MIAMI, Estados Unidos ― El secretario de Estado de Estados Unidos, el cubanoamericano Marco Rubio, volvió a calificar este miércoles a Cuba como un “Estado fallido” y una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, al tiempo que aseguró que Washington mantiene conversaciones con La Habana y busca un “buen resultado” para los habitantes de la Isla.
“Tener un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Rubio durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
El jefe de la diplomacia estadounidense vinculó la situación de Cuba con el modelo político y económico impuesto por el régimen. “Cuba está en un gran problema porque está dirigida por un montón de comunistas incompetentes y, si ser comunista es malo, ser un comunista incompetente es lo peor”, afirmó.
Rubio también dijo que el Gobierno estadounidense seguirá hablando con las autoridades cubanas. “Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, declaró durante la misma sesión de gabinete.
El secretario de Estado añadió que el conglomerado militar GAESA controla alrededor del 70% de la economía cubana y sostuvo que sus ingresos no se destinan a mejorar las condiciones de vida de la población. “Ninguno de esos ingresos va al pueblo cubano”, afirmó, al describir el peso económico del grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas.
De este modo, Rubio sintetizó las dos líneas de la política estadounidense hacia Cuba: por un lado, la presión sobre el aparato militar y político del régimen y, por otro, la existencia de conversaciones discretas con representantes cubanos.
El pasado 20 de mayo, Trump difundió un mensaje por el Día de la Independencia de Cuba en el que afirmó que Estados Unidos “no tolerará un Estado rebelde que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a solo noventa millas del territorio estadounidense”. En ese texto, la Casa Blanca también defendió sanciones contra el aparato militar y de inteligencia cubano y contra quienes le proporcionen apoyo material o financiero.
A comienzos de mayo, Trump ya había firmado una orden ejecutiva para ampliar sanciones contra personas o entidades vinculadas al Gobierno cubano. El documento autoriza medidas contra quienes operen en sectores como energía, defensa, minería, servicios financieros o seguridad; actúen en nombre del Gobierno de Cuba; participen en abusos graves de derechos humanos; o estén implicados en corrupción relacionada con la isla, incluida la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de activos privados.
La orden ejecutiva sostiene que las políticas, prácticas y acciones del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. También bloquea propiedades e intereses bajo jurisdicción estadounidense de las personas sancionadas y suspende la entrada a Estados Unidos de extranjeros que cumplan los criterios definidos en la medida.
El endurecimiento de Washington incluye además la acusación penal anunciada la semana pasada contra Raúl Castro Ruz y otros cinco acusados por su presunta participación en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles desarmadas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. El Departamento de Justicia identificó a los otros acusados como Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
La acusación incluye conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. Según el Departamento de Justicia, cazas militares cubanos bajo una cadena de mando supervisada por Raúl Castro dispararon misiles aire-aire contra dos avionetas civiles Cessna, lo que las destruyó sin previo aviso fuera del territorio cubano. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
