El fantasma de la violencia machista volvió con fuerza este año, luego de que las muertes de mujeres por motivos de género en 2023 superaran la suma de los dos años anteriores. Hace unos días los observatorios de género que trabajan de manera independiente en Cuba anunciaron que ascendía a 39 la cifra de feminicidios registrados en 2024. La última víctima verificada es Liz Yohana Jiménez Morales, de 18 años, a quien su novio adolescente asesinó en la madrugada del 7 de octubre en su casa de Mayajigua, en Sancti Spíritus. Unos días después de la tragedia, una funcionaria cubana intervino durante el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para decir que el país continuaba «dando pasos para erradicar completamente la violencia» contra mujeres y niñas, y que desde el estado y el gobierno «se han promovido iniciativas dirigidas en esa dirección». No mencionó que desde hace al menos tres años Cuba vive una crisis feminicida nunca antes vista, o de la que al menos se tengan registros. 

La palabra «feminicidio», que el gobierno engavetó y trató de disfrazar por años, se ha vuelto cada vez, lastimosamente, más común en la conversación ciudadana. Con el trabajo de grupos y observatorios feministas la gente ha comenzado a reconocer de qué se trata la violencia machista, algunos han perdido el miedo a denunciar o buscar ayuda. Aun así el panorama sigue siendo devastador. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) asegura que este año se han registrado además cinco intentos de feminicidio y otros asesinatos de mujeres que aún se necesitan verificar o que se encuentran bajo investigación. 

Las denuncias públicas de decenas de mujeres a quienes han intentado ultimar o que han muerto a manos de parejas o exparejas ha hecho que el gobierno, aunque no ofrezca cifras oficiales que demuestren la dimensión del problema, tenga que reconocer que se trata de un aumento de la violencia feminicida en el país. Desde que Miguel Díaz-Canel ocupara el puesto de presidente, más de 200 feminicidios han sido registrados de manera independiente. Ante un profundo silencio sobre estas víctimas —incluso Mariela Castro aseguró que «nosotros no tenemos feminicidios»—, el gobernante hizo un llamado de «cero tolerancia para la violencia». 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que por tiempo también evitó hablar o admitir que eran cada vez mayores las muertes de mujeres a manos de parejas y exparejas, recientemente coincidió en que «este año y sobre todo a partir de la pandemia ha habido un crecimiento de la violencia de género, de femicidios», según dijeron funcionarias de la organización a RojoyNegro Cgt, vocera de la Confederación General del Trabajo (CGT) española. Anteriormente la FMC había reconocido que más de 16 mil mujeres y niñas viven en situación de violencia en Cuba. No obstante, insistieron en que solo el 3% de las víctimas son las que denuncian.

La presión que han ejercido tanto el activismo como la ciudadanía ha conducido a que el gobierno implemente o legisle acciones. El Decreto 96, de 2023, contiene un Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y acoso en el ámbito laboral; el Código Penal, aunque sigue sin tipificar el feminicidio como delito, se refirió por primera vez a la violencia por motivos de género como un agravante en los delitos de homicidio; también implementaron una Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género en el escenario familiar y a fines de 2023, un año en que los observatorios registraron casi 90 feminicidios, la Fiscalía General anunció que llevaría un registro en tiempo real de estas «muertes violentas». 

No obstante, el equipo de la organización MetooCuba asegura que se trata de «tímidos pasos políticos». «Ni la ley, ni el decreto, ni la estrategia, ni el Código se traducen de manera clara administrativamente y tampoco son claramente publicitados en medios de alcance masivo, frente a una Internet de las más malas y caras del mundo, el único espacio que nos han dejado a las activistas feministas y mujeres que nos ocupamos de estos temas», declaró a El Estornudo el equipo de la organización feminista. «Estamos igual de desamparadas que hace 20, 10, 5 años. Solo que ahora la realidad no la pueden tapar ni con la nueva oleada represiva del Estado contra activistas feministas y periodistas independientes. Aún con el terror impuesto, la gente denuncia». 

«Podría haber un aumento de incidentes respecto a años anteriores.»

Una organización como MetooCuba recibe como promedio dos demandas al mes relacionadas con violencias sexuales, entre las que también se encuentran las que son «contra las infancias o las ciberviolencias, como la extorsión y el acoso sexual por Internet, estas dos últimas sin legislar». Pero los casos podrían ser muchos más de los que admite el gobierno e incluso de los que las organizaciones independientes pueden rastrear. 

