MIAMI, Estados Unidos. – Dania María Santi Morlanes, (ex)militante del Partido Comunista y exdecana de la Facultad de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte”, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos por reclamación familiar ―su hija es ciudadana estadounidense―, de acuerdo con una verificación de Martí Noticias.
En una breve llamada con ese medio, Santi Morlanes negó tener residencia en EE.UU. Sin embargo, fuentes citadas por Martí Noticias aseguraron que viajó a ese país en febrero y regresó a Cuba en septiembre con una green card.
A raíz de esos hechos, exprofesores y exalumnos de la Universidad de Camagüey que la responsabilizan por sanciones y expulsiones de voces críticas en el centro de altos estudios pidieron a las autoridades migratorias estadounidenses evaluar su caso.
Los periodistas José Raúl Gallego (exprofesor de la Universidad de Camagüey) y José Luis Tan Estrada (exalumno y exdocente del mismo centro) la señalan como autoridad ejecutora de medidas disciplinarias contra críticos dentro de la institución.
Gallego aseguró a Martí Noticias que Santi Morlanes había sido “la ejecutora visible, la firma que convirtió en castigo la orden política” de degradarlo a una plaza de menor remuneraicón. Tan Estrada aseguró que el 30 de noviembre de 2022 la entonces decana le leyó su expulsión de la Universidad de Camagüey “con satisfacción”, alegando que sus publicaciones en redes constituían una “influencia negativa”. “Quien da la cara y estampa su nombre sobre una sanción injusta también es responsable”, añadió Gallego.
En el momento de la expulsión de Tan Estrada, Gallego denunció el caso en Facebook y escribió que en una Cuba libre personas como Santi Morlanes, que estén ejecuantdo órdenes de superiores, “tendrán que acudir a tribunales, con todas las garantías que da un Estado de derecho, a responder por estas violaciones y los daños causados a tantos y tantos jóvenes cuyo único ‘delito’ fue pensar diferente y atreverse a expresarlo”.
Los señalamientos incluyen documentos oficiales mostrados al medio. En uno de ellos —una resolución firmada por Santi Morlanes el 16 de enero de 2018 como decana de la Facultad de Lenguas y Comunicación— se impone a José Raúl Gallego Ramos la medida de “Traslado temporal a plaza de menor remuneración o calificación, o en condiciones laborales distintas, por el término de 1 (un) año, con derecho a reintegrarse a su plaza”, con sustento en la Ley No. 116/13 Código de Trabajo, artículo 150, inciso a.
La resolución dispone que la plaza temporal a ocupar sería en el Departamento de Información y Bibliotecología, e informa que, si no estuviera conforme, el afectado podía reclamar ante el Órgano de Justicia Laboral de Base de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” dentro de siete días hábiles. El documento aparece rubricado por la DrC. Dania Santi Morlanes Morlanes y sellado por la facultad.
De acuerdo con Martí Noticias, excolegas atribuyen a Santi Morlanes una adhesión “sin fisuras” a mecanismos internos de control ideológico tras la reunificación del Instituto Superior Pedagógico “José Martí” con la Universidad de Camagüey. Tan Estrada agregó que, tras su expulsión, enfrentó vigilancia, campañas de descrédito, cortes de internet e interrogatorios hasta salir del país. Organizaciones independientes han documentado por años patrones de castigo o reubicación a estudiantes y docentes disidentes.
Según una publicación en Facebook de Yoesdely Cruz Acosta, quien se presenta en esa red social como trabajadora de la Universidad de Camagüey, la exfuncionaria se desempeñó como decana de la Facultad de Lenguas y Comunicación hasta principios de 2024, cuando comenzó a vivir una “nueva etapa” de su vida.
Santi Morlanes habría accedido a la residencia permanente bajo la categoría IR-5 (madre de ciudadana estadounidense). La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba dijo a Martí Noticias que incluyó el nombre de la exdecana en listados de presuntos represores remitidos a miembros del Congreso y a agencias para su evaluación administrativa.
Expertos consultados por el mismo medio señalaron que, en términos generales, una residencia puede reexaminarse si se prueba omisión material o fraude en la solicitud, o si surgen causales legales de inadmisibilidad; cada caso requiere debido proceso y sustento documental.
“Esto no es venganza, es memoria y responsabilidad”, declaró Gallego, quien pidió que estos antecedentes no se normalicen cuando exfuncionarios solicitan amparo en democracias. Tan Estrada sostuvo que “mientras exiliaba a profesores y estudiantes de las aulas, hoy disfruta de las libertades que negó”.
Martí Noticias intentó contactar telefónicamente a la hija de Santi Morlanes para recoger su versión, pero al cierre de este reporte no había obtenido respuesta.
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