MIAMI, Estados Unidos ― El economista Pedro Monreal cuestionó este viernes las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano y advirtió que el documento en que se hicieron públicas, esta semana, no constituye un paquete de reformas, sino una privatización parcial subordinada al poder político, sin reconocimiento sustantivo del derecho de propiedad privada ni garantías jurídicas suficientes para la expansión de la empresa privada.
Monreal reaccionó en X a la publicación oficial del documento, presentado por el Gobierno como resultado de consultas y debates en el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros. Las medidas, agrupadas en 23 ejes temáticos, fueron divulgadas oficialmente esta semana después de haber sido aprobadas por la Asamblea Nacional.
“Las 176 medidas son un ‘monstruo’ (quizás más bien un híbrido deforme) que ―parafraseando a Gramsci― surge ‘en ese claroscuro’ de aparente transición de modelo económico que hoy se proclama oficialmente en Cuba. Es ‘bañarse en el Jordán’ sin abandonar lo esencial del pasado”, escribió el economista.
Monreal también apunta a la distancia entre la apertura económica que sugiere el documento y la ausencia de un marco jurídico que limite el poder estatal sobre los actores privados. Según el economista, el texto oficial no reconoce de forma sustantiva la propiedad privada como derecho, sino como una concesión dependiente del Estado.
“El listado de las 176 medidas (que no es un paquete de reforma) ‘vende’ una privatización parcial del modelo, asentada en una visión de la propiedad privada como privilegio o concesión revocable. Es propiedad privada instrumental y subordinada al poder político”, señaló.
El economista cubano también sostuvo que, para hablar de un reconocimiento real de la propiedad privada, el documento tendría que establecer límites jurídicos claros frente al poder estatal y restringir la expropiación a casos excepcionales, debidamente justificados y con garantías procesales.
“No se identifica en las 176 medidas un reconocimiento sustantivo del derecho a la propiedad privada. Para ello tendría que reconocerse un derecho inalienable y la limitación jurídica del poder estatal. La expropiación ―mediante debido proceso― sería excepcional y justificada”, afirmó.
Asimismo, el economista llamó la atención sobre el lenguaje empleado en el documento, en particular el uso reiterado del verbo “permitir” para referirse a actividades privadas. A su juicio, esa formulación revela una relación vertical entre el Estado y los actores económicos no estatales.
“La visión ‘condescendiente’ de la lista de las 176 medidas respecto a lo privado se refleja en el uso y abuso del verbo ‘permitir’ que se repite 29 veces en el texto. ‘Permitir’ es una postura permisiva del poder (‘te dejo tener’)”, apuntó.
Las transformaciones aprobadas por el régimen abarcan sectores estratégicos como agricultura, energía, transporte, comercio exterior y turismo. También incluyen cambios en el sistema bancario y financiero, la eliminación de trabas para la aprobación de nuevos actores económicos, mayor autonomía municipal, modificaciones en las relaciones de propiedad y en la gestión, así como la política de subsidiar personas y no productos.
Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó las medidas como una respuesta al deterioro económico del país y sostuvo que Cuba enfrenta “uno de los momentos más complejos de su historia”. El discurso oficial atribuyó la situación, entre otros factores, al “cerco económico” de Estados Unidos y defendió las transformaciones como compatibles con el modelo socialista.
La Asamblea Nacional indicó que las medidas tienen “gran impacto estratégico para el modelo económico y social de la nación, sin que implique renunciar al proceso de construcción del socialismo”.
Sin embargo, Monreal subrayó que el documento omite conceptos jurídicos que considera indispensables para atraer inversión privada y garantizar seguridad a los actores económicos. “El documento con las 176 medidas no menciona términos como protección de propiedad privada, solución negociada de disputas, arbitraje comercial, cortes, reclamación o compensación, que son imprescindibles para el nivel de actividad privada que parece anhelar el documento”, señaló.
Marrero adelantó ante la Asamblea Nacional la creación de un grupo para el aseguramiento jurídico de las propuestas, aunque afirmó que no requerirán modificaciones de la Constitución.
Monreal, no obstante, expresó dudas sobre el alcance real de ese proceso legislativo. “Durante la presentación inicial de las 176 medidas se informó que habría que revisar y elaborar unas 180 normas jurídicas, pero parece poco probable que incluyan la visión del derecho de propiedad que necesita la expansión de la empresa privada a la que parece aspirarse”, advirtió.
