MIAMI, Estados Unidos ― El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a seis ciudadanos cubanos y cinco entidades a los que vinculó con la compra en el extranjero de equipos militares destinados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y los órganos de seguridad del régimen.
La medida sometió además a dos altos mandos sancionados desde 2021 al nuevo régimen punitivo establecido en mayo por la Orden ejecutiva 14404.
Las seis personas incorporadas a la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” (SDN, por sus siglas en inglés) son Óscar Enrique Biosca Gallego, Mónica Milián Gómez, Waldo Pérez Cortés, José Antonio Remón Rodríguez, Heriberto Sánchez Alleyne y Roberto Jesús Viciana Mousset.
Las entidades añadidas son la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados (Tecnotex S.A.); la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (Tecnoimport); la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin; la Sociedad Mercantil Duna S.A.; y la Unión de Industria Militar (UIM).
El Departamento de Estado contabilizó cinco entidades y ocho individuos porque incluyó en el anuncio a Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y Roberto Legrá Sotolongo, subjefe del Estado Mayor General y jefe de la Dirección de Operaciones. Ambos ya figuraban en la SDN bajo el programa Global Magnitsky. No se trata, por tanto, de ocho nuevas sanciones personales, sino de seis altas y dos actualizaciones.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las personas y compañías designadas participaron en la adquisición de equipos militares en el exterior para las FAR y las fuerzas de seguridad. “Hoy, la Administración Trump está tomando nuevas medidas para proteger nuestra seguridad nacional mediante sanciones a entidades e individuos que facilitan las relaciones militares de La Habana y los envíos de armas al régimen cubano”, declaró.
Rubio justificó las medidas con acusaciones de espionaje, apoyo material a grupos violentos y cooperación del régimen con Rusia, China e Irán. El comunicado del Departamento de Estado también señaló a las instituciones militares y de inteligencia cubanas como ejecutoras de la represión interna y centros de corrupción, especialmente a través del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
El jefe de la diplomacia estadounidense acompañó el anuncio con una advertencia dirigida a terceros países: “Cualquiera que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades o mantengan fondos para ellas deben poner fin de inmediato a esas actividades”.
Varios de los designados ocupan puestos relacionados con la cooperación militar exterior. El Comité Estatal de Industria Militar de Belarús identifica a Biosca Gallego como general de brigada, jefe de la Dirección Financiera Principal de las FAR y copresidente de la comisión bilateral de cooperación técnico-militar. Milián Gómez es la agregada militar, naval y aérea de la Embajada cubana en Moscú, mientras Pérez Cortés desempeña esas funciones en Beijing.
Milián Gómez también aparece en la “Lista de represores cubanos” de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba por su papel en el reclutamiento de soldados de la Isla para la guerra de Rusia contra Ucrania.
Remón Rodríguez dirige el Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de las FAR, según una publicación de la Embajada de Belarús en La Habana. Viciana Mousset es director general de la Unión de Industrias Militares y diputado a la Asamblea Nacional; su ficha oficial lo identifica como ingeniero en Armamento y antiguo jefe de estructuras de armamento del Ejército Oriental. La OFAC vinculó expresamente a Sánchez Alleyne con Tecnoimport, una empresa estatal dedicada a la importación y exportación de productos técnicos y de defensa.
La OFAC describió a Tecnotex y Tecnoimport como empresas mayoristas de maquinaria y equipos; a la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, como una entidad dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos; y a la UIM, como una organización vinculada con actividades de defensa. Duna S.A. fue registrada como una compañía de comercio mayorista no especializado.
Una resolución cubana de 1996 autorizaba a Tecnoimport a importar vehículos y otros productos para satisfacer las necesidades de las FAR y el Ministerio del Interior. Duna S.A., por su parte, es una empresa de capital completamente cubano que recibió en mayo pasado la certificación de Operador Económico Autorizado por tres años. La UIM ya aparecía en la “Lista de entidades cubanas restringidas” del Departamento de Estado, pero su incorporación a la SDN implica ahora el bloqueo de sus bienes bajo la Orden ejecutiva 14404.
La norma dispone el bloqueo de los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses y prohíbe las transacciones que los involucren, salvo autorización. También suspende su entrada al país y permite sancionar a quienes les presten apoyo material, financiero o tecnológico, bienes o servicios.
Para las instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten operaciones significativas a favor de personas bloqueadas, la norma autoriza restringir o prohibir el acceso a cuentas corresponsales en Estados Unidos e incluso bloquear sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense.
López Miera fue sancionado en julio de 2021 por su responsabilidad al frente de las FAR durante la represión de las protestas antigubernamentales del 11J. Legrá Sotolongo fue designado al mes siguiente por su papel en una institución cuyos efectivos, incluidas las Tropas de Prevención, participaron en acciones contra manifestantes. Ambos quedaron sometidos desde este jueves tanto al programa Global Magnitsky como a la Orden ejecutiva 14404.
Junto con las designaciones, la OFAC aclaró que las sanciones “no se centran en interrumpir la entrega de alimentos, medicinas o dispositivos médicos a Cuba”. El organismo aseguró que no pretende perseguir a personas extranjeras por operaciones relacionadas con alimentos, productos agrícolas, semillas, fertilizantes, medicinas, equipos médicos, piezas de repuesto o actualizaciones de software, incluso cuando las transacciones involucren a personas sancionadas o empresas controladas en al menos un 50% por ellas.
