MIAMI, Estados Unidos — El Centro de Información Legal Cubalex alertó este lunes sobre el grave riesgo que enfrentan Yaquelín García Jaén, Yunaiky Linares Rodríguez y Wendolín Campuzano Almaguer, tres mujeres privadas de libertad que iniciaron huelgas de hambre y sed en distintos centros de detención de Cuba para protestar contra arrestos, condenas, abusos y restricciones denunciados en su contra.
“La prolongación de estas huelgas aumenta el riesgo de daños graves e irreversibles, especialmente en un contexto de represalias, falta de información y condiciones inhumanas de reclusión”, advirtió la organización en sus redes sociales.
Yaquelín García Jaén, recluida en la prisión para mujeres El Talaje, en la provincia de Granma, permanece en huelga de hambre desde el 23 de mayo. El 6 de junio también dejó de consumir líquidos después de que las autoridades impidieran a su hijo verla y comunicarse con ella, de acuerdo con la denuncia de su familiar recogida por Cubalex.
La activista llevaba más de dos semanas sin ingerir alimentos cuando la organización publicó la alerta. El comienzo de la huelga de sed elevó considerablemente el peligro para su salud y su vida, debido al riesgo inmediato de deshidratación y fallos orgánicos.
García Jaén fue detenida el 8 de noviembre de 2024 en su vivienda de Bayamo durante un registro de agentes de la Seguridad del Estado. Inicialmente fue acusada de venta ilícita de alimentos, pero las autoridades cambiaron después la imputación por el presunto delito de “instigación a delinquir”, documentó Cubalex.
La organización denunció entonces que el registro y la detención se produjeron sin que la familia recibiera una orden válida, que la activista no tuvo acceso inmediato a un abogado y que permaneció incomunicada. El 19 de noviembre de 2024 fue trasladada a El Talaje.
Cubalex también informó que las autoridades la habían presionado para que abandonara su activismo político a cambio de mejores condiciones de reclusión. García Jaén ya había iniciado una huelga de hambre después de su arresto, en protesta por lo que consideraba una acusación fabricada.
Yunaikys Linares Rodríguez, manifestante del 11J, comenzó una huelga de hambre y sed el 5 de junio en la estación policial de El Capri, en La Habana. La joven permanece allí desde su detención tres días antes, en el contexto de una protesta por los apagones en el reparto Santa Amalia, municipio de Arroyo Naranjo.
Cubalex denunció que integrantes de Fuerzas Especiales la arrestaron arbitrariamente y la golpearon. En un video grabado después de su detención, Linares Rodríguez describió los abusos que habría sufrido durante el traslado.
“Estoy golpeada, me asfixiaron, el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme. Me negaron asistencia médica y agua”, afirmó.
Las autoridades pretenden revocarle el beneficio de libertad condicional que recibió en 2025, según información comunicada a Cubalex. Su familia también fue advertida sobre un posible traslado a una institución psiquiátrica para someterla a una evaluación, aunque hasta el momento no se conocen las razones de esa medida ni su situación jurídica actual.
Linares Rodríguez fue condenada inicialmente a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de “sedición”, debido a su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La pena fue reducida posteriormente a ocho años.
Durante su encarcelamiento en la prisión de mujeres de El Guatao, la joven denunció golpizas, aislamiento, amenazas y represalias. Cubalex informó en noviembre de 2024 que padecía asma y trastornos de tiroides, condiciones que podían agravarse debido a las condiciones carcelarias y la falta de atención médica adecuada.
Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos e hija del periodista exiliado Armando Campuzano Guyón, inició una huelga de hambre y sed después de conocer, el 2 de junio, que había quedado firme una sentencia de dos años de privación de libertad en su contra. Fue trasladada a la prisión para mujeres de El Guatao.
Su padre dijo a CubaNet que recibió una breve llamada en la que su hija le comunicó la decisión judicial. El juicio se había celebrado el 15 de abril, pero la sentencia no fue informada al concluir la vista oral y permaneció pendiente durante todo mayo.
“Finalmente se hizo firme la sentencia a su juicio del pasado 15 de abril; le echaron dos años de privación de libertad”, declaró Campuzano Guyón.
El periodista calificó el proceso como una represalia por sus denuncias desde el exilio y por la publicación de su libro Cuba, el Titanic del Caribe. “Fue una sentencia para mí falsa. Fue un juicio amañado”, sostuvo.
La Fiscalía había solicitado inicialmente seis años de prisión. Campuzano Guyón explicó que el expediente contenía acusaciones políticas y el supuesto delito de “atentado”, aunque durante el juicio el caso se concentró en una presunta agresión contra una oficial de la Policía, hecho que el periodista negó.
Antes de terminar la llamada del 2 de junio, Wendolín dijo a su padre: “Me voy a plantar”.
Cubalex ha presentado su caso como un ejemplo de “represión por asociación”, una práctica mediante la cual las autoridades presionan o castigan a familiares de opositores, activistas, periodistas y exiliados críticos. La organización documentó que un agente le habría dicho a la joven: “Tú vas a pagar lo que el gusano de tu padre hizo”.
Hasta el 4 de junio, Campuzano Almaguer continuaba en huelga, según la información proporcionada por su padre. La incomunicación posterior impidió obtener una actualización independiente de su estado, mientras surgieron temores sobre posibles intentos de hidratación forzada para obligarla a abandonar la protesta.
Cubalex exigió información inmediata sobre la salud y la situación legal de las tres mujeres, además del cese de las represalias y los malos tratos. El aislamiento y la ausencia de información médica dificultan comprobar si reciben vigilancia clínica, tratamiento adecuado o acceso a familiares y abogados.
La Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial establece que las huelgas de hambre suelen ser utilizadas por personas detenidas que carecen de otros medios para hacer públicas sus demandas. El documento exige respetar la autonomía y las decisiones informadas de los huelguistas y considera éticamente inaceptable la alimentación forzada de una persona competente que rechaza voluntariamente la nutrición.
Los tres casos coinciden con un incremento sostenido del número de encarcelados por motivos políticos en Cuba. Prisoners Defenders registró 1.260 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de abril pasado, la cifra más alta documentada por la organización. El listado incluye a 142 mujeres y 35 personas detenidas cuando todavía eran menores de edad. Al menos 449 prisioneros padecían enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura o la negación sistemática de atención médica.