Aunque los observatorios llevan subregistros de las víctimas y se ha presionado al Estado cubano para que ofrezca algunos datos, lo cierto es que «están demasiado manipulados y muestran sólo los que han llegado a juicio por asesinato de mujeres con agravante de género», dice el equipo de MeTooCuba. También se han reportado en los últimos tiempos varias desapariciones de mujeres, algunos casos incluso que han quedado en el olvido por parte de las autoridades.

Aunque se hace imposible de confirmar por la falta de datos públicos, las activistas consideran que podría haber un aumento de incidentes respecto a los años anteriores. «Las víctimas y/o sobrevivientes de violencias sexuales pueden tardar hasta 50 años en denunciar, por el estigma que representa en sociedades machistas y sin legislaciones y protocolos no revictimizantes. Así que esta cifra es, desgraciadamente, mucho mayor», asegura la organización. «Queremos insistir en que aunque los subregistros indican que la mayor parte de los feminicidios en Cuba son perpetrados por parejas y exparejas, hay reportes de feminicidios sociales, transfeminicidios, feminicidios sexuales, obstétricos, vicarios, que no podemos dejar de atender».

El caso Cuba ante la CEDAW

Varias activistas cubanas y organizaciones centradas en derechos humanos han estado participando en los últimos días en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene lugar en Ginebra, donde el caso Cuba se analizará el próximo 18 de octubre. 

Yanelys Nuñez, coordinadora de OGAT, comunicó que se han presentado informes que no solo se refieren a la situación con los feminicidios en el país, sino que también exponen la violencia política a la que son sometidas muchas activistas, periodistas y parte de la sociedad civil; el papel de la FMC y su complicidad con el régimen cubano y otros temas vinculados a la mujer. 

«Es importante estar allí, conversar con la comisión, más que nada porque es una manera de deconstruir el relato del régimen y contar la verdad sobre lo que está pasando en el país desde distintos lugares», dijo en un video publicado por OGAT. «Nos va a permitir ponerle cara a una sociedad civil a la que le es difícil llegar a estas instancias; representar los valores democráticos que defendemos y visibilizar las violaciones de derechos humanos que desde hace 60 años se cometen en Cuba con impunidad e incluso con la complicidad de otros gobiernos del mundo».

¿Cuán desprotegidas están las mujeres cubanas?

El Estado cubano no solo no ha hecho caso cuando las organizaciones le han pedido declarar el estado de emergencia ante las oleadas de violencia machista, sino que también ha mirado hacia otro lado cuando se ha exigido con urgencia una Ley Integral contra la Violencia de Género. Tampoco existe por parte del gobierno una labor educativa o la creación de redes de apoyo en las que las mujeres puedan sentirse protegidas. No pocos han denunciado, además, que la línea telefónica estatal para víctimas de violencia machista apenas funciona. 

«Cuba no tiene refugios para mujeres violentadas. Las ciudades permanecen a oscuras. El número de emergencias para mujeres violentadas no funciona. La policía no responde a las denuncias de mujeres», aseguran desde MeTooCuba, donde creen que más bien el Estado cubano «revictimiza» a las mujeres. «No tipifica los feminicidios, todos prevenibles. La Fiscalía permite que una mujer violentada retire la denuncia formal, no una, sino varias veces hasta que la asesina su feminicida. No protege a las familias víctimas dependientes de las mujeres asesinadas tras el feminicidio de la figura cuidadora. No tiene protocolos para desapariciones de mujeres y de niñas ni alertas tempranas. No tiene ley de identidad trans, se posterga mientras “estudian viabilidad” la educación sexual integral en las escuelas. Se niega el derecho al aborto de niñas, jóvenes y mujeres bajo argumentos violadores de los derechos humanos. Se niega a protegernos con una Ley integral contra las violencias feminicidas. La lista de ausencias y violaciones, del desamparo, es interminable», sostienen. 

Otra de las denuncias que llegan directamente desde las organizaciones tiene que ver con el ataque al activismo feminista cubano. Recientemente un presunto oficial al servicio de la policía política acosó a la activista y periodista Marta María Ramírez por su trabajo, amenazándola con publicar fotos personales. A otras activistas las han presionado para que renuncien a su labor. 

Ante un panorama de vulnerabilidad, tanto para activistas como para víctimas de violencia, las organizaciones independientes (YoSíTeCreo en Cuba, MeTooCuba, Cubalex o Red Femenina de Cuba) han ocupado el papel que debería jugar el Estado y han puesto a disposición de las mujeres recursos para encontrar información, ayuda o protocolos de seguridad en caso de encontrarse en una situación límite.