MADRID, España.- Durante más de una década, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido señalado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por la comisión sistemática de graves violaciones que, de acuerdo con informes oficiales, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución política forman parte de un patrón ampliamente documentado, aunque hasta el momento no se ha celebrado un juicio internacional contra el mandatario por estos hechos.
Investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta desde 2018 una investigación formal sobre la situación en Venezuela, centrada en hechos ocurridos al menos desde 2014. La Fiscalía del tribunal concluyó que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, especialmente a partir de la represión de protestas masivas desde 2017. Miles de personas fueron detenidas por motivos políticos, muchas sin orden judicial, y sometidas a torturas físicas y psicológicas durante su reclusión.
Los métodos registrados incluyen palizas, asfixia, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas contra familiares. Estos abusos habrían sido cometidos por cuerpos de Seguridad del Estado y otros grupos afines al poder, como parte de un ataque sistemático contra la población civil identificado por la CPI como una política de Estado. Pese a los intentos del gobierno venezolano por frenar o dilatar la investigación, el tribunal ha reiterado que los hechos bajo su jurisdicción siguen siendo examinados.
Las conclusiones de la CPI coinciden con numerosos informes de la ONU, en particular de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Estos organismos han documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, así como la falta de independencia del sistema judicial venezolano para investigar y sancionar a los responsables.
En la misma línea, Amnistía Internacional ha denunciado que la represión se ha intensificado en contextos electorales y de protesta social, con miles de detenciones arbitrarias, incluidos menores de edad. La organización señala además un entorno de impunidad estructural, donde las víctimas carecen de acceso efectivo a la justicia y los responsables no rinden cuentas.
Eje judicial estadounidense
Por otro lado, en Estados Unidos Maduro enfrenta procesos penales de otra naturaleza: cargos federales relacionados con narcotráfico y crimen organizado, presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desde 2020; acusaciones por las que fue capturado el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense y ahora es juzgado en el país norteño.
La coexistencia de ambos frentes —el penal en Estados Unidos y el de derechos humanos en instancias internacionales— refleja la complejidad del caso venezolano. Mientras la CPI y la ONU continúan documentando los abusos cometidos bajo el mandato de Nicolás Maduro, millones de víctimas siguen esperando que esas denuncias se traduzcan en responsabilidades penales concretas por los crímenes más graves atribuidos al poder en Venezuela.
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