MADRID, España.- El Centro de Asesoría Legal Cubalex denunció que varias prisiones en Cuba enfrentan un incremento en la circulación de drogas altamente peligrosas, entre ellas “el químico”, en un contexto marcado por corrupción, complicidad de funcionarios y falta de supervisión estatal. El informe, publicado el 25 de noviembre de 2025, recoge testimonios de excarcelados, activistas y familiares que describen un escenario donde las sustancias entran a los penales con la participación directa de agentes del orden.
La prisión 1580, conocida como “El Pitirre”, en San Miguel del Padrón, figura entre los establecimientos señalados. De acuerdo con Cubalex, allí las drogas circulan entre reclusos y custodios en un entorno de violencia, desnutrición y malos tratos.
La organización recuerda las declaraciones ofrecidas a CubaNet por el excarcelado Ohauris Rondón Rivero, quien aseguró que policías introducían sustancias y las entregaban a determinados reclusos para su distribución. También denunció corrupción en la gestión de víveres y medicinas, así como un clima generalizado de abusos dentro del penal.
Cubalex también recogió denuncias sobre el Combinado del Este, donde diversos testimonios describen el funcionamiento de redes internas de narcotráfico. El activista Marcel Valdés afirmó que guardias del penal distribuían “el químico” o “papelito”, señalando que la misma sustancia que circula en las calles está ahora dentro de las cárceles.
En una publicación en X, el activista Marcel Valdés afirmó: “Tráfico de drogas en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este. Me confirman que los guardias están distribuyendo la droga llamada Químico o Papelito. Esa misma sustancia está destruyendo a la población cubana en las calles, ahora está dentro de las cárceles castrista siendo distribuida por el mismo régimen. El mundo tiene que saber que no solo Maduro es un narco dictador, el castrismo históricamente ha estado involucrado en tráfico de sustancias y hoy día son los causantes de provocar que un gran número de la población cubana sea adicta a esa sustancia tan peligrosa llamada químico que provoca los mismos efectos y la misma adicción que el fentanilo”.
Publicaciones en redes sociales incorporadas al informe refieren además que un recluso, presuntamente protegido por oficiales, dirige desde el interior un mercado ilícito de drogas, armas y otros bienes.
Otro centro cuestionado es el campamento Ho Chi Minh, en Jaruco, Mayabeque. Aunque las autoridades justifican restricciones —incluida la prohibición de acceso a libros— como una medida para impedir la entrada de sustancias prohibidas, las denuncias apuntan a que “el químico” continúa circulando dentro del penal.
En la prisión de Aguacate, en Quivicán, también en Mayabeque, Cubalex documentó señalamientos contra funcionarios encargados de la reeducación. Según las denuncias, una trabajadora identificada como “Sindy” introduciría pastillas y otras drogas, además de apropiarse de alimentos destinados a los internos. Su esposo, jefe de reducción, estaría implicado en el cobro irregular de permisos, llamadas y otros beneficios.
La prisión Ivanov, en El Cotorro, aparece igualmente en el informe. El preso político Walfrido Rodríguez Piloto denunció que policías llevan drogas al penal y que estas son revendidas por carceleros, en un clima donde los mandos conocerían la situación pero no actúan, ya sea por miedo o complicidad.
Cubalex advierte además sobre la situación en la prisión “Cuba Sí”, en Holguín, donde se reporta un consumo extendido de drogas, negligencia en la atención médica y muertes por sobredosis. Las denuncias señalan la participación de médicos, guardias y oficiales de alto rango en el desvío de medicamentos y en el deterioro general de las condiciones de vida, descritas por las fuentes como inhumanas. Al menos seis reclusos habrían fallecido en 2024 en ese centro.
El informe identifica un patrón común en todos los casos: introducción y distribución de drogas por parte de guardias y funcionarios, redes internas de tráfico que operan con protección de mandos, extorsión a reclusos mediante la venta ilegal de beneficios, negligencia médica, violencia institucional y un aumento de muertes asociadas al consumo dentro de los penales.
Cubalex subraya que el Estado cubano, como custodio de las personas privadas de libertad, tiene la responsabilidad de garantizar su vida e integridad física, y alerta que la presencia de drogas dentro de cárceles constituye una violación grave de derechos humanos. La organización pidió investigar las denuncias y sancionar a los responsables, además de asegurar condiciones dignas y supervisadas para la población penal. También habilitó canales seguros para que familiares y reclusos continúen reportando estos hechos con garantía de confidencialidad y acompañamiento legal.
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