Cuenta el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto que cuando se enteró tenía la grabadora prendida y frente a él a dos sacerdotes que apenas unos días antes habían sido expulsados de su país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Miranda, reportero del medio independiente Divergentes y ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España (2018), ya conocía en carne propia la tragedia del exilio. Ocurrió en 2018, cuando la dictadura de Managua reprimió violentamente una serie de protestas populares que se prolongó durante varios días de abril y que dejó un saldo de más de 300 muertos y miles de heridos. El destierro, sin embargo, no lo esperaba; menos aún la «desnacionalización».
Los sacerdotes eran parte de un grupo de 222 presos políticos que fueron sacados de la cárcel una madrugada y enviados en avión a Washington como parte de una operación tan secreta como terrible. Ortega y Murillo buscaban deshacerse de figuras importantes críticas con su gobierno. Una vez desterrados, los pasajeros de aquel vuelo serían también privados de su nacionalidad.
Wilfredo Miranda, quien actualmente reside en Costa Rica, recogía sus testimonios cuando una colega le informó, alarmada, que el régimen estaba sumando más personas a la lista de desnacionalizados. Obligado por las circunstancias, interrumpió la entrevista y revisó el documento que recogía los nombres de 94 nuevos «traidores a la patria» que a partir de ese momento dejaban de ser nicaragüenses. En el lugar número 78 de la lista, estaba él.
«Lo que yo sentí al principio fue rabia. Y lo primero que hice fue escribir un artículo, porque lo único que he hecho en mi vida es hacer periodismo. Fue por hacer periodismo que el gobierno no solo me quitó la nacionalidad, sino que confiscó todos mis bienes, congeló mis cuentas bancarias y me declaró prófugo de la justicia. Después de hostigarnos, perseguirnos y obligarnos al exilio, intentó quebrantar nuestra dignidad. Es un régimen perverso que siempre busca la manera de infligir daño. Uno siempre dice “esta línea no la van a pasar”, pero siempre lo hacen. No sabemos hasta dónde pueden llegar y creo que la privación de la nacionalidad es la expresión mayúscula de una represión que viene desde las protestas de 2018», dijo Miranda a El Estornudo.
Al parecer, la élite gobernante en La Habana ha querido mirarse en el espejo de sus aliados en Managua. La privación arbitraria de la ciudadanía es ahora una posibilidad legal en Cuba, luego de que el 19 de julio último fuese aprobada la Ley de Ciudadanía durante el Tercer Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Una nueva Ley de Ciudadanía
Hasta ahora regía en Cuba el Decreto 358 (también llamado «Reglamento de Ciudadanía»), una ley que data de 1944. Durante sus casi 80 años de vigencia, el Decreto 358 recibió muy pocas actualizaciones, siendo la más reciente el Decreto Ley 352 «Sobre la Adquisición de la Ciudadanía Cubana por Nacimiento de los nacidos en el extranjero de padre o madre cubano», de 2017. La longevidad de esas disposiciones justificaba quizá una nueva ley o, al menos, una actualización radical.
El cambio fue propuesto en junio de 2024, con la publicación de un proyecto de Ley de Ciudadanía que fue llevado supuestamente a debate ante el órgano legislativo del país.
Lo aprobado ahora, en todo caso, no solo toma distancia del añejo Decreto 358, sino que otorga al poder ejecutivo la facultad de privarlo de manera discrecional.
Los medios oficialistas cubanos no han insistido en la nueva Ley de Ciudadanía y, más bien, se ha limitado a mencionarla junto con las leyes de Migración y Extranjería, propuestas y aprobadas casi al mismo tiempo que la primera. Su inclusión en este «paquete» normativo se antoja una cortina de humo que sirve para desviar la atención del asunto de la privación de la ciudadanía mientras se pone de relieve, por ejemplo, la posibilidad de mantener propiedades en la isla para los cubanos residentes en el extranjero.
Y en esto último insistía en conferencia de prensa, a finales de junio, el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), vocero designado para presentar estas nuevas legislaciones: «Los proyectos de leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía son la evidencia de la decisión política de reforzar los vínculos con los residentes en el exterior y actualizar la legislación migratoria, atemperada a las características del proceso migratorio cubano y las políticas internacionales […] Debemos evitar las malas interpretaciones en torno a estos proyectos de leyes. Nadie, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, su auto u otra propiedad. No hay una referencia en los proyectos en contra de esto. En ese sentido somos categóricos».
