«Sentiríamos mucha rabia si viéramos a cualquiera de los represores de nuestros muchachos caminando en libertad por las calles de Estados Unidos», dice Betty Guerra Perdomo, y resume la opinión de gran parte de los familiares de los presos políticos en la isla, luego de que aumentaran las denuncias por la presencia de funcionarios y exdirigentes del Estado cubano en el país «enemigo» de esa «revolución» que decían defender cuando no permitían el disenso o la protesta en la isla.

Betty es prima de Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a seis y ocho años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J) en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. En ambos casos, los años de prisión impuestos superaron lo que pedía la Fiscalía. 

La sentencia fue una «aberración», dijeron sus familiares. Tras el juicio, los hermanos fueron recluidos en prisiones distintas y sufrieron acoso, amenazas e incomunicación. Según la organización no gubernamental Justicia 11J, han presentado «alarmantes estados de salud en prisión por las condiciones en que cumplen sus condenas y el tratamiento hostil de las autoridades carcelarias».

Samir es el hijo menor de Nadir. Salet, la mayor, tendrá 17 años cuando su padre salga de la cárcel. Asened, la hija de Jorgito, que solo tenía siete cuando encerraron a su padre, tendrá 15 cuando lo liberen. 

Betty Guerra, quien también gestiona el proyecto Presos Políticos en Cuba, cuenta que su familia «tiene un registro detallado de todos los implicados en sus casos: con fotos, cargos, el papel que jugaron… Hace unos meses, una de las peores represoras puso en Facebook fotos en el aeropuerto antes de irse de la isla para Rusia. Lo denunciamos por todas partes. Su única reacción fue un mensaje a mi tía [Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir], diciendo que “por culpa de su sobrina (en alusión a mí) se había tenido que quedar en Rusia”».

La activista ha conocido sobre otros cubanos acusados de cometer «actos de hostigamiento, detención arbitraria y violencia contra opositores en la isla», que han pedido asilo en Estados Unidos alegando «miedo al comunismo».  

«La única forma de creerles es verlos pasar por todo lo que han pasado nuestros muchachos y todos los presos políticos del 11J. Cuando cumplan su sentencia, entonces puede que les dé el beneficio de la duda», dijo Guerra Perdomo. 

El rastro del 11J que alcanzó a Daniel Morejón en Florida

La protesta estalló el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, y se extendió desde el occidente a todo el país. Los manifestantes gritaban «Libertad» y otras consignas contra el Partido Comunista de Cuba (PCC). También exigían condiciones dignas de vida, en medio de uno de los peores picos de la crisis cubana. 

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró en televisión nacional que «la calle era de los revolucionarios» y ordenó combatir a los manifestantes. Horas después se conoció de la muerte en manos de la policía de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, y trascendieron imágenes de la represión desatada por las fuerzas militares y otros agentes del Estado. Cientos de cubanos permanecen en prisión por hechos vinculados a las protestas. 

Daniel Morejón García presuntamente fue uno de los partidarios del régimen que agredieron a los manifestantes, según la información obtenida por el proyecto «Represores Cubanos» de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC).

En documentos legales en poder de la FHRC, a los que tuvo acceso El Estornudo, se cita a Morejón García como testigo del oficialismo contra Armando Martínez Luis, en el tribunal de Artemisa. 

Martínez Luis recibió una sanción conjunta de ocho años de privación de libertad por supuestamente cometer delitos de atentado y desórdenes públicos. Otros participantes en el 11J también fueron condenados en el juicio donde declaró Morejón García.

Luis Domínguez, uno de los investigadores de la lista de «represores» de la FHRC, dijo a El Estornudo que, «además de todos los documentos judiciales, se obtuvieron vídeos en los que aparece Morejón García en una motocicleta golpeando a manifestantes del 11J. 

«Luego, en los juicios, aseguró que él había sido quien recibió las agresiones. Como supuesto testigo tergiversó los hechos», señala Domínguez.

Pero tiempo después, Morejón García salió de Cuba hacia Estados Unidos. El pasado 11 de abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció su arresto en Miami, en un operativo con agentes del varias agencias federales, tras ser acusado de hacer declaraciones fraudulentas en su aplicación migratoria. 

Morejón García no habría revelado su afiliación al PCC, su vinculación con fuerzas de seguridad  en la provincia de Artemisa y su participación en las Brigadas de Respuesta Rápida, según las autoridades.

De jueza en Cuba a solicitante de asilo en EE. UU.

A finales de mayo de 2024, llegó a Estados Unidos con Parole Humanitario la jueza cubana Melody González Pedraza, señalada por condenar a varios jóvenes en Villa Clara por motivos políticos.

En el aeropuerto de Tampa, González Pedraza recibió una negativa de entrada a Estados Unidos. Entonces pidió asilo político y quedó detenida a la espera de una sentencia que decidiera su caso.

