MIAMI, Estados Unidos. – El Ministerio del Interior (MININT) del régimen cubano expuso este sábado un nuevo supuesto caso de “operaciones financieras ilegales” que, según su versión, habría movido más de 1.000 millones de pesos cubanos y unos 250.000 dólares estadounidenses entre febrero y octubre de este año, al margen del sistema bancario y aprovechando la tasa del mercado informal publicada por el medio independiente elToque.
La investigación apunta a Humberto Julio Mora Caballero, cubano de Camagüey residente en Miami, a quien las autoridades presentan como organizador de una red de tráfico ilegal de divisas y de retención de remesas familiares enviadas desde Estados Unidos, de acuerdo con un despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y un reporte del Canal Caribe.
Según la versión oficial, sustentada en declaraciones del teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del MININT, la “operatoria” consistía en recaudar dólares en Estados Unidos y entregar en Cuba moneda nacional, “según la tasa ilegal difundida por el sitio contrarrevolucionario digital elToque”.
Con esos fondos, Mora Caballero habría financiado compras mayoristas para mipymes cubanas, que debían retribuirle en efectivo con las ventas minoristas. El oficial precisó que el financista obtenía ganancias por dos vías: cobraba entre 8 y 12% a los familiares en Estados Unidos por la distribución de remesas, y exigía un margen similar a las mipymes por la importación de mercancías.
El MININT asegura que en julio se realizó una primera operación contra una de las “cadenas delictivas” articuladas por Mora Caballero, en la que se ocuparon bienes y efectivo y se procesó judicialmente a sus integrantes. Sin embargo, el reportaje afirma que, gracias a una “solvencia millonaria”, el supuesto líder recomponía la estructura y continuaba operando, hasta una segunda acción de enfrentamiento en octubre.
La base principal de operaciones en Cuba habría estado en Camagüey, desde donde, según el relato oficial, partían vehículos contratados por el propio Mora para recoger grandes volúmenes de efectivo en La Habana y otras provincias, trasladarlos a Camagüey y distribuirlos luego a través de una red encargada de repartir las remesas en moneda nacional.
El esquema, presentado como un “entramado delictivo” que funciona “al margen de toda la legislación” y “de todas nuestras instituciones financieras”, se sustentaría en alrededor de 30 cuentas bancarias a nombre de terceros en Estados Unidos, utilizadas —según el MININT— para mover el dinero y pagar a proveedores extranjeros. Parte del discurso oficial insiste en que el dinero proveniente de las remesas se queda “secuestrado” en territorio estadounidense y no entra por las vías legales al sistema financiero cubano.
El énfasis del reportaje está en el supuesto impacto macroeconómico de estas prácticas. Rivero Crespo y otros especialistas entrevistados afirman que se trata de “una divisa que no es fresca”, mientras en Cuba se distribuye efectivo en pesos que ya circula en la economía nacional. La narrativa oficial atribuye a estos esquemas parte del déficit de moneda nacional en el sistema bancario, las limitaciones de liquidez en los cajeros automáticos y la escasez de efectivo que percibe la población.
El caso se presenta también como un factor que “afecta directamente la economía cubana”, al impedir la entrada legal de divisas por concepto de remesas, debilitar la solvencia del sistema bancario y estimular la evasión fiscal por el uso masivo de efectivo fuera de los canales electrónicos. El tráfico de divisas se describe como un “negocio que obtiene ganancias millonarias a costa del pueblo y la economía cubana” y se insiste en que constituye delito tanto en Cuba como en “legislaciones internacionales”.
En el plano político, el reportaje inscribe el caso dentro de la tesis de la “guerra económica” organizada desde Estados Unidos. Las autoridades afirman haber trasladado información sobre el esquema a las autoridades estadounidenses “sin obtener respuesta”, lo que se interpreta como una “inacción” funcional a un supuesto programa externo dirigido a “deprimir el nivel de ingresos de la población” mediante la manipulación de la tasa de cambio. El discurso oficial sostiene que “conductas como esas tributan directamente y de forma muy positiva al cumplimiento de los lineamientos de su propia política (…) de guerra económica por (…) derrocar a cualquier precio a la revolución cubana”.
Uno de los elementos más sensibles del caso tiene que ver con el sector privado. El material televisivo reconoce que el financista se apoya en titulares de formas de gestión no estatal que “demandan precisamente la disponibilidad de divisas para poder financiar sus propias importaciones”. No obstante, se subraya que el pago de estas mipymes a los financistas no tiene por qué realizarse con el efectivo recaudado en su actividad comercial, lo que facilitaría que no depositen sus ingresos en los bancos. Sobre esa base, el oficial del MININT concluye que “prácticamente son víctimas y victimarios a su vez porque están violando también las propias regulaciones, las normativas cubanas que obligan a esta forma de gestión no estatal a hacer sus depósitos de sus ingresos en el sistema bancario”.
El mensaje final busca despejar el temor de un nuevo golpe directo contra las mipymes, pero al mismo tiempo las coloca bajo sospecha: “Fuentes del Ministerio del Interior dejan claro que el enfrentamiento no es para arremeter contra las mipymes. Estas (…) son necesarias para el país. De lo que se trata, enfatizan, es de cortar flujos ilegales que afectan a la economía cubana”. El caso se presenta así como parte de una “política de tolerancia cero frente a delitos económicos, en defensa de la institucionalidad y la soberanía financiera del país”, publicó la ACN.
El tratamiento mediático del caso repite patrones habituales en la cobertura policial y económica del sistema de prensa estatal cubano. El público solo accede a la versión del MININT y no se ofrecen datos básicos sobre la situación procesal del acusado, los tipos penales imputados, las pruebas concretas ni la identidad y derechos de los otros implicados. El reportaje tampoco contrasta el peso real de las cifras mencionadas —1.000 millones de pesos y 250.000 dólares en ocho meses— con el volumen total de remesas y transacciones en el mercado informal, ni aborda las causas que empujan a las familias y a los emprendedores a recurrir a canales no oficiales: la brecha entre el tipo de cambio estatal y el del mercado, la escasez de divisas en los bancos y las restricciones a las operaciones internacionales del sector privado.
El énfasis en la “tasa ilegal difundida por el sitio contrarrevolucionario digital elToque” y la repetida alusión al mercado informal de divisas inscriben el expediente en una ofensiva más amplia del régimen cubano contra elToque y contra los mecanismos no oficiales de formación de precios de la moneda. Esa ofensiva —política, mediática y ahora también penal— es clave para entender el contexto en el que se presenta este nuevo “entramado delictivo”.
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