MIAMI, Estados Unidos ― La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este viernes la acusación penal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, al preguntar “qué sentido” tenía imputar ahora a una persona por hechos ocurridos hace tres décadas, pese a que la Fiscalía estadounidense sostiene que el paso del tiempo no extingue la responsabilidad por el asesinato de cuatro personas.
“¿Qué sentido tiene que en este momento [que] acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, cuestionó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina de este 22 de mayo, en la que también vinculó la imputación con una supuesta “visión injerencista” de Washington hacia otros países. “Es una visión de que pueden influir en otros países; nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, añadió la mandataria mexicana.
El argumento de Sheinbaum, centrado en el tiempo transcurrido, choca con la base legal invocada por las autoridades estadounidenses: la acusación contra Raúl Castro incluye cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, delitos por los que, según el Departamento de Justicia, los acusados podrían enfrentar pena de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables. Bajo la ley federal de Estados Unidos, una acusación por un delito castigable con pena de muerte “puede presentarse en cualquier momento, sin limitación”.
Para los delitos federales no capitales, la regla general en Estados Unidos fija un plazo de cinco años para presentar cargos, salvo excepciones expresamente previstas por la ley. Pero el caso de Raúl Castro fue encuadrado por la Fiscalía en una categoría distinta: homicidios presuntamente cometidos contra civiles desarmados, fuera del territorio cubano y bajo una cadena de mando militar atribuida al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, respondió precisamente a esa dimensión temporal al anunciar la acusación suplementaria. “Este paso del tiempo no borra el asesinato. No disminuye el valor de estas vidas. Y no debilita nuestro compromiso con el Estado de derecho”, dijo, según el comunicado del Departamento de Justicia.
La acusación, revelada este 20 de mayo, imputa a Raúl Castro Ruz, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez por sus presuntos papeles en el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses no armadas operadas por Hermanos al Rescate.
Según el Departamento de Justicia, las aeronaves fueron destruidas “sin advertencia” mientras volaban fuera del territorio cubano. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, identificados por la Fiscalía como nacionales estadounidenses, tres de ellos ciudadanos de Estados Unidos. La acusación incluye conspiración para matar a nacionales estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
La lectura de Sheinbaum también contrasta con un principio ampliamente reconocido en el derecho internacional: los crímenes más graves cometidos desde estructuras estatales no pueden ser tratados como delitos ordinarios sujetos, sin más, al olvido procesal. La Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad entró en vigor en 1970 y establece precisamente la no aplicabilidad de plazos de prescripción para esas categorías de delitos. Cuba se adhirió a ese instrumento en 1972.
No obstante, la acusación contra Raúl Castro no presenta el caso como crimen de guerra ni como crimen de lesa humanidad, sino como asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
Hermanos al Rescate era una organización radicada en Miami que realizaba vuelos humanitarios en el estrecho de Florida para localizar a migrantes cubanos en peligro en el mar. La Fiscalía estadounidense sostiene que, desde inicios de la década de 1990, agentes de inteligencia cubanos infiltraron la organización y transmitieron información sobre sus vuelos al Gobierno cubano, reportes que habrían sido utilizados por mandos militares para planificar la operación del 24 de febrero de 1996.
El derribo fue condenado en 1996 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que deploró el uso de armas contra aeronaves civiles y respaldó las conclusiones de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre el incidente. Esa condena internacional ha sido uno de los pilares del reclamo de justicia sostenido durante tres décadas por familiares de las víctimas y por sectores del exilio cubano en Miami.
