MIAMI, Estados Unidos. – La Fiscalía de Bulgaria investiga un posible esquema de lavado de dinero atribuido al régimen de Nicolás Maduro, que habría movido cerca de 500 millones de euros entre 2017 y febrero de 2019 mediante el banco búlgaro Investbank, según una resolución de la Fiscalía General de ese país citada en un reportaje publicado por el medio búlgaro Bivol.
De acuerdo con el reportaje, “entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas”. Esas 101 cuentas, precisa el texto, no correspondían a 101 titulares distintos, sino que eran “cuentas especiales de abogados con un único titular: el abogado Tsvetan Tsanev”, señalado como “el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos”. El reportaje añade que existen indicios de que Tsanev habría sido “a la vez un accionista encubierto del banco”.
La investigación descrita por Bivol sostiene que, pese al volumen total que habría transitado por Bulgaria, solo se localizaron montos muy inferiores cuando se aplicaron medidas cautelares. El texto indica que “unos 450 millones de euros se esfumaron en cuentas offshore vinculadas al régimen venezolano” y que, “en este momento, solo están disponibles y embargados 46 millones de dólares”. En otra parte del reportaje se recalca la brecha entre lo transferido y lo efectivamente inmovilizado: “a petición de las autoridades estadounidenses, solo se encontraron unos 46 millones de euros en las cuentas”.
El caso habría captado la atención internacional desde 2019. El reportaje recuerda que una información inicial sobre “apenas” 150 millones de dólares relacionados con el régimen de Maduro en cuentas de Investbank fue divulgada por servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. En una rueda de prensa del 13 de febrero de 2019 comparecieron autoridades búlgaras, junto con el embajador estadounidense en Sofía, Eric Rubin. Según el texto, Rubin declaró: “Estamos trabajando con el Gobierno de Bulgaria y otros países de la Unión Europea para garantizar que no se robe la riqueza del pueblo venezolano y que este cuente con el apoyo necesario para asegurarse un futuro pacífico y democrático”.
El reportaje también atribuye a Radio Europa Libre la difusión de una declaración del diputado opositor venezolano Carlos Paparoni, quien afirmó que “Bulgaria forma parte de un plan a gran escala para exportar activos estatales del país latinoamericano”.
Dos semanas después de aquella comparecencia pública, la Fiscalía Especializada de Bulgaria inició el 26 de febrero de 2019 una investigación preliminar. Sin embargo, el texto indica que el proceso fue archivado el 4 de junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov, “no porque no hubiera pruebas de actividad delictiva, sino debido al traslado del proceso penal a Estados Unidos”. El motivo alegado, siempre según el reportaje, fue que las autoridades estadounidenses estaban en “mejor posición” para investigar el caso. Pese a ello, añade, el fiscal ordenó a la DANS que no suspendiera la vigilancia de las cuentas.
Sobre el destino de los fondos que no se encontraron en Bulgaria, el reportaje sostiene que “el dinero no se quedó en Bulgaria, sino que fue ‘redirigido’ a otros destinos”. Entre esos destinos menciona empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Además, afirma que se accedió a la banca electrónica de esas cuentas “desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela”, con operaciones realizadas “a menudo en períodos en los que los apoderados de Tsanev ni siquiera se encontraban en los países correspondientes”, lo que el texto presenta como un indicio de que quienes operaban los fondos estaban vinculados con “representantes e intermediarios de estructuras estatales y cuasi estatales venezolanas que formaban parte del régimen de Maduro”.
Investbank rechazó en 2019 que hubiera irregularidades. Según el reportaje, el banco declaró que todas las transferencias eran legales y correctas, y aseguró: “Las transferencias entrantes y salientes realizadas están relacionadas principalmente con el suministro de alimentos a Venezuela, para lo cual disponemos de los correspondientes comprobantes. No hay transacciones sancionadas en relación con la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.”.
No obstante, el texto afirma que los expedientes del caso sostienen que existe un problema con la institución financiera y que la resolución del fiscal de 2024 enmarca el movimiento de dinero como un flujo transnacional “procedente directamente de empresas estatales venezolanas como el gigante petrolero Pdvsa, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”. En ese esquema, Investbank habría operado como un “eslabón intermedio” dentro de una cadena que pasaba por Portugal, Liechtenstein y Suiza.
La publicación identifica como parte del mecanismo a entidades suizas y estructuras en jurisdicciones opacas. Según la investigación citada, “parte de los fondos fueron devueltos a empresas de gestión de activos (como pago por servicios de asesoramiento)”. Entre las compañías mencionadas figura la suiza Swiss Latam AG, propiedad de una empresa de Liechtenstein, SP Holding AG SV. Ambas aparecen, según el texto, en una “lista de sospechosos” junto con otras offshore registradas en Panamá y Emiratos Árabes Unidos.
El reportaje añade que Swiss Latam AG, “más tarde renombrada como Acantos Advisors AG”, no habría sido un actor secundario, sino un “organizador central” del esquema, que reclutaba clientes, coordinaba aperturas de cuentas, daba instrucciones para la disposición de fondos y recibía un porcentaje de las transacciones.
En el expediente inicial del caso, señala el reportaje, se manejó que los fondos estaban vinculados con sociedades instrumentales de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido tras obtener contratos para el suministro de alimentos para los CLAP. Asimismo, el texto indica que Dimitriyka Andreeva, quien actuó como principal representante de Tsanev en la apertura de cuentas, era al mismo tiempo miembro del Consejo de Supervisión de Investbank AD, lo que califica como un “clásico conflicto de intereses” que “hasta ahora no ha recibido respuesta institucional”.
Hacia el cierre, el reportaje afirma que el Banco Nacional Búlgaro (BNB) “permanece en silencio” sobre las revelaciones y plantea que existe un “paraguas institucional” alrededor del caso. También sostiene que “300 millones de levas” del dinero de depositantes “se han evaporado” debido a transacciones de valores gubernamentales con empresas de Tsanev, y que, aunque un antiguo empleado del banco presentó pruebas, la fiscalía se negó a iniciar procedimientos previos que condujeran a un juicio. El texto concluye que el asunto “ya no es solo penal, sino regulatorio”, y plantea la necesidad de una inspección de la licencia de Investbank por parte del Banco Central Europeo.
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