Puerto Padre. _ El presidente Donald Trump dijo este domingo que “está hablando con Cuba, y lo sabrán muy pronto”; y dice Trump que uno de los grupos que quiere proteger son “las personas que vinieron de Cuba” porque “fueron obligadas a irse o abandonadas bajo presión, y que en este momento son grandes ciudadanos de los Estados Unidos”.
Más claro, ni el agua clara. ¿No?
Washington estaría pidiendo a La Habana la restitución de los derechos naturales, entiéndase de ciudadanos cubanos, de los cubanoamericanos, esto es, devolver a esas personas “obligadas a irse o abandonadas bajo presión”, todos los derechos de que fueron privados ellos, ciudadanos cubanos por nacimiento, y, por consiguiente, también sus hijos, que son ciudadanos cubanos con plenos derechos, aunque nacieran fuera del territorio nacional.
Dicho más simple. Trump estaría diciendo que su administración está abogando para que el régimen del general Raúl Castro devuelva los derechos civiles, económicos, políticos y sociales conculcados a todos los cubanos que debieron salir de Cuba, “obligadas a irse o abandonadas bajo presión”, esto es, como resultado de las políticas del régimen totalitario castrocomunista y que en este momento son “ciudadanos de los Estados Unidos”.
Y las palabras de Trump no son hueras, ¡no!, tienen sostén jurídico en el derecho constitucional cubano. Respecto a la ciudadanía el artículo 12 de la Constitución de 1940 dice: “Son cubanos por nacimiento:
b) Los nacidos en territorio extranjero de padre o madre cubanos, por el sólo hecho de avecindarse aquellos en Cuba.
- Los que, habiendo nacido fuera del territorio nacional de la República de padre o madre natural de Cuba que hubiesen perdido esta nacionalidad, reclamen la ciudadanía cubana en la forma y con sujeción a las condiciones que señale la Ley.” Y este es el caso, por ejemplo _y sólo un ejemplo_ de los hijos de los prisioneros de la Brigada 2506, quienes junto con la sanción penal fueron declarados “apátridas”
Concerniente a los derechos políticos el artículo 10 de la propia Constitución expresa: “El ciudadano tiene derecho:
- A residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones o creencias religiosas
- A votar según disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la República.
- A desempeñar funciones y cargos públicos.”
Referente a la seguridad jurídica de la propiedad privada el artículo 24 de la Constitución de 1940 Confirma: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por los tribunales de justicia, y en su caso, reintegrado en su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá decidirla a los tribunales de justicia en caso de impugnación.”
Ocioso resulta decir que a millones de cubanos y de sus hijos que hoy residen no sólo en Estados Unidos sino en otros muchos lugares del mundo, les fueron conculcados esos derechos que les asisten hoy y siempre, por nacimiento, por naturaleza. Y, óiganme, a los que dicen, “no, si fulanito de tal, es hijo de padres cubanos, sí, pero ellos se fueron antes de la “revolución”, tengo que decirles algo.
Si fuera preciso marcar una fecha que defina ese estado de necesidad, jurídicamente hablando, pero que constituyeron aprietos cívicos y humanos de esas personas, “obligadas a irse o abandonadas bajo presión”, en su país y también por gobiernos de naciones vecinas, según dice el presidente Trump, esa fecha, personalmente, yo, la emplazo, sí, la demando como ciudadano cubano y como criminalista por los antecedentes del delito, que datan desde antes del 1 de enero de 1959, inicio del régimen castrocomunista, sino desde la madrugada del 10 de marzo de 1952, día del golpe de Estado de Fulgencio Batista y demás complotados, quienes, con ese hecho delictivo, romperían un orden democrático, todavía perfectible, pero que daría paso a una guerra civil, sangrienta, y al final a un régimen totalitario que recién cumplió 67 años de poder absoluto, omnímodo: la dictadura comunista de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Cierto. Las oleadas migratorias provocadas por el comunismo en Cuba a partir del año 1959 y hasta el presente, no pueden de ninguna forma compararse con la migración cubana producida hasta 1958. Así y todo, en 1952, el año del golpe de Estado del 10 de marzo, y según cifras de la época de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, sólo 3 mil 577 cubanos recibieron visas de residentes, mientras que ya para 1954, esa cifra se había más que duplicado y los cubanos que recibieron visas de residentes en Estado Unidos fueron 7 mil 995.
Y estas cifras en muchos casos, en muchísimas personas, su salida de Cuba ocurrió “obligadas a irse”, según palabras de Trump, pero en el contexto de lo que los marxistas llaman “situación revolucionaria”, conceptuada cuando los de abajo (las masas) no aguantan más y los de arriba (los poderes del Estado) no pueden sostenerse, situación esta que ocurriría con la dictadura de Batista y muy enconadamente entre noviembre de 1956, (alzamiento en Santiago de Cuba) y diciembre de 1958, (huida de Batista) cuando no sólo castristas sino la sociedad civil en su conjunto, incluidos viejos y jóvenes, mujeres y hombres, estudiantes, intelectuales y hombres de negocios, muchos pudientes, se vincularon directamente o indirectamente, aportando capital para la lucha contra la dictadura, entre ellos, ciudadanos españoles y estadounidenses familiares míos residentes en Cuba, cuyos hijos y nietos de madres cubanas son hoy parte de la diáspora.
Es un hecho histórico, si a su acomodo el régimen de Fulgencio Batista fracturó la Constitución de 1940 en 1952, de igual forma Fidel Castro lo haría en 1959; y si Batista la llamó, “Estatutos constitucionales”, los castristas la rotularían “Ley Fundamental”, torciéndola para así simulando legalidad, liquidar la propiedad privada, el debido proceso y metiendo en el puño de Fidel Castro los poderes del Estado, por igual el administrativo, el legislativo y el judicial.
Así y todo, de forma legítima, la Constitución de 1940 es sólo una y debía estar llamada como la única Ley de leyes lícita que existe _cualquier otra legislación es espuria por nacida de una dictadura_ para regir la transición del totalitarismo a la democracia en Cuba, proceso en que no debe faltar ningún cubano, incluidos mis nietos ciudadanos estadounidenses como tantos otros, hijos de cubanoamericanos a los que un día llamaron “gusanos”, “escorias” o “contrarrevolucionario”, como me llaman a mí, porque Cuba es de todos los que la llevamos en la sangre, y no de un puñado, los que la sangran.
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