MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortíz, al considerar que ambos se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia” y que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de “daño irreparable”.
La decisión responde a una solicitud presentada el 13 de noviembre de 2025 por el Observatorio de Derechos Culturales. La CIDH explicó que pidió información al Estado cubano el 9 de enero pasado, pero que La Habana no respondió.
En su Resolución 5/2026, la CIDH solicitó a las autoridades cubanas adoptar medidas para proteger la vida, integridad y salud de ambos beneficiarios; asegurar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales; realizar “de inmediato una valoración médica integral” de la salud física y mental de León Taboada y garantizar atención y tratamiento oportunos, con resultados informados a familiares y representantes; garantizar que el preso no sea objeto de “violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones” dentro del penal; y aplicar medidas, “con enfoque de género”, para que la madre pueda ejercer su labor de defensa de derechos humanos sin “amenazas” u “hostigamientos”.
La Comisión también pidió que las medidas se acuerden con los beneficiarios y sus representantes y que Cuba informe sobre acciones de investigación para evitar repetición de los hechos.
León Taboada, de 27 años, participó en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Fue detenido el 16 de julio y llevado al centro de detención 100 y Aldabó, donde permaneció tres semanas sin que su familia conociera su paradero. El 27 de mayo de 2022 el Tribunal Supremo Popular lo condenó a 14 años de privación de libertad por sedición. Luego, fue trasladado al Combinado del Este, donde permanece.
La resolución resume denuncias de golpes, castigos y presuntas prácticas de tortura. Entre los hechos alegados, la CIDH menciona que, tras una huelga de hambre y sed iniciada en mayo de 2022, León Taboada habría permanecido alrededor de seis meses en una celda de castigo; y que en julio de 2022 habría sido golpeado por más de 10 guardias.
También recoge que, en octubre de 2022, tras intentar manifestarse con una camiseta con la palabra “libertad”, habría sido golpeado y devuelto a celda de castigo, con aplicación de un método descrito en la solicitud como “la carretilla”, que “consistiría en esposar a la persona con las manos a la espalda y atarlas a los pies” y lanzarla por las escaleras, lo que le habría dislocado una clavícula.
En abril de 2023, según el documento, oficiales habrían retirado al preso de una visita familiar y profirieron amenazas contra su madre vinculadas a denuncias públicas sobre la prisión. La CIDH señala que, ese mes, agentes de la Seguridad del Estado lo habrían interrogado con el objetivo de presionarlo para que convenciera a su madre de abandonar el país, con amenazas de incriminarla en un delito común para encarcelarla e insinuaciones de daño físico.
El texto también alude a un episodio de octubre de 2024, en el que León Taboada habría protestado por la falta de atención médica a recién detenidos que llegaron al penal durante un apagón nacional. En respuesta, según la resolución, habría recibido una golpiza, gas pimienta y golpes en torso, brazos y piernas. El documento afirma que, “según el testimonio de la madre, desde ese día él comenzó a manifestar pérdida de visión en su ojo izquierdo” y que no habría sido valorado por un oftalmólogo pese a pedidos. La CIDH añade que, al conocer esos hechos, la madre “sufrió una isquemia cerebral”.
La CIDH también indica que en abril de 2025 un compañero de celda falleció repentinamente y que el preso sufrió un “fuerte impacto emocional” y un cuadro de “depresión severa”, sin que la prisión le proporcionara atención psicológica, de acuerdo con la solicitud. Más tarde, el 18 de julio, habría iniciado una huelga de hambre que duró 12 días por “violencia física y psicológica”. Mientras, la madre del joven fue detenida el mismo mes “supuestamente de manera arbitraria y violenta”, trasladada a una estación policial y sometida a interrogatorios y amenazas cuando intentaba verlo y confirmar su estado de salud.
Tras el fin de la huelga, la CIDH recoge que León Taboada quedó “debilitado y en delgadez extrema” y que un guardia lo golpeó cuando colocó el colchón en el piso por falta de una tabla para la litera. Ante el reclamo familiar, los funcionarios habrían dicho que “había sido un error y no se repetiría”, pero la solicitud sostuvo que la violencia continuó y que el preso quedó bajo un régimen más estricto, con salidas limitadas, llamadas reducidas y “vigilancia extrema”.
La resolución describe, además, condiciones de detención que la parte solicitante calificó de precarias: hacinamiento con más de 30 reclusos, brotes recurrentes de sarna, chinches y enfermedades, ventilación deficiente, humedad elevada, falta de acceso adecuado a la luz solar, sanitarios como “huecos en el piso”, agua potable limitada y alimentación “deficiente y de mala calidad”. En una visita del 6 de diciembre de 2025, el preso habría dicho que no distinguía “figuras, letras ni números” con el ojo izquierdo y que solo veía manchas.
La CIDH también subraya que el preso tendría enfermedades preexistentes, entre ellas hipertensión arterial crónica, policitemia y afecciones renales congénitas, y que, según la solicitud, no recibe el tratamiento correspondiente ni los estudios especializados requeridos, como evaluaciones de oftalmología, nefrología, cardiología y hematología. En el plano psicológico, el documento señala episodios de “angustia, depresión y confusión” y agrega que, en el último mes reportado, el preso dejó de llamar para “evitar problemas”, lo que, a criterio de la parte solicitante, podría reflejar temor a represalias.
Sobre Yenisey Taboada Ortiz, la CIDH expresó “especial preocupación” al considerar que enfrenta hostigamiento y amenazas por su labor de denuncia y defensa, y concluyó que ambos se encuentran en “total indefensión y desprotección” mientras persistan los riesgos descritos.
La CIDH indica que al menos 543 personas permanecen privadas de libertad por su participación en protestas, con 360 vinculadas a julio de 2021 y 183 a manifestaciones posteriores. También consigna que 101 habrían recibido condenas de entre 10 y 22 años, además de denuncias sobre juicios sin debidas garantías, restricciones a beneficios penitenciarios, limitaciones de contacto familiar y condiciones carcelarias inhumanas.
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