MIAMI, Estados Unidos. – La represión estatal en Venezuela se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, con un patrón de detenciones arbitrarias —masivas y selectivas—, torturas, malos tratos y violencia sexual en centros de detención, además de procesos penales sin garantías y el uso de figuras como “terrorismo” e “incitación al odio” para castigar la disidencia, según los hallazgos más recientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH/OHCHR), presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En su actualización sobre el periodo posterior al 28J, la Misión de la ONU sostuvo que la persecución política incluyó también a niños y adolescentes: el mecanismo documentó que al menos 220 menores (de 13 a 17 años) fueron detenidos en ese contexto y que, durante su reclusión, se registraron episodios de incomunicación, tratos crueles, actos de violencia sexual y violaciones al debido proceso, sin consideración por su edad ni su interés superior.
El diagnóstico de la Misión no describe hechos aislados, sino una lógica de represión. En su informe más reciente, divulgado el pasado 11 de diciembre, el equipo señaló a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como un actor clave en la ejecución de violaciones sistemáticas. El reporte recoge detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante arrestos, siembra de pruebas, además de tortura, malos tratos y violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB usadas como centros temporales de detención.
La jefa de la Misión, Marta Valiñas, afirmó: “La tortura, los malos tratos y los actos de violencia sexual que hemos verificado —incluidas agresiones y violación— no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y quebrar a las víctimas”.
La lectura de Naciones Unidas conecta ese patrón con el momento postelectoral. En septiembre pasado, al presentar otro informe ante el Consejo, la Misión advirtió que la represión tras los comicios se expresó mediante la detención de opositores y de personas percibidas como tales, y reportó que en ese ciclo se cometieron actos graves que incluyeron tortura sexual y otros malos tratos, además de privaciones de libertad sin garantías.
La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, ha descrito el mismo periodo como un deterioro sostenido del espacio cívico. En un pronunciamiento del 2 de agosto de 2024 —apenas días después de las elecciones— el ACNUDH alertó sobre detenciones arbitrarias en curso y el uso desproporcionado de la fuerza, y cuestionó que muchas personas estuvieran siendo acusadas o imputadas por “incitación al odio” o mediante legislación antiterrorista, advirtiendo que el derecho penal no debe utilizarse para restringir indebidamente libertades fundamentales.
Este mismo mes, Volker Türk llevó esa preocupación un paso más allá al afirmar ante el Consejo que la situación “no ha mejorado” y que le resultaban “impactantes” los testimonios sobre autoridades alentando denuncias entre ciudadanos mediante una aplicación móvil patrocinada por el Estado, una práctica que, dijo, “alimenta el miedo, la desconfianza y la autocensura”. En la misma intervención mencionó el impacto sobre la sociedad civil y los periodistas, en un clima de restricciones y detenciones arbitrarias.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron el punto de quiebre inmediato del ciclo de represión que hoy documentan los mecanismos de la ONU. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro ganador con un resultado cercano al 52%, pero el anuncio quedó envuelto en controversia por la falta de desglose público y verificable por centros de votación en el momento más crítico.
La oposición, encabezada políticamente por María Corina Machado y con Edmundo González como candidato, hizo públicas actas y registros que demuestran lo contrario.
Incluso el Centro Carter de Estados Unidos indicó que el proceso “no cumplió” estándares internacionales de integridad electoral y dijo que no podía verificar ni corroborar los resultados declarados por el CNE, cuestionando especialmente la ausencia de datos desagregados por mesa o centro.
En paralelo, el ACNUDH advirtió semanas después que la crisis poselectoral estaba alimentada por detenciones arbitrarias y el uso de tipos penales como “incitación al odio” o legislación antiterrorista contra personas detenidas, en un contexto donde la ONU insiste en que el derecho penal no debe emplearse para recortar indebidamente libertades básicas como la expresión, la asociación y la protesta pacífica.
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