MIAMI, Estados Unidos — Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea cubana, fue trasladado a Miami para comparecer ante un tribunal federal por un cargo de “conspiración para matar a nacionales de Estados Unidos”, relacionado con su presunta participación en la operación militar que derribó dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
Fuentes familiarizadas con el caso confirmaron el traslado a Telemundo 51. González-Pardo, de 65 años, se encontraba bajo custodia federal en Jacksonville después de ser condenado en un proceso separado por declaraciones falsas durante un trámite migratorio.
La acusación, presentada el 23 de abril y hecha pública por el Departamento de Justicia de EE.UU. el 20 de mayo, imputa a González-Pardo únicamente el cargo de “conspiración para matar a nacionales estadounidenses fuera del territorio del país”. En caso de ser declarado culpable, la legislación federal permite imponerle cualquier período de prisión, incluida la cadena perpetua.
El exmilitar no está acusado directamente de disparar los misiles que destruyeron las aeronaves ni figura en los cuatro cargos de asesinato y los dos de destrucción de aviones incluidos en el expediente. Esas imputaciones recaen exclusivamente sobre Raúl Castro Ruz y el expiloto Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
Los fiscales sostienen, sin embargo, que González-Pardo integró el grupo de aviadores preparado para intervenir en la operación y que participó en la persecución de una tercera avioneta de Hermanos al Rescate que consiguió regresar a Florida.
Según la acusación, González-Pardo se encontraba a bordo de un caza identificado como MiG 4 cuando fueron derribadas las dos primeras aeronaves. Desde allí habría escuchado por radio las solicitudes de autorización para abrir fuego, la autorización concedida por la cadena de mando y la confirmación de que los aviones civiles habían sido destruidos.
Después de los derribos, González-Pardo y los tripulantes de otro caza despegaron desde la base aérea de San Antonio de los Baños para incorporarse a la persecución de la tercera aeronave, matrícula N2506, “con la intención de destruir también esa aeronave”, de acuerdo con el documento judicial.
La avioneta logró escapar mientras volaba cerca del paralelo 24 y regresó al sur de Florida. La Fiscalía afirma que los cazas cubanos la persiguieron pese a que se encontraba fuera del territorio de Cuba y se alejaba de la Isla.
Los fiscales también atribuyen a González-Pardo la participación en ejercicios efectuados antes del ataque para localizar, seguir e interceptar pequeñas aeronaves civiles que volaban a baja altura y poca velocidad. Esos entrenamientos habrían formado parte de la preparación de la llamada Operación Escorpión.
Las otras dos avionetas de Hermanos al Rescate fueron destruidas con misiles aire-aire sobre aguas internacionales, sin advertencia previa, según la acusación federal. En ellas viajaban Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, quienes murieron en el ataque.
La organización Hermanos al Rescate, fundada en Miami, realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar a cubanos que intentaban abandonar la Isla por mar y alertar sobre embarcaciones o personas que necesitaran ayuda.
El expediente sostiene que agentes de la inteligencia cubana infiltrados en el sur de Florida recopilaron y transmitieron a La Habana información detallada sobre sus operaciones, incluidos planes, horarios y rutas de vuelo. Esos datos habrían sido utilizados por las autoridades cubanas para planificar el ataque.
Además de González-Pardo, Raúl Castro y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, la acusación incluye a los antiguos militares Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas.
El primer cargo sostiene que los seis acusados conspiraron para matar a nacionales estadounidenses fuera de EE.UU. mediante el derribo de las aeronaves, con información proporcionada por la red de espionaje cubana que operaba en Miami. Los fiscales afirman que el objetivo también era intimidar y tomar represalias contra opositores dentro de Cuba y contra miembros del exilio.
La fiscal federal Yara Klukas, segunda al mando de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, declaró a Telemundo 51 que el Gobierno estadounidense mantuvo durante décadas los elementos que sustentan el proceso. “Las evidencias siempre existieron”, afirmó Klukas.
La funcionaria explicó que la detención de González-Pardo permitió a las autoridades estadounidenses avanzar contra al menos uno de los acusados. Sobre la posibilidad de que los demás procesados lleguen a comparecer ante un tribunal estadounidense, agregó: “Tenemos muchas avenidas para que esos demandados aparezcan aquí en la corte”.
El traslado a Miami ocurrió después de que González-Pardo fuera condenado el 28 de mayo a siete meses de prisión en Jacksonville por realizar declaraciones falsas en su solicitud de residencia permanente. La pena se encontraba prácticamente cumplida debido al tiempo que llevaba detenido, informó Telemundo 51.
El Departamento de Justicia había acusado al exmilitar en noviembre de 2025 de ocultar casi tres décadas de servicio en la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba.
En su formulario migratorio, presentado alrededor del 20 de abril de 2025, González-Pardo respondió negativamente a preguntas sobre entrenamiento militar, pertenencia a organizaciones armadas y servicio en fuerzas militares o policiales, pese a que había formado parte de la institución castrense cubana entre 1980 y 2009, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.
El caso migratorio permitió mantenerlo bajo custodia mientras avanzaba la investigación sobre los hechos de 1996. Tras declararse culpable y recibir sentencia en Jacksonville, quedó a disposición de las autoridades del Distrito Sur de Florida para responder por la nueva imputación.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó en julio de 1996 el uso de armas contra las avionetas civiles y respaldó las conclusiones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Mediante la Resolución 1067, el organismo multinacional consideró ilícito el derribo y recordó que los Estados deben abstenerse de utilizar armas contra aeronaves civiles en vuelo.
El régimen cubano sostuvo que las avionetas habían violado el espacio aéreo nacional. Sin embargo, las investigaciones internacionales y la acusación federal estadounidense sitúan los derribos fuera del territorio cubano, sobre aguas internacionales.
González-Pardo deberá escuchar formalmente la imputación ante un juez federal en Miami, quien también determinará las condiciones de su detención mientras continúa el proceso.