El 18 de noviembre de 2022, en Cuba, la exjueza condenó a cuatro jóvenes que no superaban los 30 años de edad (Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez), a penas de entre tres y cuatro años de prisión bajo el cargo de «atentado» en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara.

Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de Eddy Daniel, dijo a Martí Noticias que en el «juicio amañado» que presidió González Pedraza, «no hubo una prueba en contra de los muchachos. Intentó inventarla, pero no la encontró». 

La madre cubana también declaró que la funcionaria «le quitó el privilegio a mi hijo de poder irse para Estados Unidos, porque a él le había llegado el parole. Sin embargo, a ella, una jueza tan revolucionaria, […] le llegó el Parole y le dieron la liberación [del Ministerio de Justicia]». 

En una entrevista con Diario de Cuba, la exjueza intentó desligarse de su responsabilidad en el fallo y dijo haber recibido instrucciones de la presidenta del Tribunal Provincial de Villa Clara y de la presidenta de la Sala de Seguridad para realizar las condenas.

«Estoy consciente de que es difícil que me vean como una víctima. Por varios años […] viví guardada tras el caparazón que me obligaba a ponerme el Gobierno cubano. Es muy difícil que hoy las personas entiendan que pienso diferente, y es muy difícil defenderme, pues en mis manos no tengo pruebas físicas. Solo podré contar con unos pocos testimonios y solo de mis familiares más allegados, pues quienes conocen la verdad no van a hablar», dijo González Pedraza.  

La exfuncionaria añadió: «hay dos verdades que quiero gritar y […] sé que en lo más profundo todos lo saben: una es que el Gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses, y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción. La segunda es que dentro de Cuba no es posible hablar y seguir siendo juez profesional».

Gónzalez Pedraza esperó su audiencia de asilo en el centro de detención Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach Florida. Este 22 de abril se realizó su corte de migración. 

El doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Fernández Estrada, obligado por la policía política a exiliarse, considera que el regreso de Melody González Pedraza a Cuba «sí puede ser grave para su seguridad, y en eso podría basarse su petición de asilo». 

Por otro lado, continúa el jurista y profesor universitario, «también entran a debate otras cuestiones como la ética, el perdón, la responsabilidad… Sabemos que, en un momento de justicia transicional, para lograr un cambio de estatus político en Cuba, de mejoramiento hacia la realización de derechos humanos, un Estado de derecho y democracia, no podría ser con borrón y cuenta nueva, pero tampoco de: “vamos a pasar por encima a todo el mundo”». 

Laritza Diversent, abogada exiliada y directora de la ONG Cubalex, apuntó en un debate promovido por elTOQUE, que, en el caso de los jueces, existen las evidencias claras (porque deben firmar documentos legales) de su participación en juicios arbitrarios y sus víctimas continúan en prisión. «Pero, ¿y los oficiales de la Seguridad del Estado que vestidos de civil reprimen a la ciudadanía, los policías que golpearon, los que dieron las órdenes? Hay muchas personas que participaron y participan en graves violaciones de derechos humanos y no podemos documentar sus casos: nombres, víctimas, evidencias de los hechos…, y que están entrando también a Estados Unidos», agregó Diversent.

La crisis económica y social cubana, que afecta a la mayoría de las personas sin importar ideologías o lealtades políticas, también ha empujado a marcharse al extranjero a funcionarios gubernamentales y partidarios del oficialismo.

Hasta febrero de 2025, el proyecto «Represores Cubanos» «ha identificado, investigado y expuesto a mil 130 represores cubanos violentos, de cuello blanco y de otras categorías, de los cuales 135 residen en Estados Unidos o estaban en camino hacia este país», informó la FHRC en una nota de prensa.  

Base de datos «para la justicia transicional»

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba creó a mediados de 2017 una lista (en constante actualización) de personas vinculadas con «violaciones graves de derechos humanos, delitos internacionales y otros reconocidos por el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad», y que residen actualmente en los Estados Unidos.

Según la organización, «la presencia de estas personas en territorio estadounidense, buena parte de ellas vinculadas a cuerpos represivos militares y paramilitares de la dictadura cubana, plantea serios riesgos para la seguridad nacional [de EE. UU.]. Se ha documentado que muchos de estos represores han ingresado al país bajo declaraciones falsas a las autoridades de inmigración, lo que además de ser un delito federal compromete la integridad del sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales». 

Luis Domínguez explica que la mayoría de las denuncias llegan a través de los canales de información del proyecto. Luego verifican «con mucha rigurosidad los detalles y se completan los datos (nombre, dirección en Estados Unidos, vía de entrada, documentos disponibles, cargos en Cuba o la vinculación con violaciones de derechos humanos)». El investigador dijo a El Estornudo que hacen todo lo posible para no equivocarse al señalar a un presunto represor, «porque podemos dañar una vida».

