Mario Díaz-Balart: «El embargo desaparece en un día si se cumplen tres condiciones»

MIAMI, Estados Unidos. – El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart sostuvo en X que la Ley LIBERTAD (Helms-Burton) condiciona la “normalización” con Cuba a un cambio político en la Isla y afirmó en X que el embargo de Estados Unidos “desaparece en un día” si se cumplen tres requisitos: la liberación de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos, sindicatos y la prensa, y la convocatoria de elecciones libres y multipartidistas. 

“¿Cuál de esas condiciones no merece el pueblo cubano?”, preguntó el congresista, antes de augurar que la libertad de Cuba se acercaba.

La Ley Helms-Burton codificó el embargo vigente contra el régimen cubano y estableció que seguirá en efecto salvo lo dispuesto en su Sección 204, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a suspender las sanciones si determina que en la Isla existe un “gobierno de transición”, y ordena dar pasos para terminarlo cuando ya exista un “gobierno democráticamente electo”. 

En otras palabras, la ley ata el levantamiento de las sanciones a una transición política y a la instalación de un gobierno democrático.

La Sección 205 de la ley deja claro que el listón no se reduce a tres consignas. Para que Washington reconozca la existencia de un gobierno de transición en Cuba, la ley exige, entre otros puntos, que se haya legalizado toda la actividad política; que se haya liberado a todos los presos políticos y se permitan investigaciones de las cárceles cubanas por organizaciones internacionales de derechos humanos; que se desmantele el aparato actual de Seguridad del Estado, incluidos los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y las Brigadas de Respuesta Rápida; que haya compromisos públicos para organizar elecciones libres y limpias en un plazo no mayor de 18 meses; que participen múltiples partidos independientes con acceso pleno y equitativo a los medios; y que se permita la creación de sindicatos independientes y de asociaciones sociales, económicas y políticas independientes.

La ley también precisa que Fidel Castro y Raúl Castro no podrían formar parte de ese eventual gobierno de transición, lo que ya resulta imposible en el caso de Fidel, fallecido en 2016, e improbable en el caso de Raúl, de 94 años actualmente.

La Sección 206 endurece todavía más ese marco. Para que Estados Unidos considere que en Cuba existe un gobierno “democráticamente electo”, deben celebrarse elecciones libres y justas supervisadas por observadores internacionales reconocidos; los partidos de oposición deben haber tenido tiempo suficiente para organizarse y hacer campaña; todos los candidatos deben haber tenido acceso pleno a los medios; y, además, el nuevo gobierno debe mostrar respeto por las libertades civiles y los derechos humanos, avanzar hacia una economía orientada al mercado, comprometerse con cambios constitucionales que garanticen elecciones periódicas y seguir dando pasos hacia una judicatura independiente y la resolución de reclamaciones de propiedad confiscada.

La propia Ley LIBERTAD no solo vincula el embargo a una transición democrática, sino que también plantea la restauración del reconocimiento diplomático y el desarrollo de relaciones comerciales con una Cuba “libre, democrática e independiente”. Además, la Sección 207 establece que la resolución satisfactoria de las reclamaciones sobre propiedades confiscadas sigue siendo una condición esencial para la plena reanudación de las relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países.

En su mensaje, Díaz-Balart también citó a su hermano Lincoln Díaz-Balart, fallecido en marzo de 2025. Precisamente, en la declaración oficial difundida por la familia tras su muerte, el congresista republicano por el distrito 26 de Florida describió a Lincoln como “autor del requisito democrático para el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura cubana”. 

Lincoln Díaz-Balart fue congresista federal por Florida entre 1993 y 2011.