MIAMI, Estados Unidos. – A las dictaduras, regímenes autoritarios y estamentos gubernamentales sostenidos por fuera de los márgenes democráticos les molestan los señalamientos, las demostraciones cívicas y denuncias contra su estatu quo.
Cuba ―su pueblo y el espíritu de su nación― ha sufrido por 66 años la imposición de un modelo de violaciones a los derechos humanos en diversos aspectos, donde la prohibición a pensar y expresarse con libertad y bajos rubros de total legalidad ha sido uno de los más visibles crímenes cometidos hasta hoy por los hermanos Castro y sus herederos hasta hoy en el trono de verde olivo.
En un rápido repaso a casi siete décadas de censura sabemos que la represión a los intelectuales ha subido desde la prohibición de la prensa libre, la supresión de los periódicos y revistas, cierre de imprentas y editoriales existentes antes 1959 y la toma forzosa de todos los medios de difusión masiva bajo la férrea sombrilla del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue en ascenso hasta las amenazas, encarcelamiento, hostigamiento público, violencia física y expulsión al destierro de escritores e intelectuales hasta la fecha.
La maquinaria del Departamento Ideológico del PCC, apoyada por las fuerzas de la Seguridad del estado (DSE), junto a un aberrante y maniatado aparato legal y jurídico han dejado poco espacio a la expresión libre desde la escritura, la promoción editorial independiente o cualquier forma de desarrollo intelectual por fuera de estructuras que funcionan como marionetas del Ministerio de Cultura, como pueden ser la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) o la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
La legalidad, contra las cuerdas
Un marco legal amparado por el Código Penal reserva penas de hasta 20 años de cárcel o más para quienes, ejerciendo su total derecho universal a la libre expresión, divulguen dentro o fuera del país textos, ideas, propuestas cívicas u obras de arte cuyo contenido no se avenga a los llamados principios del carácter socialista (comunista) de la Constitución de la República.
En un breve pase de lista aparecen los nombres de aquellos escritores cuyo desempeño literario los llevó a la cárcel ―o más adelante siguieron escribiendo entre barrotes o comenzaron a escribir allí― y esa posición cívica le trajo represalias adicionales. Herberto Padilla, Reinaldo Arenas, Ángel Cuadra, Jorge Valls, Ernesto Díaz Rodríguez, Néstor Díaz-De Villegas, Carlos Victoria, María Elena Cruz Varela, Jorge Olivera Castillo, Manuel Vázquez Portal, Raúl Rivero, Ángel Santiesteban hasta dos de los casos más recientes: el de la poeta María Cristina Garrido, encarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021 y el escritor José Gabriel Barrenechea.
Intentar sacar un libro para ser publicado fuera de la isla-cárcel, participar en un concurso literario ―como el caso del escritor Leandro Eduardo “Eddy” Campa, quien envió su libro Calle Estrella y otros poemas a un certamen en Venezuela y le costó su libertad en los años 70 del pasado siglo― crear y participar de la noble aventura de una revista o grupo literario, asociarse, divulgar las ideas o plantar cara a la política oficial son las maneras más comunes de ganarse un pasaje directo al horrendo mundo de las ergástulas del comunismo caribeño implantado y establecido por una familia, miles de efectivos militares, policiales y funcionarios públicos, así como millones de cómplices y ciudadanos amedrentados bajo una aceitada máquina represiva… siempre, con el concurso de estados enemigos de la libertad, algunos de ellos gozando incluso de su permanencia en la comunidad de naciones libres y democráticas de Occidente.
¿Cómo nos mira el mundo? Dos polos opuestos
Organizaciones internacionales y de alcance global como la ONU, Humans Rights Watch, Freedom House, Humans Rights Firts, Amnistía Internacional, el Pen Internacional y otros, si bien han denunciado y exigido de manera directa a la camarilla castrense que gobierna en La Habana, poco han podido hacer ante la vileza de virar la cara o dar la espalda que sostienen universidades, grandes editoriales, organizaciones culturales y gobiernos en la Unión Europea, Asia y los propios Estados Unidos en casos en que por no perder las prebendas de sus viajes por el malecón habanero, una estancia en las Playa Santa María o Varadero, o simplemente participar de los saraos literarios que prepara el régimen cubano para instituciones y representantes del silencio y la mordaza.
Ganadores del Premio Nobel de Literatura como Gabriel García Márquez, José Saramago y Nadine Gordimer ―entre otras encumbradas figuras de las letras― prefirieron reclamar a Estados Unidos el fin del embargo económico al régimen cubano que mencionar un solo nombre (excepto en casos de algún allegado) de periodistas y escritores independientes acosados, condenados a prisión, impedidos de salir del país o incluso obligados a abandonar la tierra que los vio nacer bajo todo tipo de métodos de terror por el simple hecho de expresar su libre opinión, llevarla al papel y divulgarla entre sus semejantes.
Amnistía Internacional viene denunciando e insistiendo hace años que “las autoridades cubanas deben retirar todos los cargos destinados a silenciar a manifestantes y críticos”, además de que “nadie debería verse obligado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los que nunca debió haber sido enjuiciado ni encarcelado”, señalan Human Rights Watch y Amnistía Internacional en un comunicado conjunto, similar a muchos otros llamados de atención.
El artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez (ganador de dos premios Grammy) están encarcelados desde hace cuatro años por el simple hecho de manifestarse pacíficamente y haberse negado a seguir la línea oficial de brindar su arte bajo las cortapisas gubernamentales.
Nuevas formas de expresión. Represión sistémica
Cuando surgieron el video tape y el internet, el régimen de La Habana supo que ya no eran solo los cineastas en 35 milímetros su única preocupación. Cuando la eclosión de las revistas digitales y los blogs en línea, una hidra de creatividad surgió ante las botas militares frente al mismo Palacio de la Revolución. El surgimiento de las redes sociales trajo consigo un ajuste en la represión a nivel legislativo. Ahora “hay leyes que penalizan la libertad de expresión en Cuba: entre ellas el Decreto-Ley 370 Sobre la informatización de la sociedad cubana, el Decreto-Ley 35 Sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, y el uso del espectro radioeléctrico; así como el Código Penal”, indica un reporte del portal Yucabite.
Porque, ¿qué tienen en común el infoactivista Yoán de la Cruz, la youtuber Sulmira Martínez, Anniette González y Mayelín Rodríguez Prado, por solo citar unos pocos ejemplos?
De la Cruz transmitió en vivo por Facebook el inicio de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 desde su pueblo de San Antonio de Los Baños en Artemisa; Sulmira, quien hace llamar “Salem de Cuba”, publicaba memes, chistes y continuamente cuestionaba la política oficial del Gobierno; Anniette, desde Camagüey, se envolvió en la bandera cubana, se hizo fotos, las montó en una colección y las subió a su perfil de Facebook, mientras Rodríguez Prado fue una de las que bajo un incómodo apagón transmitió por redes sociales las protestas que hicieran los pobladores de Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Esta última, recibió una condena de 15 años de cárcel.
Los modos de expresión libre han cambiado desde los mensajes en peloticas de papel que salían desde la cárcel en los años 60 y 70, a las revistas independientes, los blogs y boletines digitales a la sátira, memes y mensajes de desafío en las distintas plataformas de redes sociales. Con ello, la represión ha aumentado y los cubanos inconformes siguen pagando por su osadía.
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