MIAMI, Estados Unidos ― La Mesa del Congreso de los Diputados de España admitió una proposición del Partido Popular (PP) que reclama al Gobierno español respaldar el “Acuerdo de Liberación”, exigir la excarcelación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y promover una transición pacífica hacia la democracia en la Isla.
La iniciativa fue presentada el 29 de mayo, calificada el 2 de junio y publicada este día 9 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El texto deberá ser debatido y votado en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El procedimiento parlamentario se encuentra, por tanto, en una fase inicial. La admisión a trámite permite que la propuesta continúe su curso, pero no equivale a su aprobación ni constituye todavía un respaldo institucional del Congreso al Acuerdo de Liberación.
La opositora cubana Rosa María Payá celebró este miércoles la publicación de la iniciativa: “Gracias al Congreso de los Diputados por su respaldo (…) al Acuerdo de Liberación que nos une tras la hoja de ruta para la transición democrática en Cuba”, escribió en X.
La proposición pide al Gobierno condenar la existencia de presos políticos y de conciencia en Cuba, así como la represión contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de opositores, artistas, estudiantes, religiosos y otros ciudadanos.
También reclama exigir al régimen cubano la liberación inmediata, incondicional y con plenitud de derechos de todos los encarcelados por razones políticas. El texto rechaza que las excarcelaciones sometidas a arresto domiciliario, vigilancia, destierro forzoso o restricciones posteriores de las libertades civiles y políticas puedan considerarse liberaciones plenas.
Uno de los ocho puntos de la iniciativa plantea “respaldar expresamente el Acuerdo de Liberación (…) como una referencia para articular una salida democrática, pacífica y ordenada a la dictadura”.
El PP solicita además que España elabore, en coordinación con organizaciones internacionales de derechos humanos, una relación de los presos políticos que tengan nacionalidad española o necesiten asistencia consular, médica o humanitaria urgente.
La propuesta insta igualmente al Gobierno a encabezar, junto con otros países y actores democráticos, una estrategia diplomática destinada a favorecer una transición inmediata, pacífica y ordenada en Cuba. Esa transición debería conducir a elecciones libres, justas y multipartidarias, restablecer el pluralismo político y la separación de poderes, garantizar la libertad de prensa y liberar a todos los presos políticos.
Otro apartado reclama aumentar el apoyo político, diplomático y material a las fuerzas democráticas cubanas, los defensores de derechos humanos, los familiares de prisioneros políticos, los medios independientes y las organizaciones que documentan la represión.
El texto pide asimismo garantizar que los fondos de la cooperación española no contribuyan, directa o indirectamente, al sostenimiento de estructuras represivas del régimen cubano.
La iniciativa propone denunciar ante Naciones Unidas, la Unión Europea y las cumbres iberoamericanas la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Cuba. También reclama convertir la defensa de la democracia, los derechos humanos, los presos políticos y el Estado de derecho en un principio rector de la política exterior española hacia Iberoamérica.
En su exposición de motivos, el PP responsabiliza al sistema político cubano del empobrecimiento generalizado, los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios sanitarios, la ausencia de libertades y la represión contra quienes reclaman cambios pacíficos.
El documento también acusa al Gobierno español de mantener una política indulgente hacia los regímenes autoritarios iberoamericanos y sostiene que España, por sus vínculos históricos, sociales y culturales con Cuba, no debe adoptar una posición equidistante ante las violaciones de derechos humanos en la Isla.
Como sustento de su propuesta, el grupo parlamentario cita el informe correspondiente a abril de Prisoners Defenders, que elevó a 1.260 la cifra de prisioneros políticos en Cuba, el mayor registro documentado hasta ese momento por la organización. El reporte incorporó 23 nuevos casos y retiró 13 de su listado, para un aumento neto de diez respecto al mes anterior.
El Gobierno cubano niega que existan presos políticos en el país y sostiene que las personas encarceladas tras protestas antigubernamentales han sido sancionadas por delitos comunes. Organizaciones independientes cuestionan esa posición y documentan condenas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, la participación en manifestaciones y el activismo político.
El “Acuerdo de Liberación” fue proclamado el 2 de marzo por las coaliciones Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio, integradas por organizaciones opositoras y de la sociedad civil radicadas dentro y fuera de la Isla.
La declaración propone coordinar esfuerzos para poner fin al sistema comunista, devolver a los civiles el control de los asuntos del Estado y desarrollar una transición dividida en cuatro etapas: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización.
El plan contempla un Gobierno provisional durante un período limitado, la atención de la emergencia humanitaria, el restablecimiento de las libertades de expresión, prensa, asociación y religión, y la convocatoria posterior de elecciones generales libres y multipartidarias.
También propone desmantelar las estructuras del Partido Comunista de Cuba y sus mecanismos represivos, desmilitarizar la vida política, impulsar la reunificación de los cubanos de la Isla y el exilio, y crear comisiones sobre seguridad, economía, salud, educación, justicia, reforma constitucional y asistencia humanitaria.
La proposición parlamentaria fue suscrita por 12 diputados del PP, entre ellos Belén Hoyo y Cayetana Álvarez de Toledo, y por la portavoz del grupo, Ester Muñoz. Su eventual aprobación dependerá ahora de la composición y del voto de la Comisión de Asuntos Exteriores.
