Raúl Castro cumplió 94 años este 3 de junio mientras los últimos nietos, o los bisnietos ya, de la Revolución cubana se portaban inusitadamente mal bajo las mismas narices del régimen.
No fueron esta vez los «marginales» de San Isidro o La Güinera, carne de presidio por «desacato» y «desobediencia», reprimidos con feroz violencia policial y desorbitadas condenas judiciales a raíz del estallido social en julio de 2021 y, luego, cada vez que ha asomado en cualquier parte el fantasma de la protesta ciudadana. Tampoco se trata de los I220A y los beneficiarios por el parole humanitario en Miami, no se trata de los cientos de miles que en estos años se fueron por «la ruta de los volcanes», gente —en su mayoría jóvenes— que al fin y al cabo abandonó el barco tras los «cantos de sirenas» o, por lo que sea, no tuvo la entereza para continuar resistiendo en su trinchera diaria el hambre y los apagones.
Ahora los «ingenuos» o los «confundidos», los «manipulados» desde el exterior, las víctimas propiciatorias de la «guerra mediática», serían esos otros jóvenes ejemplares que han decidido quedarse, o bien que todavía no se han ido y en todo caso asisten cada día a las aulas universitarias… Hasta que se han puesto, juntos, a sacar cuentas.
No parece casual que los alumnos de la Facultad de Matemática y Computación (MatCom) de la Universidad de La Habana (UH) estuvieran entre los primeros en convocar el martes a un paro estudiantil —desde este 4 de junio— en contra del «tarifazo» anunciado el 30 de mayo último por Etecsa, el emporio estatal de las telecomunicaciones en Cuba.
No es que el cálculo inmediato sea difícil: los clientes del servicio móvil solo podrán hacer recargas a su saldo principal hasta un máximo de 360 CUP (equivalente a 6 GB) en un periodo de 30 días; después tendrán que pagar en dólares por utilizar una red ineficiente e intervenida por la vigilancia y la censura estatal. En un país donde el salario mínimo no supera los dos mil 100 pesos (entre cinco y seis dólares en el mercado negro de divisas), habría que disponer ahora, por ejemplo, de tres mil 360 pesos para adquirir solo tres gigabytes.
Hay, sin embargo, una noción de límite —o cierta estocástica de la ruina y el hastío— cuya fórmula incorpora variables como el avance de la pobreza y, sobre todo, de la desigualdad social, las cuales se desagregan en escasez e inflación de todas las cosas, en improductividad del campo y de la empresa estatal socialista, en días sin agua y noches sin luz. También entran ahí la silenciosa crisis migratoria de estos años y el callejón sin salida demográfico, la falta de libertades cívicas y, por tanto, de participación social efectiva, la sistemática represión del disenso, el nepotismo y la corrupción política y económica de las élites, el cinismo, la mendacidad y la insensatez proverbiales del discurso oficial…
Y esa álgebra compleja —pero rotunda, categórica— de la realidad es lo que funda el gesto, sin precedentes en más de 60 años, de quienes demandan al monopolio estatal no solo «la revocación de las nuevas medidas impuestas», sino la rendición de cuentas al estudiantado por parte de «los principales responsables» y, finalmente, «la participación conjunta en la propuesta de solución de todos los sectores de la sociedad afectados por esta medida».
Puesta así, la reivindicación es, más que económica, de índole política: lo que se pone en juego, inesperadamente, es la posibilidad de participación autónoma y, por tanto, la ruptura de las inercias propias del postotalitarismo cubano. El paro estudiantil quiebra, así sea mínimamente, el ritmo autoritario que se dicta desde arriba y se expande en ondas sucesivas a toda la sociedad.
La advertencia de los estudiantes acerca de una probable «tergiversación» de sus «revolucionarias y honestas intenciones que no se contentan con privilegios para los universitarios sino en soluciones claras para el pueblo», no solo revela un deseo o un propósito esencialmente político, la representación de una colectividad mayor (más que el alumnado mismo, el pueblo sometido a mandatos injustos), sino que apunta a un gran antagonista, no explícito, ubicado en las antípodas de los descontentos y más allá incluso de la propia Etecsa: el poder del Estado.
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El martes último circularon en canales de Telegram y en redes sociales otras cartas de protesta emitidas por alumnos de Historia del Arte de la UH y de Ciencias Médicas en La Habana y Matanzas, así como de la Facultad de Matemáticas, Física y Computación de la Universidad Central de Las Villas (UCLV). Desde entonces, universitarios en más de una quincena de facultades, correspondientes al menos a ocho planteles del país, han hecho públicas sus inconformidades y en varios casos se han adherido al paro.
