LA HABANA, Cuba. – “Los precios crecen”, expresó el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, en una reciente Mesa Redonda de la Televisión Cubana que se dedicó a analizar el “Programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, que por estos días se debate en las organizaciones de masas afines al régimen.
“Se han detectado más de un millón de violaciones de precios en distintos sectores de la economía, lo que ha conllevado la imposición de multas y que se tomen medidas con los responsables”, aseveró el ministro.
Casi existe consenso en el sentido de que son los distintos mercados agropecuarios los que mejor miden la manera en que se están comportando los precios a la población, al ser los establecimientos que más visitas reciben del cubano promedio.
También resulta unánime el criterio de que se precisa de una mayor oferta de productos para que puedan bajar los precios. Pero una mayor oferta de productos del agro no solo tiene que ver con los niveles productivos que se alcancen, sino que se relaciona igualmente con el tipo de comercialización que se lleve a cabo.
La jerarquía castrista, desde hace algún tiempo, ha desarrollado una iniciativa con vistas a contratar la mayor cantidad de las producciones del sector, y así llevar los productos a los mercados estatales, cerrándoles el paso a los comercializadores privados, quienes con eficiencia y rapidez conducirían la mercancía a los mercados de oferta-demanda.
Una vez consumada la contratación estatal, los productores deben esperar a que las empresas comercializadoras del Gobierno (dígase el sistema de acopio) recojan las producciones y las conduzcan a los mercados minoristas. Y he ahí donde se traba el proceso: las comercializadoras estatales son sumamente ineficientes. Con frecuencia no acuden y los productos acaban perdiéndose en los campos. Cuando no les falta el combustible para operar los medios de transporte, les faltan los envases, o se pierden en la madeja de la burocracia.
El resultado: menos oferta de productos en las tarimas, más dinero en circulación, aumento del hambre entre los consumidores y precios que siguen subiendo.
Ahora, a raíz de este proceso de discusión y análisis del “Programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, hay quienes opinan de que es tiempo ya para que la maquinaria castrista comprenda que una menor presencia estatal en la agricultura ―tanto en la producción como en la comercialización― es lo que hace falta para que nuestros campos proporcionen los alimentos que necesita la población.
En ese sentido se apoyan en las palabras que pronunció en la citada Mesa Redonda, el flamante viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, al referirse a la producción nacional de alimentos, uno de los 10 objetivos generales del programa. Esto dijo el funcionario: “El programa concibe el perfeccionamiento y la actualización de los mecanismos de contratación y acopio de los productos agropecuarios. La solución definitiva es incentivar la producción, incrementar la oferta y permitir que concurran en el mercado los distintos actores para cumplir con la demanda de los clientes”.
Sin embargo, quienes conocen la esencia totalitaria del castrismo dudan de que ese “perfeccionamiento y actualización” de los mecanismos de contratación expresado por el también ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera signifiquen en verdad el fin del pretendido monopolio gubernamental sobre la contratación y la comercialización de los productos del agro.
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