MIAMI, Estados Unidos ― El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que Washington hará “todo lo posible” para llevar a Raúl Castro a territorio estadounidense y juzgarlo en Miami por la acusación federal relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó cuatro muertos.
“Para el señor Castro, como para cualquiera que sea acusado fuera de este país ―algo que hacemos todo el tiempo―, el objetivo de la acusación no es solo ponerla en papel. Es traer a la persona acusada a este país, ante un tribunal, y hacer que enfrente la justicia”, dijo Blanche al canal Fox News.
El funcionario sostuvo que, en términos generales, el mecanismo habitual para lograr la comparecencia de acusados fuera de Estados Unidos es la extradición y la cooperación con otros gobiernos. “Maduro es un ejemplo extremo (…). Pero la forma en que normalmente lo hacemos es la extradición. Es trabajar con nuestros socios internacionales”, señaló.
Blanche insistió en que la acusación contra Castro no es un gesto simbólico o un show mediático. “No hicimos esto para un show. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí para que enfrente cargos. Fue acusado nuevamente por un gran jurado en Miami. Y ahí es donde debería ser juzgado. Vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”, afirmó.
El Departamento de Justicia desclasificó el 20 de mayo una acusación, presentada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, contra Raúl Castro Ruz y otros cinco cubanos por su presunto papel en el derribo de dos aeronaves civiles operadas por Hermanos al Rescate.
AG Blanche: We really need Castro here to face charges and we will do everything we can to get him here. pic.twitter.com/N51tl8nwEc
— Acyn (@Acyn) May 28, 2026
Además de Castro, la acusación incluye a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Los cargos son conspiración para matar a nacionales estadounidenses, dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Blanche ya había defendido la semana pasada que el objetivo del proceso era lograr que Castro compareciera ante una corte estadounidense. En una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad de Miami, dijo que existía una orden de arresto contra el exgobernante cubano y que esperaba que se presentara “por voluntad propia o de otra manera”.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando tres avionetas de Hermanos al Rescate salieron del aeropuerto de Opa-locka, en el sur de Florida, en una misión sobre el estrecho de Florida. Dos Cessna desarmadas, identificadas con las matrículas N2456S y N5485S, fueron derribadas por aviones militares cubanos. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, descritos por el Departamento de Justicia como cuatro nacionales estadounidenses, tres de ellos ciudadanos de Estados Unidos.
La acusación sostiene que los cazas cubanos actuaron bajo una cadena de mando supervisada por Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). También alega que, desde inicios de la década de 1990, agentes de inteligencia cubanos infiltraron Hermanos al Rescate en Miami y enviaron al Gobierno cubano información sobre sus vuelos, utilizada luego por mandos militares para planificar la operación.
Según el Departamento de Justicia, los acusados podrían enfrentar pena de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables de los cargos de asesinato y conspiración para matar a nacionales estadounidenses. Castro y Pérez-Pérez también enfrentan hasta cinco años de prisión por cada cargo de destrucción de aeronave.
El Gobierno cubano rechazó la acusación desde el mismo día de su anuncio y la calificó como una “canalla acusación” contra Raúl Castro. En una declaración oficial, La Habana sostuvo que Estados Unidos “carece de legitimidad y jurisdicción” para presentar el caso y afirmó que el derribo fue una acción de “legítima defensa” ante violaciones previas del espacio aéreo cubano.
La versión cubana ha sido cuestionada por Washington y por organismos internacionales desde 1996. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la Resolución 1067, respaldó las conclusiones de la Organización de Aviación Civil Internacional y señaló que el derribo ilegal de las dos aeronaves civiles por la Fuerza Aérea cubana violó el principio que prohíbe el uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo.