La mayoría de estos focos se han articulado espontáneamente en los niveles de base de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) luego de que las primeras manifestaciones de insatisfacción entre los estudiantes y su petición de «espacios de intercambio» con los decisores fueran matizadas por la directiva de la organización y, en particular, por su presidente, Ricardo Rodríguez González, quien echó mano el lunes en televisión nacional y, al día siguiente, en redes sociales al viejo tópico de la «manipulación mediática» por los «enemigos de la Revolución».
El ámbito simbólico de la Colina Universitaria y de la FEU blinda hasta cierto punto estas protestas, las dota de una relativa legitimidad oficiosa, ciertamente inexplorada en décadas de totalitarismo, pero que se remonta a la época republicana (1922), cuando los estudiantes conquistaron —siguiendo los aires reformadores de la Universidad de Córdoba, en Argentina (1918)— y defendieron la llamada «autonomía universitaria». Y remite especialmente a una figura decisiva en la historia de Cuba, Julio Antonio Mella, cofundador de la FEU y del Partido Comunista, cuyo perfil agitador, subversivo hace parte de la historiografía oficial, pero ha sido atenuado o relegado en los libros de textos escolares y en los recetarios de la propaganda; acaso para no minar, precisamente, el control omnímodo del Estado sobre los recintos universitarios.
Que en sus convocatorias los estudiantes subrayen el carácter revolucionario de sus posturas, que aludan a la trascendencia popular de sus demandas, que pidan solidaridad a los profesores y las estructuras formales de sus respectivos planteles… constituyen, además de recursos para viabilizar sus reclamos, aprovechando «los canales establecidos», estrategias de protección en un entorno donde no existen garantías para la protesta cabalmente autónoma.
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En todo caso, la publicación y diseminación en redes sociales de los comunicados, y, señaladamente, el paro lectivo de estos días en varias facultades de la isla, ubica a sus protagonistas más allá del territorio de lo aceptable para el gobierno cubano.
La dirección de la UH aclaraba en la madrugada del miércoles que «nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes con convocatorias totalmente alejadas del espíritu que ha animado los intercambios con las organizaciones estudiantiles y juveniles». A continuación, se posicionaba explícitamente junto «al Partido Comunista de Cuba [PCC] y al Gobierno para trabajar en favor de la unidad del pueblo y la estabilidad de la nación».
«Vivimos otra hora de cerrar filas», se leía el miércoles en la cuenta oficial del PCC, que citaba a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y miembro del Buró Político. «No son pocas las manipulaciones mediáticas ni las tergiversaciones oportunistas que [los] adversarios han intentado imponer a lo largo de estos años de Revolución [con el objetivo de] sembrar el caos, promover la violencia y fracturar la paz de nuestra Patria».
«En momentos como este, no hay espacio para ingenuidades», insistía el exministro de Salud Pública. «La guerra mediática no es un juego; es un arma de desestabilización dirigida no solo contra nuestro sistema político, sino contra las verdaderas urgencias de nuestro pueblo, contra los lazos que nos unen como sociedad. Las fake news no buscan informar, sino confundir; no pretenden debatir, sino dividir».
El jueves en la noche, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, llevó a su podcast a la presidenta de Etecsa, Tania Velázquez, para justificar las nuevas tarifas. La insuficiencia de infraestructura y la necesidad de inversión serían las razones, más bien obvias, tras una medida diseñada para atraer desde el extranjero la mayor cantidad posible de dólares aun cuando ello implique un apartheid tecnológico para quienes no tienen acceso a remesas o están excluidos de las zonas más dinámicas de la economía doméstica.
Lo cierto es que los «planes de datos extra» de Etecsa convierten definitivamente a la isla, en cuanto a las telecomunicaciones y, particularmente, los servicios de Internet, en un suburbio corporativo de Miami: oclusión del mercado interno y precios costumizados para que el emigrante o el exiliado pague para ver o para recibir un mensaje por WhatsApp de sus parientes en Cuba. El modelo replica el de las tiendas cubanas en línea para el envío a domicilio de alimentos y otros artículos de primera necesidad —en su mayoría importados— o el de las Mipymes que tienen en sus anaqueles los mismos productos de los supermercados en Miami y animan al cliente a comunicarse in situ con su familiar «en el yuma» para que pague a través de Zelle.
