CDMX, México. – Cuba registró en 2024 un total de 232 alertas de violencia contra la prensa, una caída del 53,2% respecto a 2023 que no indica una mejora del entorno informativo, sino el resultado del éxodo forzado de periodistas, el miedo y la autocensura dentro del país, de acuerdo con el capítulo Cuba del informe Periodismo, violencia y persecución (informe sombra sobre la libertad de prensa en América Latina en 2024, elaborado por la red Voces del Sur.
Los datos que corresponden a la Isla fueron recabados y analizados por el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
El 99% de las agresiones fue perpetrado por actores estatales; dentro de ellos, la Seguridad del Estado concentró el 63,2% y la empresa de telecomunicaciones ETECSA el 28,4%.
El informe sitúa la reducción de alertas en un contexto de colapso estructural del periodismo independiente. “La represión se ha transformado en una estrategia estructural de silenciamiento”, indica. Quienes permanecen en la Isla “conviven con el miedo y la autocensura”, mientras que entre quienes emigraron “muy pocos pueden sostener su labor desde el exilio”, agrega.
La persecución penal y policial siguió siendo un método central de control. El ICLEP documentó 67 detenciones arbitrarias a lo largo de 2024, con casos acompañados de amenazas y agresiones físicas; también registró dos episodios de tortura y ocho procesos judiciales, una categoría ausente el año anterior.
Al cierre del periodo, al menos tres periodistas continuaban presos sin garantías procesales: Carlos Michel Morales Rodríguez, Yeris Curvelo Aguilera y José Gabriel Berrenechea Chávez. “Estas prácticas vulneran no solo el derecho a la libertad de expresión, sino también el debido proceso y la integridad física y psicológica de las víctimas”.
El componente digital del silenciamiento adquirió un peso decisivo. En 2024 se documentaron 63 restricciones en internet (el 90% de ellas fue ejecutado por ETECSA), con bloqueos a sitios y medios independientes, cortes selectivos del servicio —incluidos cortes a periodistas durante entrevistas internacionales—, ciberataques y ciberacoso. “Estas restricciones no son aleatorias. Estas acciones muestran que el control tecnológico no es casual, sino planificado, intensificado en fechas sensibles como el 11 de julio, con el fin de impedir la cobertura de protestas y preservar la hegemonía narrativa del Estado”, indica el infiorme.
La represión traspasó, además, el ámbito estrictamente periodístico y se extendió a la ciudadanía que publica información u opiniones en redes sociales. “Lo que antes se sancionaba con multas, ahora deriva en detenciones y procesos judiciales”. El caso de Sulmina Martínez Pérez —acusada de desacato y delitos contra el orden constitucional— ilustra esta escalada: la Fiscalía solicita 10 años de prisión por una publicación en Facebook. En la misma línea, el enfermero Arony Yanko García Valdés fue condenado a un año y medio de cárcel por “desacato agravado” tras difundir un meme.
El informe enfatiza que el aparato estatal actúa en tres frentes complementarios: seguridad, telecomunicaciones y justicia. La Seguridad del Estado operó como “principal brazo represivo” mediante citaciones, amenazas, detenciones y actos de intimidación; ETECSA “se consolidó como pilar en el control digital y en el aislamiento informativo”; y los tribunales, “al servicio del poder ejecutivo”, aplicaron sanciones y negaron derechos procesales, convirtiendo el sistema judicial en herramienta de represión.
En materia de violencia diferenciada, el ICLEP no reportó alertas basadas en sexo u orientación sexual durante 2024; no obstante, advierte que la ausencia de registros no implica inexistencia de riesgos, sino carencias de visibilización y documentación específica para poblaciones históricamente marginadas.
Voces del Sur monitorea y documenta “alertas” de violencia contra la prensa empleando una metodología común basada en el “Indicador 16.10.1” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Las alertas incluyen actos que violan la libertad de expresión y tienen por objeto obstruir o incidir negativamente en el ejercicio del periodismo; solo se registran hechos cuya motivación se vincula directamente con la labor periodística de la persona afectada.
La disminución de alertas no desmiente la consolidación de un ecosistema hostil para el trabajo informativo. El capítulo cubano describe un país con “periodismo prácticamente asfixiado”, una represión que se “expande a la ciudadanía” y un control tecnológico planificado que se intensifica en efemérides o fechas sensibles para impedir coberturas y asegurar el control del relato oficial.
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