MADRID, España.- Las autoridades estadounidenses deportaron a Cuba al exteniente coronel Jorge Luis Vega García, conocido como “Veguita”, figura señalada durante años por expresos políticos como uno de los represores más violentos del sistema penitenciario cubano. La información fue confirmada este martes por Martí Noticias.
Vega García llegó a Estados Unidos en enero de 2024 a través del programa de parole humanitario, pero terminó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que salieran a la luz múltiples denuncias públicas sobre su historial al frente de cárceles como Agüica y Canaleta, centros donde antiguos reclusos aseguran haber sufrido golpizas, celdas de castigo, privación de atención médica y otros tratos crueles.
El 25 de agosto de 2025, un juez de inmigración en Miami emitió una orden de expulsión en su contra, tras revisar la documentación entregada por víctimas y activistas que lo identificaban como responsable directo de abusos en prisión. La medida ya fue ejecutada y el exoficial se encuentra nuevamente en territorio cubano.
La decisión judicial se produjo después de que ICE confirmara su identidad mediante documentos oficiales firmados por él, tanto de su etapa dentro del Ministerio del Interior como del proceso migratorio en Estados Unidos.
Hasta el momento, no hay detalles confirmados sobre el lugar donde se encuentra ni sobre su estatus a su llegada.
La deportación de “Veguita” tiene un peso simbólico para la comunidad cubana en el exilio, que llevaba meses reclamando que no se le permitiera permanecer en Estados Unidos bajo protección humanitaria.
Citado por Martí Noticias, el investigador Luis Domínguez y quien fue decisivo para localizar a Vega García en Estados Unidos, dijo: “Es una victoria parcial. Al menos se ha reconocido oficialmente que un hombre con ese historial no puede quedarse en Estados Unidos disfrutando de la libertad que negó a tantos”.
No obstante, organizaciones y víctimas recuerdan que la expulsión no constituye una forma de justicia: las denuncias por violaciones de derechos humanos siguen pendientes de un proceso judicial independiente.
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