MIAMI, Estados Unidos ― El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart acusó este martes al régimen cubano de actuar como un “adversario hostil” de Estados Unidos, tras difundir un reporte de Fox News Digital que afirma que funcionarios federales investigan si un diplomático de la Embajada de Cuba en Washington coordinó con organizaciones estadounidenses actividades de influencia política a favor de La Habana.
Díaz-Balart, representante por Florida y presidente de la Subcomisión de Asignaciones de la Cámara sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, sostuvo en X que el caso es “otro inquietante recordatorio de que el régimen castrista no es simplemente una dictadura que oprime al pueblo cubano, sino un adversario hostil”.
En el mismo mensaje, afirmó que La Habana trabaja para socavar intereses de seguridad nacional de EE.UU. mediante la infiltración de instituciones estadounidenses y la influencia sobre la formulación de políticas públicas.
Este martes, Fox News Digital publicó una investigación sobre David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington. El reporte afirma, con base en fuentes no identificadas, que existe una pesquisa federal conducida conjuntamente por los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro para examinar si grupos estadounidenses participaron en una campaña de influencia extranjera vinculada al régimen cubano.
El medio informó que su equipo asistió, de forma presencial y por Zoom, a una reunión celebrada el 9 de mayo en el Machinists Hall, en Wilmington, California, en la que participaron activistas y representantes de organizaciones favorables al levantamiento de sanciones contra Cuba. Según el reporte, en el lugar había unas 50 personas y un cartel con consignas contra la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, contra el embargo y contra las restricciones de comercio y viaje.
El video publicado por Fox News muestra a Ramírez Álvarez hablando ante activistas sobre proyectos legislativos y políticas que el Gobierno cubano apoya en Estados Unidos. El diplomático respondió durante la reunión a una pregunta sobre qué demandas debían transmitir los activistas a legisladores estadounidenses. También habló de proyectos de ley, campañas de cabildeo, votos en el Senado y jornadas de acción en el Capitolio.
Entre las iniciativas mencionadas por el funcionario cubano aparece la United States-Cuba Trade Act of 2025, presentada por el senador demócrata Ron Wyden para levantar sanciones contra el régimen cubano y establecer relaciones comerciales normales con la Isla. Ramírez Álvarez también aludiáo a la H.R. 7521, presentada por el representante demócrata Jim McGovern, que busca derogar o modificar leyes que restringen el comercio, los intercambios, las telecomunicaciones y los viajes a Cuba; y a la resolución H. Res. 1056, impulsada por Nydia Velázquez y Delia Ramírez para pedir la anulación de la Doctrina Monroe y una nueva política hacia América Latina y el Caribe.
Asimismo, el diplomático cubano aludió a una resolución de poderes de guerra promovida por los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego para impedir el uso de fuerzas estadounidenses en hostilidades contra Cuba sin autorización del Congreso.
La Embajada de Cuba en Washington negó irregularidades. Una portavoz citada por Fox News Digital aseguró que “los diplomáticos cubanos cumplen estrictamente con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” y defendió el contacto con organizaciones de la sociedad civil como parte de las funciones diplomáticas. La representación cubana no puso a Ramírez Álvarez a disposición del medio para una entrevista.
La misma portavoz afirmó que los diplomáticos cubanos no instan a ciudadanos ni organizaciones estadounidenses a actuar contra el orden constitucional de Estados Unidos. “Nuestros diplomáticos no alientan a ningún ciudadano u organización en Estados Unidos a derrocar o actuar contra el orden constitucional de Estados Unidos”, dijo.
El eje legal del caso, según el reporte, es si las actividades descritas cruzaron la línea entre la defensa política protegida constitucionalmente y una actividad política coordinada por un gobierno extranjero que exigiría registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. El Departamento de Justicia explica que FARA obliga a ciertos agentes de “principales extranjeros” que realizan actividades políticas a revelar periódicamente su relación, actividades, ingresos y desembolsos vinculados a esas actividades.
La ley define como “principal extranjero”, entre otros, a un gobierno extranjero, y considera “actividades políticas” aquellas destinadas a influir en funcionarios, agencias o sectores del público de Estados Unidos respecto a políticas internas o exteriores, o sobre intereses políticos o públicos de un gobierno extranjero.
El pasado 29 de enero, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional al considerar que las “políticas, prácticas y acciones” del Gobierno de Cuba constituían una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El 1 de mayo, Trump firmó otra orden ejecutiva para imponer sanciones contra figuras vinculadas a la represión en Cuba y a amenazas contra la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. La orden bloquea propiedades e intereses en EE.UU. de personas que operen en sectores clave de la economía cubana o actúen en nombre del Gobierno cubano, entre otros supuestos.
La Casa Blanca también reactivó en junio de 2025 un memorando presidencial de seguridad nacional sobre Cuba, con medidas para restringir transacciones con entidades controladas por el aparato militar, de inteligencia o seguridad de la Isla, reforzar la prohibición del turismo estadounidense y oponerse al levantamiento del embargo en foros internacionales.