Según el Título V de la nueva Ley de Ciudadanía, la privación de la ciudadanía cubana es una decisión que corresponde al presidente de la República. La norma indica que se aplica cuando la ciudadanía se adquiere mediante fraude, así como en aquellos casos en que los ciudadanos cubanos por naturalización, encontrándose en el extranjero, no ratifiquen cada tres años su voluntad de mantenerla ante los consulados correspondientes. Además, se puede renunciar a ella siempre y cuando la persona cumpla con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener otra ciudadanía, encontrarse en el extranjero, no poseer deudas con el Estado cubano o sus instituciones y no estar cumpliendo alguna sentencia penal ni ser perseguido por un delito en territorio nacional o en cualquier otro país.
Sin embargo, existen otras maneras de perder la ciudadanía cubana.
La privación discrecional de la ciudadanía cubana
De acuerdo al Artículo 55.1, perderán la ciudadanía cubana aquellos que se alisten en una organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o que realicen desde el extranjero «actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba». Se trata de una causa tipificada en varios delitos dentro del Código Penal vigente, específicamente en su Título I (Delitos contra la seguridad del Estado).
De acuerdo a la Ley, quien incurra en lo anterior podrá ser privado de su ciudadanía por orden del presidente, siempre y cuando la persona sancionada tenga otra ciudadanía o no resida de forma efectiva en la isla. Al ser el mandatario la autoridad encargada de interpretar y aplicar la norma, será él —con el apoyo del MININT— quien acomode a sus intereses el significado de las causales anteriores y decida quiénes incurren en ellas. Es decir: aquellos cubanos que viven fuera de Cuba, ya sea como residentes o nacionales de otro país, y sean considerados por el MININT y el presidente como peligrosos para el Estado, están en grave peligro de perder la ciudadanía cubana. Pero no solo ellos.
De acuerdo al Artículo 55.3 de esta Ley, si alguien ocasiona «un grave perjuicio al país [Cuba] en lo relacionado con la seguridad nacional, pone en peligro la estabilidad del Estado, las relaciones internacionales o la salud general de la población», el presidente está facultado para no someter a los requisitos planteados por la norma la decisión de privarlo de la ciudadanía por Decreto Presidencial. Es decir, Miguel Díaz-Canel también pudiera retirarle la ciudadanía a personas que residan de manera efectiva en el país o no posean otra ciudadanía, lo que significa que dichos individuos podrían quedar en condición de apátridas.
Técnicamente, el presidente puede desatender los requisitos explicitados en la norma para privar a alguien de su ciudadanía cubana, pero no las causas. Sin embargo, es conocida la práctica del régimen cubano de levantar falsas acusaciones, incluida la de pertenecer a supuestos grupos terroristas, contra activistas y opositores. Dichas acusaciones, además, han llegado a trascender la propaganda oficialista hasta tomar forma legal. Quizás el ejemplo más reciente sea la publicación en la Gaceta Oficial No.83 Extraordinaria del 7 de diciembre de 2023 de un listado elaborado por el MININT donde se le imputan a 61 personas —varias de ellas influencers, como Ultrack, Paparazzi Cubano y Álex Otaola— cargos por «promover la agresión armada contra Cuba» y participar en la «promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos terroristas».
El ejemplo de Nicaragua
Tras ser privado de su nacionalidad, Wilfredo Miranda pasó cerca de cinco meses bajo la condición de apátrida. De acuerdo con la Agencia para Refugiado de las Naciones Unidas (UNHCR, por sus siglas en inglés), millones de personas en el mundo viven bajo esta condición que, a menudo, impacta de forma grave y permanente a los afectados. A los apátridas se les priva a menudo del acceso a la educación, la atención médica, el matrimonio, oportunidades laborales, y en ocasiones se les niega la dignidad de recibir un entierro oficial y hasta la emisión de un certificado de defunción.
«Aquellos cinco meses de apatridia me trajeron un montón de trabas logísticas: perdí mis cuentas en Nicaragua, mi pasaporte perdió validez, en Costa Rica quise homologar mi licencia de conducir y cuando buscaron en los registros no había información sobre mí. El régimen no solo anuló nuestra ciudadanía, sino que borró todo nuestro registro en el país. Ni siquiera tengo una partida de nacimiento en Nicaragua. Es una muerte civil la que nos quieren imponer, una muy violenta. Stalin borraba a sus adversarios de la foto; estos nos borraron hasta del registro civil», dice Miranda, quien agradece al Estado español por haberles ofrecido una nueva ciudadanía a él y a varios de sus compañeros desnacionalizados.
