MIAMI.-. – El régimen cubano reconoció este martes que las conversaciones que mantiene con Estados Unidos no han producido avances, en medio de la política de máxima presión aplicada por Washington para forzar cambios en la Isla.
«Las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no muestran progresos», admitió el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, durante una conferencia de prensa. No obstante, aseguró que La Habana continuará «dispuesta al diálogo y a la solución pacífica de las diferencias» con la Administración estadounidense.
Las relaciones bilaterales se han deteriorado desde enero, cuando Washington impuso un bloqueo petrolero contra el régimen cubano y posteriormente amplió las sanciones contra funcionarios, empresas y sectores estratégicos vinculados al poder. A ello se sumó la imputación presentada por la justicia estadounidense contra el dictador Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.
Aunque ambos gobiernos mantienen canales diplomáticos abiertos, el contenido de esas conversaciones se maneja con discreción. Rodríguez afirmó que Cuba seguirá apostando por el diálogo, pero matizó que juzga a Estados Unidos «por los hechos», en referencia a las sanciones y demás medidas adoptadas por Washington.
En la misma comparecencia, el canciller anunció que el régimen solicitó una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el próximo 7 de julio con el objetivo de denunciar las sanciones y el embargo estadounidense.
La audiencia ha sido convocada apenas unos días después de que la dictadura anunció un paquete de reformas económicas que evidencia que buena parte de las restricciones que han asfixiado durante décadas la economía de la Isla fueron impuestas por el propio Estado.
Según Rodríguez, La Habana aprovechará el encuentro para denunciar la política de Washington, en particular las sanciones energéticas adoptadas desde enero y las medidas impuestas en mayo contra personas y entidades que mantengan vínculos con el Gobierno cubano o con sectores considerados estratégicos.
El ministro aseguró que el embargo constituye «una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano» y afirmó que Estados Unidos intenta presionar a los países miembros de la ONU para impedir el respaldo internacional a Cuba. Asimismo, recordó que el próximo 27 de octubre volverá a votarse la tradicional resolución contra el embargo, que durante más de tres décadas ha recibido un apoyo casi unánime en la Asamblea General, aunque sin efectos vinculantes.
Sin embargo, el discurso oficial llega en un momento especialmente contradictorio. Mientras insiste en atribuir la crisis exclusivamente al embargo estadounidense, el propio Gobierno anunció recientemente el mayor paquete de reformas económicas en décadas, desmontando prohibiciones que durante años presentó como principios irrenunciables del modelo socialista.
Entre las medidas anunciadas figuran la autorización de bancos privados y casas de cambio privadas, la apertura a inversiones inmobiliarias, la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior inviertan en el país, la creación de sociedades mercantiles privadas, la expansión del comercio no estatal, la flexibilización del monopolio estatal sobre distintas actividades económicas y una mayor participación del sector privado en áreas antes reservadas exclusivamente al Estado.
Durante décadas, muchas de esas iniciativas fueron rechazadas por las autoridades bajo el argumento de que eran incompatibles con el sistema socialista. Su aprobación ahora, sin que haya desaparecido el embargo estadounidense, refuerza una conclusión que economistas independientes han sostenido durante años: buena parte de los obstáculos que frenaban la producción, la inversión y el emprendimiento respondían a decisiones políticas internas y no exclusivamente a las sanciones de Washington.
Pese a esa apertura económica limitada, el régimen mantiene intacto el monopolio político. Mientras flexibiliza parcialmente algunas reglas del mercado para intentar contener el colapso económico, continúa negándose a permitir elecciones libres, la legalización de partidos políticos, la libertad de prensa, sindicatos independientes o garantías plenas para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Las reformas tampoco implican una renuncia al control estatal. El Partido Comunista conserva el poder absoluto sobre las instituciones, la justicia, las fuerzas armadas y los principales sectores estratégicos de la economía. En paralelo, continúan la persecución de opositores, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales.
