MIAMI, Estados Unidos. – La relatora especial de la ONU sobre las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, realizará una visita oficial a Cuba del 11 al 21 de noviembre para evaluar el impacto de las sanciones en los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) anunció que la experta “presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que someterá al 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026”.
La relatora examinará “en qué medida la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones unilaterales, los medios de su ejecución y el sobrecumplimiento impiden la plena realización de los derechos” consagrados en la Declaración Universal y otros instrumentos, “en un espíritu de cooperación y diálogo”, según el llamado oficial.
La visita llega amparada en el mandato creado por la Resolución 27/21 del Consejo de Derechos Humanos (2014), que subraya que las medidas coercitivas unilaterales y su legislación “son contrarias al derecho internacional” y que, a largo plazo, “pueden provocar problemas sociales y suscitar preocupaciones humanitarias” en los Estados objeto de ellas. La propia página del mandato recuerda que la relatoría fue establecida para “reunir toda la información pertinente” sobre esos impactos, estudiar tendencias y formular recomendaciones.
El cuestionario de la ACNUDH pidió ejemplos concretos de derechos afectados en Cuba —incluidos salud, educación, protección social y derecho al desarrollo—, así como información sobre los sectores más golpeados (energía e infraestructura crítica, entre otros), el efecto de las licencias y exenciones humanitarias, y la forma en que “políticas de riesgo cero” y el “sobrecumplimiento” de bancos y empresas bloquean incluso operaciones permitidas.
También preguntó si la reiterada calificación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” incide en los derechos humanos e invitó a proponer actores con los que la relatora debería reunirse en La Habana.
En paralelo, Naciones Unidas informó que Douhan —académica bielorrusa que ocupa el mandato desde 2020— llegará a Cuba para evaluar efectos de sanciones primarias, secundarias y del sobrecumplimiento.
El examen de las sanciones se desarrollará en un entorno en el que el acceso a la sociedad civil independiente es restringido. Cuba no mantiene una “invitación permanente” a los procedimientos especiales del Consejo —una práctica de cooperación habitual en otros Estados—, y su relación con visitas temáticas ha sido históricamente limitada, según los registros oficiales de la propia ONU.
Además, persiste un patrón documentado de hostigamiento, detenciones arbitrarias y reclusiones domiciliarias para impedir la participación de activistas, periodistas y familiares de presos en reuniones o actos públicos. Human Rights Watch describe abusos graves contra manifestantes detenidos tras las protestas de julio de 2021 y señala que, pese a algunas excarcelaciones condicionadas a inicios de 2025, “cientos” continúan presos.
Amnistía Internacional, por su parte, advierte que, tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2022, se intensificaron la criminalización, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento, en particular contra periodistas y personas críticas, en un clima de “espacio cívico completamente restringido”.
Informes recientes de la CIDH detallan operativos de vigilancia, citaciones ilegales y cortes selectivos de Internet para inmovilizar a disidentes, prácticas que podrían limitar quiénes logran reunirse en privado con la relatora.
El uso de normas como el Decreto-Ley 370 (sobre informatización) y el Decreto-Ley 35 (sobre telecomunicaciones) —señalados por organismos y medios internacionales como herramientas para restringir la libertad de expresión en línea— también configura un escenario en el que organizaciones no estatales, a menudo sin estatus legal, operan bajo riesgo de sanciones y bloqueo comunicacional.
El mandato de Douhan ha puesto el foco, además de en las sanciones directas, en el “sobrecumplimiento”: la tendencia de bancos y empresas a bloquear operaciones lícitas por temor a sanciones o multas, fenómeno que la relatora describió recientemente como un detonante de “riesgos reputacionales” que paraliza transacciones permitidas. En su informe al Consejo en julio de 2025, advirtió que el sobrecumplimiento por parte de entidades financieras ha obstaculizado incluso pagos para bienes esenciales.
El cuestionario de la ACNUDH pregunta por el impacto de las sanciones en salud, educación, energía, protección social y empleo; por el efecto en personas mayores, con discapacidad y poblaciones en situación de vulnerabilidad; por la migración y los derechos de migrantes; y por cómo las exenciones humanitarias operan en la práctica para cubrir necesidades básicas. También solicita ejemplos de “políticas de riesgo cero” de bancos y empresas que bloquean interacciones permitidas con instituciones y sectores cubanos.
Ese enfoque convive con otra realidad verificable: la crisis de derechos en Cuba tiene componentes internos que trascienden el régimen de sanciones. HRW y Amnistía han documentado de manera consistente la persecución de disidencia, las restricciones severas a la libertad de expresión y asociación, y la existencia de un número elevado de presos por motivos políticos.
Casos emblemáticos, como la nueva detención del opositor José Daniel Ferrer en abril de 2025, reafirman la continuidad de prácticas punitivas y el uso de medidas cautelares para controlar a voces críticas, incluso tras excarcelaciones condicionadas.
Douhan se reunirá en La Habana con autoridades, agencias de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, cuerpo diplomático y “organizaciones no gubernamentales, comunidad empresarial, sociedad civil y académicos”, según el llamado oficial.
La efectividad de la visita dependerá en buena medida de la posibilidad de que la relatora tenga acceso sin interferencias a actores no estatales y a víctimas —incluidas familias de presos—, en un país donde la ONU ha observado la ausencia de invitación permanente a los procedimientos especiales y la CIDH y organizaciones independientes reportan obstáculos sistemáticos a la participación cívica.
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