Díaz-Canel agitó un escenario apocalíptico según el cual, de no aplicarse las medidas anunciadas por Etecsa, «estaríamos muy cerca del colapso tecnológico». También dijo que «la dirección de la Revolución jamás rehuirá el diálogo con el pueblo, porque nuestra razón de ser es justamente servir al pueblo». Ambos enunciados no son en la práctica excluyentes, sobre todo si el diálogo no implica cambiar en lo esencial las providencias del poder estatal-corporativo. Por lo demás, uno o ambos pueden ser falsos.
Mientras el gobierno hace control de daños, sin reconocer en los medios masivos la dimensión de la inconformidad universitaria, y recala en lugares comunes para descalificar las demandas y la convocatoria al paro, los estudiantes han mostrado diversidad en la interpelación de las autoridades. Algunos han intervenido públicamente sin aparente respaldo de organización alguna; véase el grupo de primer año de Letras en la Facultad de Humanidades de la UCLV, que fue más allá de las tasas de Etecsa para denunciar otros obstáculos que dificultan «la calidad de vida y el desempeño de nuestras funciones académicas»: a saber, la escasez de combustible para el transporte, «la complicada situación hidráulica de la provincia», la insatisfacción con los servicios bancarios, la inseguridad alimentaria de los becados, «la cada vez más recia situación energética».
Los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Oriente y de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Holguín se unieron al cese de clases convocado desde La Habana. A su vez, los estudiantes de Derecho de este último centro denunciaron como «anticonstitucional» la disposición de Etecsa, que viene a «dolarizar parcialmente las comunicaciones en Cuba»; rechazaron «la oferta de un plan extra mensual de 360 CUP» solo para universitarios, y emplazaron, incluso jurídicamente, «a cualquier institución o funcionario público que tome como objeto de coacción, detención, acoso, separación o sanción institucional sobre cualquier estudiante, docente o trabajador que tenga participación directa o indirecta en protestas pacíficas, manifestación o cualquiera de las formas de las cuales se valgan para exigir sus derechos».
El Consejo Ampliado de la FEU de la Facultad de Comunicación de la UH informó el miércoles que tampoco aceptarían «los 6 GB hasta que ETECSA no presente soluciones más efectivas, que tengan en cuenta a toda la población», y anunció que elaborarán allí «un informe integral sobre el consumo de internet y las afectaciones que las nuevas medidas crean al estudiantado».
Por su parte, el Consejo FEU de la Facultad de Psicología llamó este jueves a unificar las diferentes escuelas de la UH en «un espacio público de intercambio» abierto no solo para los dirigentes de la organización, sino para el «estudiantado en su totalidad». Asimismo, solicitó —como antes lo habían hecho desde la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social— «la renuncia inmediata» de Ricardo Rodríguez González, presidente nacional de la federación, «debido a la incapacidad demostrada para representar a los estudiantes».
«Reconociendo la legitimidad de las distintas vías de acción tomadas hasta el momento por las facultades», subrayaron los futuros psicólogos, «sostenemos nuestra inaceptabilidad ante las posibles sanciones o represalias hacia ningún estudiante o docente de nuestra Universidad de La Habana».
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La solidaridad ha llegado por parte de egresados y de organizaciones gremiales como, por ejemplo, la independiente Asamblea de Cineastas Cubanos, que ha seguido de cerca los reclamos expuestos por los alumnos de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Artes de La Habana.
También algunos docentes han ofrecido su acompañamiento: «Estas medidas agravan la brecha social y digital en Cuba, donde ya existen marcadas diferencias en el acceso a Internet entre zonas urbanas y rurales, entre quienes pueden costear servicios básicos, y quienes dependen del sistema eléctrico para acceder a la conectividad. En un contexto de policrisis prolongada, el aumento de tarifas excluye a amplios sectores de la población, olvidando el principio de equidad y el carácter social que debe tener un servicio público esencial en nuestro país», razonaron públicamente los profesores del Departamento de Sociología de la UH. «No se ha tenido lo suficientemente en cuenta las condiciones actuales de la sociedad cubana: digitalización, bancarización, teletrabajo, migración de servicios hacia plataformas digitales, una educación cada vez más digital, de familias transnacionales que se sostienen a través de la tecnología, entre otros procesos cotidianos. Todo ello genera más malestar y preocupación en la población».
