EE.UU. acusa a Raúl Castro de asesinato por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Castro y otras cinco personas están imputadas por los delitos de conspiración para matar a nacionales estadounidenses. Además, sobre ellos pesan cuatro cargos de asesinato y dos cargos de destrucción de aeronaves.
Raúl Castro
Raúl Castro (Foto: Prensa Latina)

MIAMI, Estados Unidos — El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles una acusación contra Raúl Castro y otros cinco exintegrantes del aparato militar cubano por su presunta participación en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, un ataque en el que murieron los cubanoamericanos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

El pliego, presentado el 23 de abril pasado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida y hecho público este 20 de mayo, acusa a Raúl Castro Ruz, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez de conspiración para matar a nacionales de Estados Unidos. Además, atribuye específicamente a Castro y a Pérez-Pérez dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por la muerte de las víctimas.

La acusación sostiene que el objetivo de la conspiración era matar a nacionales estadounidenses mediante el derribo de aeronaves de Hermanos al Rescate, utilizando información obtenida por espías cubanos en Miami, “para aterrorizar, intimidar y tomar represalias contra el pueblo cubano y la comunidad cubana en el exilio”. El documento identifica a esos agentes como parte de la Red Avispa y asegura que sus reportes sobre los planes de vuelo de la organización fueron transmitidos a la Dirección General de Inteligencia cubana y, posteriormente, al estamento militar, incluido Raúl Castro.

Según el escrito acusatorio, tras los vuelos de Hermanos al Rescate de enero de 1996, en los que se lanzaron octavillas prodemocráticas sobre territorio cubano, Raúl Castro “autorizó el uso de fuerza letal” contra las avionetas de la organización. La Fiscalía sostiene, además, que todas las órdenes de matar emitidas por la estructura militar cubana seguían una cadena de mando que llegaba hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y que tenía a Raúl Castro y a Fidel Castro como “decisores finales”.

El documento también indica que la Inteligencia cubana formuló la llamada Operación Escorpión para enfrentar a Hermanos al Rescate y ordenó a sus agentes en Miami informar sobre los vuelos previstos para el 24 de febrero de 1996. También sostiene que la Fuerza Aérea cubana realizó entrenamientos para localizar, seguir e interceptar aeronaves civiles lentas y de baja altitud, similares a las utilizadas por la organización exiliada.

La acusación reconstruye con detalle la jornada del ataque. Ese 24 de febrero, tres aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en Miami-Dade. Ya sobre aguas internacionales, los pilotos cubanos solicitaron autorización para destruir la avioneta N2456S y, tras recibirla, la derribaron a las 3:21 p.m. con un misil aire-aire, matando a Carlos Costa y Pablo Morales. Minutos después, a las 3:26 p.m., pidieron y obtuvieron autorización para abatir la N5485S, que fue destruida a las 3:28 p.m., con Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. a bordo. La tercera aeronave, N2506, fue perseguida por otros cazas cubanos, pero logró escapar.

El nuevo encausamiento otorga especial relieve a una grabación atribuida a Raúl Castro, divulgada originalmente en 2006 por El Nuevo Herald y retomada esta semana por El País, en la que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas admite haber dado instrucciones sobre el derribo de las avionetas. “Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban. (…) Claro, con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego (…) que va a caer arriba de la ciudad. (…) Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades”, se escucha en el audio.

La grabación, de 11 minutos y 32 segundos, fue obtenida por el periodista cubano Wilfredo Cancio, quien dijo a El País que verificó la voz con varios especialistas y con Alcibíades Hidalgo, exsecretario personal de Castro. “Lo que cambia esa grabación es que ya hay una prueba de voz de Raúl Castro asumiendo la total responsabilidad”, afirmó Cancio al diario español. 

El contenido del audio coincide con el núcleo de la acusación desprecintada este miércoles: que Castro autorizó el uso de fuerza letal contra Hermanos al Rescate y que el derribo no fue una decisión aislada de los pilotos, sino una acción emanada de la cúpula del régimen.

El Departamento de Justicia aseguró que la causa busca responsabilizar a los acusados casi tres décadas después del crimen. “Durante 30 años, las familias de estos hombres han esperado. La comunidad de Miami ha esperado. Nuestro país ha esperado. Hoy es un paso hacia la rendición de cuentas”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. “El paso del tiempo no borra el asesinato. No disminuye el valor de estas vidas. Y no debilita nuestro compromiso con el Estado de derecho”.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cargos más graves contemplan como pena máxima la muerte o la cadena perpetua en los casos de asesinato y conspiración para matar a nacionales estadounidenses. Castro y Pérez-Pérez enfrentan además hasta cinco años de prisión por cada cargo de destrucción de aeronaves. El Departamento de Justicia precisó que González-Pardo Rodríguez, uno de los seis acusados, se encuentra bajo custodia en Estados Unidos a la espera de sentencia en otro caso por declaraciones falsas en un documento migratorio.

El anuncio fue realizado durante una ceremonia en la Torre de la Libertad, en Miami, en homenaje a las víctimas del derribo. El Departamento de Justicia recordó que la acusación constituye una alegación formal y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

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