La dictadura nicaragüense intentó disfrazar legalmente su jugada para deshacerse de los presos políticos y de otras personalidades incómodas. A Daniel Ortega y Rosario Murillo no les costó mucho promover una sentencia judicial según la cual se retiraba la nacionalidad nicaragüense a aquellos que habían «lesionado los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional». Además, impulsaron la aprobación de la Ley 1190, que reformó el artículo 21 de la Constitución y declaró que los «traidores a la patria» deben perder la calidad de «nacional nicaragüense». Aunque la ley se publicó en la Gaceta (Diario Oficial de Nicaragua) en enero de 2024, comenzó a aplicarse desde febrero de 2023, casi inmediatamente después del destierro de los 222 presos políticos. Además de privar de la ciudadanía a estos individuos, el gobierno se arrogó el derecho de confiscar todas sus propiedades.
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«El régimen cubano está haciendo algo muy parecido a lo que sucedió en Nicaragua, donde hubo un tribunal que dictó una sentencia que privó de la ciudadanía a un grupo de personas. Esto, por supuesto, no hace más justa la medida. Sin embargo, en el caso de Cuba, la Ley de Ciudadanía prevé un procedimiento administrativo, no la vía judicial. La decisión aquí la toman las autoridades de poder ejecutivo, y esa es una violación de debido proceso, pues todos tenemos derecho a que cualquier decisión que tenga que ver con nuestros derechos pueda ser llevada ante un tribunal», explicó en conversación con El Estornudo Laritza Diversent, directora de la organización de derechos humanos Cubalex.
De acuerdo a la jurista cubana, algunas naciones —incluidas democracias occidentales— contienen en sus leyes procedimientos para la pérdida de la ciudadanía: porque no se reconoce la doble ciudadanía y una persona adquirió otra voluntariamente, o porque las normas establecen esta medida para aquellos que brindan determinados servicios a un Estado extranjero en conflicto con el Estado en cuestión. No obstante, en esos casos, las leyes suelen ser claras, precisas; de manera que no están sujetas a la interpretación discrecional de las autoridades judiciales.
«La ciudadanía implica una relación jurídica entre un Estado y un individuo, y de esa relación surgen ciertos derechos, como el derecho al voto. En términos de derechos humanos implica también la nacionalidad, el derecho a tener un lugar de origen, que está ligado a cuestiones como la idiosincrasia. Por tanto, privar arbitrariamente a alguien de la ciudadanía es una violación al derecho humano de tener lo que se conoce como una personalidad. La nueva Ley de Ciudadanía cubana lo hace, y por eso entra en conflicto con normas del derecho internacional», afirmó la directora de Cubalex, quien razonó a continuación: «La línea de fines de lo que se entiende como perjuicio a la seguridad nacional o a la estabilidad del Estado en el caso cubano puede llevar a interpretaciones arbitrarias que quedan en manos de las autoridades. En Cuba es la misma persona que aplica la ley la única que decide cuándo se incurre en las causales, donde hay conceptos de interpretaciones demasiado amplios. ¿Quién dice si un acto es hostil o no? En Cuba, por ejemplo, las labores de las organizaciones de derechos humanos son consideradas por el Estado como hostiles y al servicio de gobiernos extranjeros. Por tanto, estos conceptos sin definir facilitan interpretaciones discrecionales de parte de las autoridades, lo que les permite privar a una persona de la ciudadanía por motivos políticos».
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Desde Costa Rica, Wilfredo Miranda continúa informando sobre la realidad de su país para Divergentes y otros medios, a pesar de que no puede entrar en territorio nicaragüense y ni siquiera cuenta con documentos que acrediten su pertenencia a ese lugar.
«Ha sido muy difícil», dice. «Teníamos periodistas dentro, que eran nuestro pie en tierra en Nicaragua, pero ellos también tuvieron que salir porque el gobierno comenzó a perseguirlos, y ya no nos queda nadie. Eso nos impone una serie de retos para no perder el pulso y el contacto con la población. Pero el régimen ya no solo arremete contra los opositores, sino también contra sus familiares. Por esa razón se ha generado una autocensura brutal; de manera que hasta las fuentes especializadas que están en el exilio y colaboraban con la prensa independiente ya no nos hablan. No hay un manual para trabajar en estas condiciones. La única solución es insistir y ser creativos».
Sobre cómo siente hoy, asegura: «Yo me sigo sintiendo absolutamente nicaragüense. Que un juez, en mi ausencia, me haya condenado a perder mi nacionalidad no me quita que soy nicaragüense. Creo que en eso el régimen ha fracasado. Si creyeron que pasado el tiempo no me iba a sentir de mi país, se equivocaron».