Según la información disponible en la página oficial de la iniciativa, la lista permite visibilizar y documentar abusos (algunos no son casos aislados, sino patrones identificables); respaldar posibles procesos judiciales o sanciones fiscales (cortes internacionales y gobiernos emplean estas listas como insumos preliminares para abrir investigaciones, imponer sanciones económicas o restringir visados); proteger a víctimas y testigos; y servir como herramienta de memoria y verdad, que contribuyan a procesos de justicia transicional y reconciliación.

Para la intelectual cubana Hilda Landrove, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), «por ahora estos procesos son lo más cercano que hay a un asomo del fin posible de la impunidad (aunque dislocado e incompleto). Es entendible que frente a eso, el resentimiento y la rabia emerjan de maneras que no tienen nada que ver con la justicia sino con la venganza. Casi siete décadas de crímenes impunes producen eso; no se puede aplazar la justicia durante tanto tiempo y esperar que cuando logre manifestarse, lo haga sin excesos». 

En opinión de Landrove, «que tengamos, eventualmente, un país de vuelta, dependerá de que la rabia sea reconducida a la justicia y no a la venganza. Hay mucho en juego, y el contexto en que está sucediendo es muy riesgoso, marcado por el rechazo a los migrantes y el desprecio por el debido proceso y los derechos humanos, sin los cuales no es posible tampoco justicia alguna».

Rechazos, asilos y autodeportaciones

A inicios de abril también se conoció que se habría «autodeportado» a la isla Misael Enamorado Dáger, ex secretario del PCC en Santiago de Cuba y ex miembro del Comité Central de la misma organización política que gobierna el país desde hace décadas. 

Enamorado Dáger llegó a Estados Unidos en 2023 a través del programa de Parole Humanitario, e intentó acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, pero no logró obtener la residencia permanente. 

En los últimos años se ha conocido de varios funcionarios del Estado cubano que intentaron ingresar a Estados Unidos por diversas rutas, incluyendo la solicitud de «asilo político». Algunos fueron rechazados durante el proceso, como Liván Fuentes Álvarez, quien fue presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, entre 2019 y 2022.

A mediados de marzo de 2024, a Fuentes Álvarez le negaron el permiso de vuelo para viajar a Estados Unidos por el Parole, al momento de abordar una aerolínea chárter.

Sin embargo, su antecesora en el mismo cargo, Arelys Casañola Quintana, se instaló en Kentucky tras pedir asilo en la frontera sur el 20 de abril de 2024. La exdirigente alegó «miedo al socialismo».

Por otro lado, Evelio Eduardo Velázquez Infante, exoficial de la Seguridad del Estado cubano, conocido como el «mayor Eduardo», también decidió regresar a la isla desde Estados Unidos, a donde emigró en 2023 como beneficiario del parole humanitario implementado por la Administración de Joe Biden. Hacía cinco años se había retirado del Ministerio del Interior (Minint).

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba describe a Velázquez Infante como «un oficial operativo del Ministerio del Interior que trabajaba en la Sección 21 de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga». 

La información sobre él también incluye que el «mayor Eduardo» habría reprimido a varios opositores de Las Tunas, «como el periodista independiente Alberto Méndez Castelló», entre otros.

Luis Domínguez también informó que el 16 de abril viajó a Cuba y podría tener la intención de quedarse, Leandro Rubén Garnica González, de 78 años, presunto exoficial del Departamento de Seguridad del Estado en Cienfuegos y Villa Clara, tras vivir durante más de una década en Estados Unidos e intentar obtener, sin éxito, la ciudadanía.  

«Es el primero que aparece en la lista de 108 personas que le entregamos al congresista cubanoamericano Carlos Giménez y él entregó a la Administración de Donald Trump. Además, es el quinto entre quienes han salido del país, han sido detenidos o están en corte», señaló Domínguez. 

El investigador del proyecto de «Represores Cubanos» declaró que tienen «los nombres y testimonios de tres víctimas de Garnica González: Orlando Chinea Pare, Mario Osvaldo Ruiz Fleites y Jorge Luis Brito Rodríguez. Este último contó en entrevista al también investigador de la Fundación, Rolando Cartaya, que durante meses en prisión en los años 1993-1994, pasó por constantes interrogatorios con Garnica González en el Departamento Técnico de Investigaciones de Cienfuegos, y recibió maltratos y torturas para obtener falsas confesiones».  

Los casos de personas acusadas de ser «represores cubanos» en Estados Unidos que se han denunciado públicamente han generado alarmas entre las organizaciones de derechos humanos y las víctimas del 11J, pero también han abierto un debate sobre justicia, responsabilidad y reparación.

Mientras cientos de presos políticos cumplen largas condenas en cárceles cubanas por ejercer su derecho a la protesta, algunos de sus verdugos cruzan fronteras y buscan refugio en el mismo país al que han acusado de promover cada crítica o acción contraria al régimen del PCC. Es la razón por la que muchas familias sienten que la impunidad se disfraza de exilio y que la memoria del sufrimiento de quienes aún están tras las rejas corre el riesgo de ser borrada.