis económica cubana tras la desaparición de la Unión Soviética, Irán se consolidó como uno de los aliados estratégicos de La Habana en Medio Oriente.
Aunque el intercambio comercial bilateral ha sido limitado —según el Observatorio de Complejidad Económica, en 2018 las exportaciones cubanas a Irán rondaron los 97.000 dólares y las importaciones los 60.000—, la alianza política se ha mantenido activa, especialmente en foros internacionales. Cuba ha respaldado de forma sistemática a Teherán en resoluciones críticas y ambos gobiernos han coincidido en posiciones frente a Estados Unidos y en la interpretación de protestas internas como resultado de injerencias externas.
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