HOLGUÍN, Cuba ― “Qué abuso. El caballo está sin fuerza; por eso no puede levantarse”, dice una señora que observa la escena: un caballo que tira de un coche, desplomado sobre el pavimento, en una céntrica calle de Holguín. “El caballo está mal alimentado y lo ponen a trabajar mucho. Menos mal que no venía ningún carro detrás porque habría chocado”, agrega otro testigo de la escena.
La escena no es un hecho aislado, sino una imagen común cinco años después la aprobación del Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal, la norma jurídica que en febrero de 2021 prometió proteger a los animales, fijar sanciones y acabar con el maltrato. La promesa se ha incumplido y los animales siguen sufriendo. Cuando el decreto se aprobó junto a su reglamento, el Decreto 38, hubo quienes lo celebraron como un avance.
La norma reconoce a los animales como seres que merecen protección y regula su cuidado, transporte, comercialización y sacrificio; prohíbe prácticas crueles y adopta el enfoque de salud, que vincula bienestar humano, animal y medioambiental. Era, al menos sobre el papel, un cambio que durante años habían reclamado animalistas cubanos.
Sin embargo, “la ley suena bonita, pero en la calle la cosa no ha cambiado mucho”, dice el holguinero Manuel Gómez, vecino del reparto Emilio Bárcena. “El papel aguanta todo. Si no hay control de verdad, la ley se queda en promesa”, agrega.
La aplicación del Decreto-Ley 31 depende de inspectores, veterinarios y autoridades locales que con frecuencia no disponen de recursos ni formación. Maribel León, del reparto Vista Alegre, lo sabe bien: “A veces la gente denuncia y no pasa nada, o las autoridades se demoran en tomar medidas. Y así no se puede confiar. Una ley sin acción rápida no sirve. Falta inspección y seguimiento”.
“He visto perros abandonados y flacos, animales amarrados bajo el sol, sin agua ni comida”, lamenta la holguinera Yailín Cardoso, vecina del reparto Luz. “Yo misma le doy de comer al perro de mi vecino, que es alcohólico y lo tiene abandonado. Él dice que el animal está ahí para cuidar la casa y para buscar comida en la calle por su cuenta”. Cardoso asegura que ha ido a denunciar el caso ante las autoridades, sin resultado alguno: “Lo denuncié, pero nadie ha venido”.
Por su parte, el holguinero Julio Valdés opina que el problema tiene varias aristas: “Si no hay comida, medicamentos ni refugios, imagínate. Todo se vuelve más difícil, y el animal termina pagando las culpas”. Al preguntarle si el Decreto-Ley de Bienestar Animal ha cambiado algo en la conciencia colectiva, Valdés respondió sin rodeos: “Algo ha cambiado, sí, ya la gente habla más del tema. Pero conciencia sin acción no resuelve nada. Hace falta educar más y sanciones más severas, porque, si no, todo se queda en el bla bla bla”.
Lázaro López dice que ha visto la crueldad contra los animales de cerca: “Las peleas de perros son frecuentes, incluso en plena calle, a la vista de todos. La gente muchas veces no se mete para no buscarse problemas. Una vez yo les dije a unos muchachos que estaban peleando perros en la calle que no siguieran y me respondieron que ese no era mi problema. Los animales sufren, quedan heridos; es una pena”.
En esa misma línea, otro holguinero, Óscar Pérez, apunta a una práctica también común y socialmente permitida: “Todavía hay peleas de gallos. Todo el mundo sabe dónde están las vallas, que se llenan de gente que apuesta sin importarle si el animal está sufriendo. Muchas personas lo ven como algo normal, como algo que siempre se ha hecho y que no tiene por qué cambiar. Pero el hecho de que algo sea antiguo no lo hace correcto. Los animales sienten dolor igual que cualquier ser vivo, y nada justifica el maltrato”.
Raquel Larrinaga, coordinadora del grupo Pasos, dedicado a la protección de los animales, reconoció el valor de la norma en una entrevista con la revista Juventud Técnica; no obstante, también aludió a sus fallos: “El Decreto-Ley sobre Bienestar Animal fue un paso histórico. Esta norma específica reconoce a los animales como seres que merecen protección y establece deberes y sanciones. Eso no es menor. No obstante, en la práctica su aplicación ha sido limitada. Ha servido para abrir conversaciones y para que las personas sepan que el maltrato es ilegal, pero todavía no vemos una transformación profunda en la cultura del respeto. Muchas veces se queda en el plano simbólico porque faltan mecanismos ágiles y coherentes para hacerlo cumplir”.
Larrinaga ahondó en las causas concretas: “La ley existe, pero no siempre hay preparación, recursos ni claridad en las instituciones encargadas de aplicarla. También influye la escasa capacitación de algunos funcionarios y la ausencia de protocolos claros y uniformes en todo el país. Hay oficiales que escuchan y tramitan la denuncia, pero en otros casos el denunciante recibe indiferencia o demora. El proceso de imposición de multas suele ser lento y poco transparente. Muchas veces el protector no recibe información sobre el resultado final. Eso desmotiva y crea la sensación de impunidad”.
A esos fallos institucionales se suma una crisis económica que provoca escasez material. Cuba padece una crisis severa de alimentos para animales, medicamentos veterinarios, vacunas, anestesia y espacios de refugio. Una ley de bienestar animal exige condiciones mínimas de atención; cuando esas condiciones fallan, el cumplimiento se vuelve casi inviable para familias, rescatistas y protectores.
“El Decreto-Ley de Bienestar Animal fue una esperanza, pero ha resultado un fracaso. No existen los centros de acogida que la propia ley ordena crear, las clínicas veterinarias no tienen recursos y los protectores seguimos solos”, lamenta un activista animalista de Holguín que pidió que se protegiera su identidad por temor a represalias.
