LIMA, Perú — Una consulta a actores de la sociedad civil independiente cubana sobre escenarios de transición democrática y la presentación del Acuerdo de Liberación centraron un evento celebrado en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde activistas y expertos debatieron propuestas para una eventual transformación política en la Isla.
La cita reunió a representantes de organizaciones democráticas, activistas y figuras del exilio cubano, entre ellos la activista y líder de Ciudadanía y Libertad, Carolina Barrero, así como el abogado y empresario panameño Enrique de Obarrio, presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), quien expresó su respaldo a los esfuerzos encaminados a promover una transición democrática en Cuba.
Durante la apertura del encuentro, Lilian Luceana, oficial de programas de la organización Consorcio Justicia, destacó que el objetivo principal era trasladar las demandas de la sociedad civil cubana a espacios internacionales de debate.
“La sociedad civil independiente, fuera y dentro de la Isla, se está articulando en torno a una idea común: el futuro de Cuba debe escribirse con la voz de los cubanos”, señaló. “Este encuentro tiene un propósito claro: amplificar esa voz, situar sus propuestas en el contexto actual y tender un puente entre la sociedad civil cubana, la comunidad internacional y las nuevas generaciones de líderes democráticos de América Latina y el Caribe”.
Diagnóstico y propuestas para una Cuba democrática
El estudio, titulado Consulta a la sociedad civil independiente sobre sus propuestas y análisis ante una transición democrática en Cuba. Período marzo-mayo 2026, recoge opiniones y propuestas de activistas, organizaciones y líderes vinculados al movimiento democrático cubano dentro y fuera del país.
La investigación fue presentada por la politóloga argentina Micaela Hierro Dori, presidenta de Cultura Democrática, quien destacó la importancia de diseñar estrategias concretas para afrontar un eventual cambio político en Cuba.
“La transición cubana no se improvisará: la definirá quien llegue preparado”, afirmó durante la presentación. “Veo muchos actores que felizmente se están preparando para eso”.
Según el informe, los participantes coinciden en objetivos esenciales como la liberación de los presos políticos, la restauración del Estado de derecho, la celebración de elecciones libres con observación internacional y la necesidad de garantizar una transición pacífica que permita la reconciliación nacional.
El documento también señala que la diversidad de organizaciones opositoras no debe interpretarse como una debilidad, sino como una expresión natural del pluralismo político que debería caracterizar a una futura democracia cubana.
Entre las principales recomendaciones figuran fortalecer los espacios de coordinación entre actores democráticos, impulsar programas de educación cívica, desarrollar propuestas de gobierno y preparar mecanismos de justicia transicional que permitan atender las violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas.
Asimismo, plantea la necesidad de establecer planes para la reforma de las instituciones estatales, incluida la profesionalización de los cuerpos de seguridad bajo supervisión civil y el fortalecimiento de un sistema judicial independiente.
El informe también destaca la importancia de la diáspora cubana como actor estratégico en un futuro proceso de transformación política y económica, así como la conveniencia de crear mecanismos permanentes de consulta con ciudadanos residentes en la Isla.
La Cuba de hoy y el Acuerdo de Liberación
Durante el evento intervino también Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien cuestionó las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen cubano y defendió la necesidad de una transición democrática integral en la Isla.
El activista sostuvo que las más de 170 disposiciones anunciadas recientemente por las autoridades castristas no abordan los problemas estructurales del país ni ofrecen garantías que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos o atraer inversiones.
“Llevamos décadas con el ahora sí”, afirmó Cires. “Pueden anunciar ochenta o doscientas medidas, pero tienen un problema de credibilidad”.
Según explicó, ninguna de las iniciativas contempla reformas políticas ni cambios en el sistema judicial que permitan ofrecer seguridad jurídica a inversionistas nacionales o extranjeros.
“No hay ni una medida de esas que vaya encaminada a garantizar seguridad jurídica”, señaló. “¿A qué empresario en sus sanos juicios se le va a ocurrir invertir en un país donde no hay tribunales independientes, donde te pueden expropiar y no tengas un órgano judicial que pueda dictaminar en base a justicia?”.
Cires argumentó que la reacción popular tras los anuncios demuestra el creciente descontento social en la Isla y aseguró que las protestas se han mantenido mientras se agrava el deterioro económico.
“Las cazuelas siguen vacías”, dijo al referirse a la situación de las familias cubanas. “En la medida en que hablan y proponen algo, se empobrece más la gente”.
Durante su exposición, el representante del OCDH citó datos de estudios elaborados por esa organización para ilustrar la magnitud de la crisis. Según indicó, el 89% de la población cubana vive en condiciones de pobreza extrema y solo una pequeña parte de los ciudadanos logra obtener medicamentos en las farmacias estatales.
Asimismo, denunció que la dictadura ha priorizado inversiones hoteleras mientras se deterioran los servicios públicos y las infraestructuras básicas.
“Durante la pandemia, en Cuba se construyeron hoteles de lujo. ¿Cuántos hospitales se hicieron? Ninguno”, afirmó.
