MIAMI, Estados Unidos ― El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó demandas civiles para revocar la ciudadanía estadounidense de las cubanas Leidys Delmas García y Milagros Marileisis Acosta Torres, ambas condenadas previamente por delitos financieros que, de acuerdo con el Gobierno, comenzaron antes de sus respectivos procesos de naturalización y fueron ocultados a las autoridades migratorias.
Las dos mujeres, residentes en el sur de Florida, forman parte de un grupo de 17 ciudadanos naturalizados contra quienes la Administración de Donald Trump inició acciones de revocación de la ciudadanía en tribunales federales de varios estados.
La presentación de las demandas no significa que Delmas García y Acosta Torres hayan perdido ya la ciudadanía. Los procedimientos son civiles y corresponde a jueces federales determinar si el Gobierno logra demostrar que las acusadas obtuvieron la naturalización ilegalmente, mediante el ocultamiento de hechos relevantes o a través de declaraciones falsas deliberadas.
El caso de mayor cuantía económica es el de Leidys Delmas García, de 54 años, condenada por su participación en una conspiración que utilizó 30 clínicas de fisioterapia del sur de Florida para facturar casi 36,73 millones de dólares en servicios que no eran médicamente necesarios o que nunca se prestaron.
La demanda, presentada el 4 de junio ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, sostiene que Delmas García comenzó a participar en la trama aproximadamente en octubre de 2018, meses después de solicitar la ciudadanía y antes de su entrevista de naturalización.
La mujer presentó su formulario N-400 el 6 de abril de 2018. Durante una entrevista bajo juramento, celebrada el 3 de enero de 2019, respondió que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestada y que tampoco había proporcionado información falsa o engañosa a funcionarios estadounidenses para obtener un beneficio migratorio.
Delmas García prestó juramento como ciudadana estadounidense el 19 de enero de 2019. Para ese momento, afirma el Departamento de Justicia, ya participaba en la conspiración y no informó de esas actividades al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con los hechos que admitió al declararse culpable en julio de 2023, la cubana y sus cómplices establecieron y administraron clínicas fraudulentas, pagaron sobornos a reclutadores y pacientes, y enviaron a la compañía de seguros médicos Blue Cross Blue Shield reclamaciones por tratamientos innecesarios o inexistentes.
Las 30 clínicas involucradas facturaron aproximadamente 36.728.595 dólares y recibieron alrededor de 8.671.377 dólares de la aseguradora. Por su parte, la cubana recibió cerca de 1.599.933 dólares por su participación, ya fuera para beneficio personal o para distribuirlos entre otras personas, según la declaración de hechos que firmó como parte de su acuerdo de culpabilidad.
Un tribunal federal la condenó a 68 meses de prisión, seguidos por tres años de libertad supervisada. También le ordenó pagar 4.239.752 dólares en restitución y entregar 1.599.933 dólares obtenidos mediante el esquema. La demanda de revocación señala que actualmente se encuentra encarcelada y que su última residencia antes de ingresar en prisión estaba en el condado de Miami-Dade.
El Gobierno formuló contra ella cuatro causas civiles y sostiene que el fraude cometido durante el período en que debía demostrar “buena conducta moral”, junto con sus respuestas bajo juramento, la hacían inelegible para la naturalización.
La segunda demanda está dirigida contra Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años. El Gobierno la acusa de ocultar su participación en una conspiración para lavar dinero robado al casino Miccosukee Resort & Gaming, en Miami-Dade.
El expediente, presentado el 8 de junio en el mismo tribunal federal, expone que el esposo de Acosta Torres y otros empleados del casino manipularon las computadoras de máquinas de juego para generar comprobantes de crédito falsos, que después fueron cambiados por dinero en efectivo.
Entre enero de 2011 y mayo de 2015, el grupo sustrajo aproximadamente 5,3 millones de dólares del establecimiento mediante esos comprobantes fraudulentos.
La demanda sostiene que Acosta Torres comenzó a participar en la conspiración de lavado desde 2011. Ese año abrió cuentas corrientes y de ahorro en JPMorgan Chase Bank, de las cuales figuraba como única firmante, para depositar parte del efectivo que su esposo llevaba a la vivienda.
Entre 2011 y 2014, depositó al menos 39.863 dólares en una de las cuentas y otros 16.830 dólares en la segunda. Los fiscales afirman que sabía que el dinero había sido robado al casino y que realizó algunos depósitos por debajo de los 10.000 dólares con el propósito de eludir los requisitos federales y estatales de reporte de transacciones.
Acosta Torres y su esposo lavaron al menos 147.970 dólares procedentes del fraude informático, de acuerdo con los hechos que ella admitió posteriormente ante el tribunal. La conspiración de lavado continuó hasta aproximadamente octubre de 2018.
La cubana solicitó la naturalización el 19 de agosto de 2015. Durante su entrevista con USCIS, celebrada bajo juramento el 3 de noviembre de ese año, negó haber cometido o ayudado a cometer un delito por el cual no hubiera sido arrestada. USCIS aprobó la solicitud ese mismo día y Acosta Torres prestó juramento como ciudadana estadounidense el 6 de noviembre de 2015. La demanda afirma que nunca reveló durante el proceso su participación en el lavado de dinero.
Acosta Torres fue acusada formalmente en julio de 2019 de conspiración para lavar dinero y otros delitos relacionados. El 31 de enero de 2020 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió los hechos descritos en el acuerdo presentado ante el tribunal.
Fue condenada a seis meses de prisión y 36 meses de libertad supervisada. Además, recibió una orden de restitución por 147.970 dólares y tuvo que renunciar a sus derechos sobre varias propiedades.
El caso de revocación de ciudadanía plantea tres causas civiles: obtención ilegal de la naturalización por falta de buena conducta moral, falso testimonio durante la entrevista migratoria y obtención de la ciudadanía mediante el ocultamiento o tergiversación deliberada de un hecho relevante.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a un tribunal federal revocar la ciudadanía de una persona naturalizada cuando determina que fue obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de un hecho sustancial o a través de una declaración falsa deliberada.
Para naturalizarse, un solicitante debe acreditar buena conducta moral durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud y mantener ese requisito hasta el momento de prestar el juramento de lealtad. Las demandas argumentan que ambas cubanas cometieron actos ilegales durante esos períodos y que dieron respuestas falsas bajo juramento para impedir que USCIS conociera las conductas que podían descalificarlas.
“Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”, declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
El jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, afirmó: “No haremos la vista gorda ante quienes obtuvieron ilegalmente la ciudadanía estadounidense”.
Los procedimientos forman parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump. Las otras 15 demandas anunciadas involucran a personas naturalizadas procedentes de Haití, Colombia, México, la antigua Yugoslavia, Jamaica, India, República Dominicana, Somalia, China, República del Congo, Trinidad y Tobago y Filipinas. Los expedientes abarcan desde fraudes bancarios y migratorios hasta delitos sexuales contra menores y distribución ilegal de medicamentos.
Si los jueces fallan a favor del Gobierno, la revocación de la ciudadanía de Delmas García tendría efecto desde el 19 de enero de 2019, mientras que la de Acosta Torres se remontaría al 6 de noviembre de 2015.
