MIAMI, Estados Unidos ― La Fiscalía de Estados Unidos colocó ahora el foco en llevar a Raúl Castro ante una corte federal en Miami, después de que se hiciera pública la acusación formal por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. El fiscal general interino Todd Blanche dijo este miércoles que el caso “no se trata de una acusación meramente simbólica” y que el objetivo es que el exgobernante cubano, de 94 años, comparezca ante la justicia estadounidense.
Blanche señaló en rueda de prensa que el paso inmediato está vinculado a una orden de detención contra Castro y defendió que la acusación busca una comparecencia real ante un tribunal. “Queremos que comparezca aquí para enfrentar a la justicia ante un jurado”, resumió el funcionario.
El Departamento de Justicia permitió este miércoles la publicación del documento con los cargos contra Raúl Castro Ruz y otros cinco acusados: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, por sus presuntos roles en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves civiles estadounidenses desarmadas operadas por Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales.
Los cargos incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses; Castro y Pérez-Pérez enfrentan además hasta cinco años de prisión por cada cargo de destrucción de aeronaves, según el Departamento de Justicia.
La acusación sostiene que, el 24 de febrero de 1996, tres aeronaves de Hermanos al Rescate salieron del sur de Florida hacia Cuba y que cazas militares cubanos, bajo una cadena de mando supervisada por Raúl Castro, dispararon misiles aire-aire contra dos avionetas Cessna civiles desarmadas, destruyéndolas sin aviso fuera del territorio cubano. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, identificados por el Departamento de Justicia como cuatro nacionales estadounidenses, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
El expediente, presentado ante un gran jurado federal a finales de abril, recibió una determinación de causa probable para emitir la acusación formal, de acuerdo con lo explicado por Blanche. El Departamento de Justicia precisó que la acusación es una imputación y que todos los acusados se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables más allá de duda razonable por un tribunal.
El punto más incierto es cómo podría Estados Unidos lograr que Castro comparezca. Blanche afirmó que el Gobierno estadounidense acusa con frecuencia a personas que están fuera del país y dispone de distintas vías para intentar llevarlas ante la justicia, aunque evitó detallar el mecanismo que aplicaría en este caso. Associated Press señaló que no está claro si Castro llegará a pisar una corte estadounidense.
El marco bilateral tampoco ofrece una salida automática. El tratado de extradición entre Estados Unidos y Cuba, firmado en 1904 y proclamado en 1905, contempla la entrega de fugitivos acusados o condenados por determinados delitos, incluido el asesinato; sin embargo, su artículo V establece que ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios ciudadanos.
Uno de los acusados, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, sí se encuentra bajo custodia estadounidense, pendiente de sentencia en el Distrito Medio de Florida por declaraciones falsas en un documento migratorio, según el Departamento de Justicia.
Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami, realizaba vuelos humanitarios en el estrecho de Florida para localizar a balseros cubanos en peligro. El Departamento de Justicia sostiene que, desde principios de los años noventa, agentes de inteligencia cubanos infiltraron la organización y enviaron información sobre sus operaciones al Gobierno cubano, datos que presuntamente fueron usados por mandos militares para planificar la operación del 24 de febrero de 1996.
La acusación reabre un caso que durante tres décadas permaneció como uno de los episodios más graves en la relación entre Washington y La Habana. El Gobierno cubano sostuvo que las avionetas estaban en su espacio aéreo, mientras Estados Unidos afirmó que fueron derribadas sobre aguas internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional respaldó posteriormente la posición estadounidense al concluir que el ataque ocurrió sobre aguas internacionales.
Blanche dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones. Al ser preguntado por eventuales cargos contra otros miembros de la familia Castro o del régimen cubano, dijo que la investigación no ha terminado.
El Gobierno cubano rechazó la acusación. Miguel Díaz-Canel la condenó en X, donde sostuvo que el derribo de las aeronaves fue “legítima defensa”, después de supuestas violaciones del espacio aéreo cubano por parte de “terroristas notorios”.
El antecedente judicial inmediato se remonta a 2003, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra tres oficiales militares cubanos por el mismo caso, pero estos nunca fueron extraditados. La acusación actual eleva el alcance político y penal del expediente al apuntar directamente contra Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y una de las figuras centrales de la dictadura cubana durante décadas.