Respecto al impacto de las medidas en «la vida científica y educativa», los académicos alertaron sobre «las consecuencias negativas para estudiantes, investigadores, profesores y la sociedad en general, puesto que «la imposibilidad de acceder a plataformas digitales, bases de datos académicos o simplemente mantener comunicación con colegas internacionales fragmenta el debilitado sistema de educación superior, destinando a Cuba a un mayor aislamiento intelectual y al rezago tecnológico. ¿Cómo se sostiene la producción de conocimiento bajo estas precarias condiciones de acceso digital?».
El jurista y profesor Julio César Guanche —quien además fue presidente de la FEU en la UH a mediados de los noventa— ve en las expresiones políticas de estas jornadas un episodio de continuidad histórica o, quizá, la emergencia puntual de una corriente hasta ahora subterránea que remite, por ejemplo, al mártir estudiantil José Antonio Echeverría, al propio Julio Antonio Mella, a Fermín Valdés Domínguez en el siglo XIX, y que estaría regida por un apotegma martiano: «Los estudiantes son el baluarte de la libertad y su ejército más firme».
Su post de Facebook sugiere la necesidad o la pertinencia intelectual de otorgarle a la protesta estudiantil un contenido que trascienda las circunstancias de este junio de 2025. Así, la movilización formaría parte de «las luchas por la república en Cuba» y los estudiantes sabrían que esa república, si se quiere democrática, «supone un ejercicio muy consciente y una demanda exigente del cumplimiento de deberes y derechos; una práctica de participación cívica y una conciencia igualitaria sobre el significado de ser ciudadanos, un ideal que pone, en primer lugar, la igualdad política y social».
«Ante la oferta corporativa de Etecsa al gremio de estudiantes, esas zonas de la FEU están respondiendo en defensa del sujeto político de la república: el pueblo», observa Guanche. «Ante las amenazas, están defendiendo el derecho a la protesta —el primero de los derechos—; ante el “paternalismo” de Estado (el paternalismo es siempre una forma de autoritarismo), que los llama, como siempre, “confundidos” e “incitados desde el exterior”, han producido algunos de los documentos políticos más importantes de Cuba en las últimas décadas».
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Detrás de la elemental racionalidad de las tarifas, del mero interés recaudatorio y de la obvia injusticia que supone la exclusión o la restricción de Internet para gran parte de los 7.3 millones de usuarios cubanos (hasta ahora con un consumo promedio mensual de casi 10 GB), se solapa el valor agregado político de esta medida impuesta por la única empresa de telecomunicaciones en Cuba.
Con la masificación paulatina del acceso a Internet, a partir del año 2018, los aparatos estatales de difusión masiva perdieron definitivamente el monopolio sobre la atención de los cubanos y, por supuesto, desde entonces el gobierno no ha hecho más que ponerle cercas al mar agitado de la web y las redes sociales: censura de medios internacionales y persecución de medios cubanos independientes, represión de activistas y opositores políticos, decretos contra los discursos críticos de la ciudadanía en espacios digitales, cortes de servicio en coyunturas de crisis, promoción de cibercombatientes, etc.
No es improbable que, en las cabezas del poder cubano, menos personas conectadas o menos tiempo de navegación por usuario, especialmente si se trata de los sectores más empobrecidos del país, eso quizá pueda hacer la diferencia entre un 11J y un domingo cualquiera.
La protesta estudiantil ahora sería un ejemplo irónico de la cuestión: la arbitrariedad es evidente, el malestar ciudadano es innegable, los estudiantes existen y se han articulado con espontaneidad en sus respectivos planteles, pero el fenómeno se ha extendido a diferentes puntos del país y, en breve tiempo, se ha ido tejiendo con variados matices —dialógica, contrapuntística, pluricéntricamente— gracias a la difusión en Telegram y la viralización de las demandas y los acuerdos en redes sociales.
Esa virtualidad de la movilización es un atributo que energiza en principio, vertiginosamente, cada uno de los focos participantes, si bien presumiblemente sea un factor de decaimiento a medida que corre el tiempo y no se pasa masivamente al espacio público real.
Quizá se trate en estos casos de una especie de «masa invisible» —o quizá mixta— que Elias Canetti no llegó a vislumbrar.
Sobre las «masas de prohibición», aquellas que toman forma en las huelgas obreras o en los paros estudiantiles, sí habló el gran escritor búlgaro en lengua alemana: «Hay algo enormemente serio y respetable en una organización de este tipo. […] no podemos menos [que] pensar en el sentido de la responsabilidad y en la dignidad de una organización semejante […] Mientras permanezca fiel a su esencia, no mostrará tendencia alguna a la destrucción».
