LA HABANA, Cuba. – El preso político manifestante del 11J Harlen Oropesa Carrero denunció en conversación telefónica con CubaNet que el oficial de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del campamento La Lima, identificado como “mayor Yasmani”, ha emprendido una campaña de acoso contra él.
De acuerdo con su testimonio, el pasado 28 de noviembre el mencionado oficial le retiró el pase (permiso de salida temporal) alegando que el manifestante estaba “borracho”.
Según agregó, el 19 de diciembre el mayor volvió a acusarlo de estar borracho, a pesar de que tanto el oficial de guardia como el jefe de unidad, otro mayor de apellido Revilla, afirmaban lo contrario, pues no le sentían aliento etílico ni mostraba descoordinación motora u otros signos de embriaguez.
Tomando como pretexto esa acusación, según Oropesa, el uniformado le rompió la tarjeta de salida, sin la cual el prisionero político no puede abandonar el campamento para ir a trabajar. Por otra parte, detalló, recibir una nueva tarjeta resulta “difícil” en el campamento de La Lima.
El preso político considera que detrás del acoso en su contra los militares podrían estar buscando una justificación para revocarle la progresión a régimen de mínima severidad, un beneficio que, de hecho, le fue concedido con retraso.
Además, apuntó, en julio pasado le correspondía la progresión a libertad condicional, la cual le fue denegada. Lo mismo ocurrió el 6 de diciembre, en esta ocasión a causa de las acusaciones del oficial del DTI.
Oropesa también denunció que su caso “no es el primero”, pues “el mayor Yasmani acostumbra acosar a los manifestantes del 11J”.
Harlen Oropesa Carrero, de 41 años, es residente del reparto Luyanó Moderno, en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. Es graduado de Educación Primaria de la Escuela Pedagógica “Presidente Salvador Allende”.
El 11 de julio del 2021 fue arrestado en la Calzada de Güines mientras participaba en las protestas pacíficas que tuvieron lugar ese día. Inicialmente fue conducido a la prisión de máximo rigor Ivanov, ubicada en el municipio Cotorro, donde, al llegar, lo hicieron pasar por entre dos hileras de soldados que golpeaban a los manifestantes apresados. Posteriormente fue trasladado hacia el centro penitenciario de máximo rigor Valle Grande, en La Lisa, y más tarde hacia la cárcel El Pitirre, conocida como “La 15-80”, también de máximo rigor, ubicada en San Miguel del Padrón.
Como represalia por tomar parte en las protestas fue condenado a nueve años de privación de libertad por los delitos de “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” e “instigación a delinquir”, en un juicio efectuado los días 1 y 2 de agosto de 2021 en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre.
En La Lima, y hasta el momento del incidente narrado, Oropesa se dedicaba a la recogida de desechos sólidos, el trabajo que le fue asignado.
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