MIAMI, Estados Unidos. – La organización Ciudadanía y Libertad, que dirige la activista cubana en el exilio Carolina Barrero, presentó en Berlín el informe Cuba en la guerra en Ucrania: evidencias del reclutamiento masivo de combatientes para Rusia, elaborado en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF).
El estudio concluye que existe “un caso sólido de complicidad estatal cubana en una operación de trata de personas a gran escala con fines militares” y plantea que la política de la Unión Europea hacia La Habana debería revisarse si quiere mantener coherencia con su respaldo a Ucrania.
Según el documento, la investigación se apoya en información de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR), en medios internacionales “de primer nivel” y en testimonios directos de reclutados y familiares. El informe documenta “la participación masiva de ciudadanos cubanos en las fuerzas rusas en Ucrania, así como el papel de las autoridades cubanas en la facilitación de esta operación”.
De los 1.076 casos confirmados a una estimación de hasta 25.000 combatientes
La cifra mínima está respaldada por datos oficiales de inteligencia ucraniana. El HUR ha confirmado que al menos 1.076 ciudadanos cubanos han combatido o combaten para Rusia en Ucrania, con 96 muertos o desaparecidos documentados. Esa estadística recoge solo los casos verificados con nombres, pasaportes y contratos. Otras fuentes citadas en el informe ―incluido un cable interno del Departamento de Estado de Estados Unidos y declaraciones de funcionarios ucranianos― elevan el cálculo a un rango de entre 5.000 y 25.000 reclutados, lo que situaría a Cuba, incluso en la estimación más conservadora, entre los mayores contingentes de combatientes extranjeros al servicio de Moscú.
En una publicación en Facebook posterior a la presentación, Barrero resumió que, “según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR), hasta 25.000 combatientes cubanos habrían sido reclutados para la guerra contra Ucrania, lo que sitúa a Cuba como uno de los principales proveedores de fuerza de combate extranjera para Rusia, comparable únicamente a Corea del Norte”.
La activista subrayó que sigue este asunto desde 2021, “cuando todavía nadie creía que Putin invadiría Ucrania”. Relata que en 2023 viajó a Odesa y Mykolaiv, entonces en la línea del frente, para llevar un mensaje doble ―“Solo el régimen está con Putin, los cubanos estamos con Ucrania”― y denunciar el esquema de reclutamiento que, a su juicio, convierte incluso a quienes acuden sabiendo que irán al frente en “víctimas de los intereses geopolíticos de Rusia y Cuba”.
Salarios de 2.000 dólares frente a 17 en Cuba
El informe retrata a los reclutados como hombres de alrededor de 35 años, en situación de pobreza y con necesidad extrema de ingresos. Señala que el salario promedio en Cuba ronda los 4.219 pesos, unos 17 dólares en el mercado informal, mientras los contratos rusos prometen pagos mensuales cercanos a 2.000 dólares, una brecha que multiplica por más de 100 el ingreso típico en la Isla y que explica el atractivo de estas ofertas.
Una vez en Rusia, los cubanos reciben contratos redactados únicamente en ruso, “en un idioma que no comprenden”, con cláusulas que contemplan penas de prisión de hasta 15 años en caso de romper el acuerdo, como si fueran ciudadanos rusos. Según la inteligencia ucraniana, los reclutas pasan apenas dos semanas de entrenamiento antes de ser enviados a “las posiciones más expuestas del frente”, donde la esperanza de vida media se sitúa entre 140 y 150 días desde la firma del contrato.
El estudio distingue dos corrientes dentro del contingente cubano: alrededor de un 60% serían civiles engañados con promesas de empleo en la construcción y otros trabajos, reclutados mediante anuncios en redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok; el 40 % restante correspondería a personal de fuerzas especiales o de los servicios de inteligencia del propio régimen cubano, lo que sugiere “un flujo paralelo de despliegue deliberado de cuadros militares”.
El informe también recuerda que el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó formalmente este esquema como una modalidad de “trata de personas patrocinada por el Estado”. Esa designación se apoya, según el documento, en tres elementos: engaño en la fase de reclutamiento (se promete trabajo civil), coerción (amenaza de pena de cárcel si el recluta intenta romper el contrato) y explotación (envío a zonas de combate con entrenamiento mínimo y retención de salarios).
“Miles de jóvenes cubanos han muerto en una guerra que no es nuestra, fueron a pelear a la estepa y perdieron sus vidas engañados, por un puñado de dinero. Explotados y usados como materia desechable, cuando pudieran estar peleando codo con codo junto a otros cubanos por la libertad”, lamentó Barrero.
El informe resalta que este reclutamiento masivo sería imposible sin, al menos, la aquiescencia del Estado cubano. Además, subraya que los ciudadanos de la Isla no necesitan visado para viajar a Rusia y que existen vuelos directos desde aeropuertos cubanos, en un contexto interno de control estricto de la movilidad, incluso dentro del propio territorio nacional.
La investigación menciona además la participación de estructuras oficiales, entre ellas la agregaduría militar de la Embajada de Cuba en Moscú. El reporte identifica a la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en esa sede diplomática, como una de las coordinadoras de la red de reclutamiento. Esa participación, sostiene el documento, resulta “difícil de conciliar” con la versión de La Habana de que todo se trata de redes de tráfico ajenas al Estado.
El régimen cubano anunció en septiembre de 2023 la detención de 17 personas acusadas de integrar una red de tráfico de personas para enviar “mercenarios” a Ucrania. Sin embargo, poco antes, el embajador de Cuba en Moscú había declarado a medios rusos que La Habana no se oponía a la “participación legal” de sus ciudadanos en la “operación especial” en Ucrania. El informe interpreta estas posiciones como parte de una “política de ambigüedad deliberada: negación pública y facilitación práctica”.
El reporte recoge testimonios de combatientes capturados por Ucrania y de reclutas heridos en hospitales rusos. Cubanos entrevistados describen que viajaron creyendo que trabajarían en la construcción y descubrieron que habían sido incorporados a unidades militares solo cuando ya estaban en bases rusas cercanas al frente. Según los relatos citados, al pedir regresar a Cuba se les negó esa posibilidad y se les advirtió de las consecuencias penales de desertar.
La investigación coloca este esquema en la continuidad de la política exterior militar de La Habana, recordando operaciones como la intervención en Angola (Operación Carlota), Etiopía o Nicaragua, en las que participaron decenas de miles de soldados y colaboradores cubanos y murieron más de 2.000. Sin embargo, subraya diferencias esenciales: en aquellos casos se trataba de tropas oficiales que combatían bajo la bandera cubana y cuyos caídos eran reconocidos como mártires; hoy, la participación en Ucrania se niega públicamente, los reclutados no son considerados veteranos y sus familias quedan desprotegidas.
El documento también repasa la cooperación militar e inteligencia entre Cuba y Rusia, desde la histórica base de Lourdes hasta el despliegue más reciente de especialistas militares rusos en la isla, y menciona la presencia de infraestructura de inteligencia china. Presenta a Cuba como “plataforma conjunta de inteligencia ruso-china” a 90 millas de Estados Unidos, con implicaciones directas para la seguridad transatlántica.
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