Tras la puesta en vigor de la medida más drástica concebida por la Administración Biden para atenuar el flujo migratorio a través de México, continúan reportándose muchas detenciones de indocumentados en diversos sectores de la frontera suroeste de Estados Unidos. Si bien aún no ha trascendido el promedio de «encuentros» diarios fuera de los puntos de acceso oficiales durante las últimas dos semanas, no parece que este cierre parcial a las solicitudes de asilo vaya a disminuir las incursiones irregulares por debajo de mil 500 cada día, el umbral fijado en la propia orden ejecutiva para su suspensión.

De hecho, la acción presidencial tuvo efecto inmediato —a partir de las 12:00 a.m. del 5 de junio—, puesto que los «encuentros» diarios entre puertos de entrada —donde sí continúan tramitándose las peticiones de asilo— superaban ampliamente la cifra de activación (dos mil 500). En mayo, la Patrulla Fronteriza realizó tres mil 800 detenciones cada jornada. 

Incluso antes de ser emitida oficialmente esta disposición, la agencia AP sopesaba la dificultad de una significativa reducción en esos arribos que permita «reabrir la frontera»; la última vez que su promedio diario de intercepciones de inmigrantes ilegales rozó los mil 500 fue en julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.

Este sábado 15 de junio, el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DPS) en la región Sur de Texas, dio cuenta en X del arresto de «un total de 131 inmigrantes ilegales por allanamiento ilegal». Los grupos interceptados, dijo, «incluían a 80 hombres y 51 mujeres de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela, Perú, Colombia, Cuba y la República Dominicana».

Cuatro días antes, el propio agente informó que habían aprehendido a 38 adultos como parte de un grupo de 88 personas que incluía a familias y niños no acompañados. Sin más detalles, indicó que los indocumentados provenían de Cuba, México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

Olivarez compartió en la red social dos videos del momento en que fueron avistados desde helicópteros los migrantes irregulares, quienes atravesaban una propiedad privada del condado de Maverick, en Texas. En tal sentido, aclaró que a los detenidos se les aplicarían cargos penales por allanamiento en el Centro de Procesamiento de Val Verde.

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De acuerdo con Olivarez, esos despliegues son parte de la polémica Operación Estrella Solitaria que decretó en 2021 el gobernador Greg Abbott en respuesta a la postura migratoria del presidente Joe Biden, considerada por el político republicano como muy laxa en comparación con la impuesta por la Administración Trump. 

Por supuesto, dicha operación de alcance estatal sigue en pie aun con el advenimiento de la nueva política de la Casa Blanca, mediante la cual Biden busca remontar en materia de inmigración a pocos días del primer debate en la actual campaña presidencial frente a Donald Trump. (Es más: se espera que este martes 18 de junio el Ejecutivo norteamericano anuncie otro paquete de medidas que beneficiará a alrededor de 1.1 millones de inmigrantes; según ha trascendido, protegería a aquellos casados con estadounidenses, agilizaría los permisos de viajes para dreamers y ampliaría el programa de Estatus de Protección Temporal).

Ciertamente, la orden presidencial activada el 5 de junio —bajo las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad— suspende la entrada de no ciudadanos que crucen ilegalmente, es decir, permite a los funcionarios realizar deportaciones inmediatas, sin atender a los reclamos de asilo, hasta pasadas dos semanas de que se haya determinado una media inferior a mil 500 intercepciones durante siete días consecutivos. Sin embargo, ni siquiera en las actuales circunstancias, ello implica un cierre total de la frontera.

Por ejemplo, quedan exentos de su aplicación los niños no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata de personas y quienes presenten una urgencia médica aguda o una amenaza inminente y extrema para la vida y la seguridad.

La normativa tampoco afecta las citas adelantadas, a través de la aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (conocida como CBP One), para presentar una solicitud de asilo en alguno de los ocho puertos de entrada en la frontera con México.

Desde Washington, Joe Biden subrayó: «Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me diré de los inmigrantes que “están envenenando la sangre” de un país. Además, nunca he separado a los niños de sus familias en la frontera. No le prohibiré a gente venir a este país debido a sus creencias religiosas. […]». Se desmarcaba así de aspectos concretos que Donald Trump ha dicho que retomaría o llevaría a cabo si resultase elegido en noviembre próximo.

Eso sí, el mandatario reconoció en su presentación, como una «sencilla verdad» que existe «una crisis migratoria mundial» y sostuvo que, a fin de «proteger a Estados Unidos como una tierra que da la bienvenida a los inmigrantes, primero hay que asegurar la frontera, y asegurarla ahora».

«Los migrantes no podrán recibir asilo en nuestra frontera sur a menos que lo soliciten tras entrar mediante un proceso legal establecido. Aquellos que buscan venir legalmente a Estados Unidos, por ejemplo, haciendo una cita y llegando a un puerto de entrada, el asilo seguirá estando disponible», precisó Biden, quien añadió que «esta prohibición permanecerá activa hasta que el número de personas que intentan ingresar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar de manera efectiva».

