MIAMI, Estados Unidos ― Empresas estadounidenses exportaron a Cuba combustibles y derivados por 95.744.767 dólares entre enero y junio de 2026, de acuerdo con el registro publicado este miércoles por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (UCTEC, por sus siglas en inglés). Solo en junio los envíos alcanzaron los 47.842.674 dólares, prácticamente la mitad del total semestral.
El crecimiento se aceleró con fuerza al cierre del período. Las exportaciones acumuladas hasta abril sumaban 24.011.314 dólares; en mayo ascendieron a 23.890.779 y en junio se duplicaron. Los dos últimos meses concentraron, en conjunto, casi el 75% del valor registrado en el semestre.
El desglose del UCTEC muestra que la principal partida correspondió a fueloil ligero de bajo contenido de azufre, con 39,6 millones de dólares. Otros aceites de petróleo o de minerales bituminosos sumaron 25,5 millones, y las distintas gasolinas, 16,4 millones. El resto incluyó combustible para motores, queroseno, lubricantes, propano, mezclas con biocombustible y aceites usados. Los distritos de Houston-Galveston y Miami concentraron 92,8 millones del total; los demás envíos salieron de Tampa y Nueva Orleans.
El reporte enumera el valor de cada producto y el distrito estadounidense de salida, pero no identifica a los compradores, no ofrece las cantidades físicas exportadas y tampoco precisa el destino final de cada partida dentro de Cuba. Por tanto, la cifra de 95,7 millones de dólares no equivale por sí sola a un volumen determinado de combustible ni acredita compras del Gobierno cubano. El UCTEC ubica estos envíos entre los productos destinados principalmente al sector privado reemergente y a ciudadanos de la Isla.
La aceleración de los envíos a partir de marzo ocurrió después de que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio aclarara, el 24 de febrero, que la excepción de licencia denominada “Apoyo al pueblo cubano” puede amparar exportaciones y reexportaciones de gas y derivados del petróleo de origen estadounidense a entidades privadas elegibles y a consumidores individuales en Cuba. La regla no establece límites específicos de cantidad o valor, pero exige que los productos se utilicen en actividades económicas privadas o se vendan directamente a particulares para uso personal o familiar.
La excepción no cubre operaciones que generen principalmente ingresos para el Estado cubano o contribuyan a su funcionamiento. Además, desde el 4 de marzo, el BIS suspendió su aplicación a cualquier transacción que implique depositar fondos extranjeros en un banco de propiedad cubana, al considerar que entraña un “riesgo inaceptable” de beneficiar principalmente al Gobierno o a sus servicios militares y de inteligencia. La restricción no alcanza a operaciones canalizadas mediante bancos de terceros países.
Una investigación de Reuters publicada en marzo identificó entre los beneficiarios iniciales a panaderías privadas, mayoristas que abastecen pequeños mercados urbanos y comercios en línea como Supermarket23, que pudo reanudar sus entregas después de importar combustible. En aquel momento habían llegado unos 200 contenedores cisterna —en su inmensa mayoría con diésel— y los cargamentos examinados estaban reservados al uso de las empresas importadoras, sin autorización para la reventa comercial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó la apertura como parte de una política dirigida a colocar “al sector privado y a los cubanos particulares —no afiliados al Gobierno ni a las Fuerzas Armadas— en una posición privilegiada”. También advirtió: “Si descubrimos que el sector privado allí está haciendo trampa y desviándolo al régimen o a la empresa militar, si descubrimos que están moviendo ese producto de formas que violan el espíritu y el alcance de estos permisos, esas licencias serán canceladas”.
La Habana también amplió el espacio legal para estas operaciones. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció en mayo la existencia de “múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera” y dispuso que los precios minoristas en divisas variaran según el costo real de cada importación. Un mes después, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, anunció la participación de capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista.
El circuito privado coexiste, sin embargo, con sanciones reforzadas contra el aparato petrolero estatal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó el 11 de junio a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en su “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas”, bajo la Orden ejecutiva 14404.
El salto de las importaciones privadas no ha evitado que la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúe en niveles extremos. La Unión Eléctrica informó este jueves que el servicio estuvo afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas del miércoles y que la máxima afectación llegó a 2.303 megavatios (MW). Para el horario pico pronosticó solo 975 megavatios disponibles frente a una demanda de 3.250, además de 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.
El SEN colapsó la noche del domingo y volvió a desconectarse el lunes durante las labores de recuperación, después de tres apagones nacionales en julio. A la escasez de combustible se suman las averías recurrentes de las termoeléctricas, el envejecimiento de la infraestructura y años de insuficiente inversión.
La propia arquitectura de la excepción estadounidense limita su impacto nacional: el combustible debe sostener actividades privadas o el consumo individual, no el sistema energético estatal. Rubio reconoció en febrero que el sector privado cubano “es bastante pequeño” y que “por sí solo no tiene la capacidad para afrontar la escala y el alcance de los desafíos” del país.
