MIAMI.- La minera canadiense Sherritt International anunció este martes 19 de mayo que dio marcha atrás a su decisión, comunicada la semana pasada, de disolver sus negocios conjuntos con empresas cubanas y abandonar sus operaciones en la Isla.
En una declaración oficial, la compañía informó que, tras nuevas consultas con asesores, autoridades gubernamentales y otras partes involucradas, decidió frenar el proceso de ruptura relacionado con sus intereses en Cuba, incluida la disolución de la empresa mixta que mantiene con General Nickel Company S.A. (GNC), propiedad del Estado cubano.
“Sherritt ha desistido de los pasos de disolución y renuncia relacionados con sus intereses en Cuba”, señaló la firma, que además confirmó que no continuará con la solicitud presentada ante el Tribunal del Rey de Alberta para acelerar la separación.
Pese a revertir esa decisión, la empresa aclaró que mantiene suspendida su participación directa en las actividades de las empresas conjuntas en Cuba y que seguirá evaluando medidas para cumplir con la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump. Esa disposición establece como fecha límite el 5 de junio para que compañías extranjeras con vínculos con el conglomerado militar cubano GAESA liquiden esos negocios.
La primera entidad sancionada bajo ese nuevo esquema fue precisamente Moa Nickel S.A., la empresa conjunta entre Sherritt y el régimen cubano, señalada por Washington por operar en el sector de metales y minería de la economía cubana.
La semana pasada, Sherritt había anunciado una retirada mucho más drástica. La compañía aseguró entonces que activaría el proceso para desmantelar su histórica empresa mixta de níquel y cobalto en Cuba, abandonaría su participación en Energás S.A. y renunciaría también a otros intereses petroleros y contratos de servicios de perforación en la Isla.
Como parte de ese plan, la firma canadiense pretendía invocar las cláusulas de disolución de Moa JV —la sociedad que comparte al 50 % con GNC— para dividir los activos: Sherritt conservaría la refinería de níquel y cobalto en Fort Saskatchewan, Alberta, mientras la parte cubana asumiría el control total de las operaciones mineras en Holguín.
En aquel momento, la empresa argumentó que la orden ejecutiva estadounidense había alterado de forma “material” su capacidad para operar y aseguró que la única forma de preservar su viabilidad era romper sus vínculos con Cuba “sin demora”.
Incluso anunció que acudiría ante la justicia canadiense para intentar acelerar el proceso de disolución, alegando que los mecanismos de arbitraje previstos en el acuerdo podían extenderse durante años.
Ahora, aunque la minera frenó ese proceso, admite que continúa enfrentando importantes dificultades operativas, financieras y legales mientras busca alternativas.
Según explicó la compañía, actualmente mantiene “una comunicación fluida y constante” con autoridades gubernamentales y evalúa “una posible oportunidad” que podría permitir preservar el valor del negocio. Sin embargo, reconoció que no existen garantías sobre la viabilidad ni los plazos de cualquier eventual acuerdo.
La declaración no aclara si esa alternativa habría surgido de negociaciones con Washington.
El Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba especuló que Sherritt podría estar explorando un acuerdo bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, mecanismo que permite reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba.
La organización recordó un precedente de 1997, cuando ITT Corporation alcanzó un acuerdo con STET International y Telecom Italia International —entonces vinculadas a ETECSA— para permitir operaciones relacionadas con activos reclamados por la empresa estadounidense. Ese entendimiento facilitó la continuidad del negocio pese a las reclamaciones legales existentes.