Por supuesto, el inquilino de la Casa Blanca estimó que la medida hará más fácil para los funcionarios de inmigración expulsar a aquellas personas que no tienen una base legal para quedarse en Estados Unidos, además de que reducirá la carga de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

«Estoy dejando atrás la obstrucción republicana y estoy utilizando la autoridad ejecutiva […] para hacer lo que pueda por mi cuenta para abordar el manejo de la frontera», destacó el gobernante, en una crítica directa a la bancada rival en el Congreso, que ha rechazado más de una vez su propuesta de reforma migratoria «bipartidista». De hecho, arremetió contra Trump y sus correligionarios al afirmar que son ellos quienes «no quieren arreglar» esta cuestión, precisamente, para usarla en su contra.

«Seguimos trabajando estrechamente con nuestros vecinos mexicanos, en lugar de atacarlos. Y ha funcionado. Construimos una sólida asociación de confianza entre el presidente mexicano [Andrés Manuel] López Obrador, y voy a hacer lo mismo con la presidenta electa de México», explicó.

En tanto, la semana pasada el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Luis Miranda, no solo confirmó —a través de la página oficial en Facebook del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez— que ya estaba en marcha la disposición presidencial, sino resaltó además que desde su entrada en vigor se había duplicado la cantidad de personas que a diario son referidas hacia la deportación acelerada.

Aseguró también que se ha seguido aplicando «consecuencias […] a las nueve mil personas que ya estaban en custodia de la Patrulla Fronteriza, y otros que estaban en custodia del Departamento de Aduanas y Migración».

«El que cruce ilegal por el rio Bravo, el desierto o salte el muro se considera como un cruce ilegal y bajo esta orden del presidente no es elegible para el asilo», insistió Miranda. «Tenemos muchas vías legales para que la gente aproveche cuando verdaderamente necesita protección. Tenemos procesos de parole humanitario y tenemos habilitadas citas para presentarse en un puerto de entrada, con la aplicación CBP One. Las personas que no usen esas vías legales no serán elegibles para el asilo».

El funcionario advirtió que bajo la Ley de Inmigración «hay consecuencias que son muy claras, como la deportación, [según la cual] quedan vetados para entrar a Estados Unidos por cinco años o más y también […] puede haber cargos criminales para personas que están reincidiendo en intentar ese cruce ilegal». Y recalcó: «Tampoco son elegibles para el programa de parole humanitario los cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que hayan cruzado ilegalmente y hayan sido deportados».

Miranda recordó asimismo que «el asilo existe para ciertas categorías limitadas de grupos protegidos» y que, por tanto, «no aplica para personas que están viajando únicamente por razones económicas o por razones de violencia generalizada».

Por otro lado, puso de relieve el éxito del sistema de citas adelantadas a través de CBP One. «Medio millón de personas han podido hacer citas en el último año gracias a esta aplicación; eso es mucho mayor a lo que se hacía antes de que existiera, y la vamos a seguir usando porque funciona muy bien», dijo.

Cada día se otorgan mil 450 citas mediante la aplicación CBP One, una cifra que al parecer se mantendrá inamovible pese al aumento de la demanda registrado tras el reciente blindaje parcial en la frontera con México ordenado por Biden.

Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se procesaron en abril pasado 41 mil 400 individuos a través de citas en puertos de entrada utilizando CBP One.

Desde que se habilitó esa vía, en enero de 2023, más de 591 mil migrantes habían programado con éxito citas para presentarse en los ocho puertos de entrada de la frontera con México, en lugar de arriesgar sus vidas en viajes por cuenta propia o en manos de traficantes. La mayoría de los beneficiados provienen de Cuba, Haití, Honduras, México y Venezuela.

El propio reporte indica que hasta abril habían sido favorecidos con el programa de parole humanitario de la Administración Biden, activo desde a inicios del año precedente, 95 mil 500 cubanos. En total, más de 434 mil 800 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela habían sido aprobadas para viajar gracias a esa iniciativa, que otorga un máximo de 30 mil visas mensuales en beneficio de dichas nacionalidades.

También a mediados de mayo se conoció —tras actualizarse los datos activos de la CBP— que en el mes anterior llegaron a Estados Unidos 17 mil 870 cubanos, la gran mayoría por tierra. Aunque la cifra fue menor que las de marzo (19 mil 571) y febrero (20 mil 815), superó la correspondiente al mismo periodo de 2023.

Desde octubre, cuando comenzó el año fiscal 2024, llegaron a territorio estadounidense 144 mil 478 cubanos. Una elocuente demostración de que aún no encuentra fin la crisis migratoria desatada a finales de 2021.