El activista también alertó sobre la situación de los derechos humanos en el país. Según sus datos, cada día se registran múltiples acciones represivas contra ciudadanos que ejercen derechos básicos, mientras cientos permanecen encarcelados.
“Cada 24 horas se cometen al menos ocho acciones represivas en Cuba”, aseguró. “Hay más de 800 presos políticos en las cárceles, entre ellos mujeres, adultos mayores y menores de edad”.
En ese contexto, Cires presentó el denominado Acuerdo de Liberación como una de las propuestas impulsadas por sectores de la oposición y del exilio para articular una eventual transición democrática.
Explicó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto entre la Asamblea de la Resistencia Cubana y la plataforma Pasos de Cambio, con el respaldo de líderes opositores como Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez y José Daniel Ferrer.
“Es un esfuerzo de concertación. Es lo que nos pide la gente. La gente nos pide unidad”, afirmó.
Según detalló, el acuerdo contempla cuatro etapas: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización. La fase inicial incluiría ayuda humanitaria de emergencia para enfrentar la pobreza extrema y el deterioro de los servicios básicos.
“Vamos a recibir un país destrozado y habrá que garantizar desde el minuto número uno que corra agua por las tuberías, electricidad por los cables y que haya justicia”, señaló.
El dirigente del OCDH sostuvo que la propuesta tiene como pilares la reunificación nacional, la prosperidad económica, la subordinación de los militares al poder civil y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas.
“Este acuerdo no es reformista”, afirmó. “Es para un cambio de sistema y un cambio de régimen”.
Al concluir su intervención, Cires insistió en que la oposición cubana ha apostado históricamente por una salida pacífica y democrática a la crisis nacional, y responsabilizó al régimen por el deterioro económico y social que atraviesa el país.
“La oposición cubana desde hace décadas ha optado por la lucha pacífica”, dijo. “La situación en la que está Cuba hoy ha sido a donde el régimen cubano ha conducido al pueblo por la represión, los abusos y el empobrecimiento creciente”.
Ferrer: “Cuba no puede quedar paralizada”
Por su parte, el líder opositor José Daniel Ferrer sostuvo que una eventual transición democrática en Cuba debe combinar la recuperación de las libertades políticas con medidas urgentes para enfrentar la crisis humanitaria y evitar el colapso de los servicios básicos.
Según explicó en su intervención, el proceso debería comenzar con la excarcelación de todos los presos políticos y el restablecimiento de derechos fundamentales como la libertad de prensa, asociación y participación política.
“La fórmula consiste en liberar, proteger, depurar, reconstruir y elegir”, resumió el opositor, quien también defendió la legalización de sindicatos independientes, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Ferrer argumentó que la transición no puede limitarse a un cambio institucional, sino que debe responder a las necesidades inmediatas de la población. En ese sentido, planteó garantizar el acceso a alimentos, medicinas, electricidad, agua potable y transporte, al tiempo que alertó sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y el aumento de la pobreza en la Isla.
El líder de la UNPACU defendió una ruptura total con el modelo político vigente y afirmó que el monopolio ejercido por el Partido Comunista debe desaparecer para permitir la construcción de un sistema pluralista.
“Debe desaparecer el monopolio político que subordina el Estado y la sociedad al Partido Comunista. Ninguna organización podría situarse otra vez por encima de la ley, la ciudadanía o la República”, afirmó.
No obstante, insistió en que la transformación debe preservar la continuidad de las instituciones esenciales. Hospitales, puertos, aeropuertos, sistemas de agua, bancos y escuelas tendrían que seguir funcionando para evitar una crisis mayor durante el período de transición. “Cuba no puede quedar paralizada”, subrayó.
Otro de los ejes de su propuesta fue la creación de mecanismos de justicia transicional. Ferrer rechazó cualquier política de represalias, pero defendió que los responsables de violaciones graves de derechos humanos enfrenten procesos judiciales.
“No deben existir venganzas ni linchamientos, pero quienes ordenaron o cometieron asesinatos, torturas, desapariciones o encarcelamientos políticos deberán responder ante tribunales independientes”, señaló.
Asimismo, propuso la disolución de la Seguridad del Estado, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y la creación de una comisión encargada de investigar abusos y depurar responsabilidades individuales dentro de las instituciones represivas.
Ferrer también defendió la participación plena de los cubanos residentes en el exterior en un futuro proceso político. “Los cubanos del exterior no son extranjeros”, afirmó al reclamar que puedan votar, invertir y participar en la reconstrucción nacional.
Según su propuesta, la transición debería extenderse entre 18 y 24 meses y culminar con elecciones generales, precedidas por reformas legales que garanticen el funcionamiento de partidos políticos, sindicatos independientes, medios de comunicación libres y observación internacional.
“La transición no podrá perpetuarse. Su razón de ser será preparar y entregar el poder a autoridades legítimamente electas”, sostuvo.
Al concluir, Ferrer afirmó que el objetivo final es construir una república democrática basada en la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la soberanía popular.
“Tendremos entonces una verdadera república y no una finca, un cuartel o una cárcel como actualmente tenemos”, declaró.
