MIAMI, Estados Unidos ― El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) advirtió este miércoles que los apagones, el hambre, la falta de medicamentos y el despliegue policial para contener el descontento han convertido en “irrespirable” el clima social en Cuba. La organización documentó al menos 356 acciones represivas durante julio, incluidas 54 detenciones arbitrarias y 302 abusos de otra índole.
“El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar. Esta situación está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos”, afirmó Yaxys Cires Dib, director de Estrategias del OCDH.
El balance represivo coincidió con el mayor nivel mensual de conflictividad social registrado por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que contabilizó 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en julio. Al menos 73 fueron protestas presenciales, entre ellas cacerolazos, bloqueos de calles, quemas de basura, consignas contra el régimen y enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Los problemas en los servicios públicos generaron otras 320 denuncias, principalmente por los cortes eléctricos, la escasez de agua potable y la falta de efectivo en los bancos estatales. Una parte importante de las detenciones documentadas por el OCDH estuvo relacionada precisamente con cacerolazos y manifestaciones provocadas por los apagones prolongados, la falta de agua y el deterioro general de las condiciones de vida.
Las 356 acciones registradas por el OCDH representan un aumento de 57 casos respecto a junio. Los cercos policiales a viviendas de activistas, con 109 incidentes, y las violaciones contra presos políticos y comunes, con 78, encabezaron el balance. También fueron reportados cortes de comunicaciones, hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.
La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey concentraron la mayor cantidad de acciones represivas. Los principales blancos fueron activistas, opositores, periodistas independientes, artistas, líderes religiosos, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos y ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas o expresaron críticas contra las autoridades. El OCDH también observó un incremento de la presencia policial y de las tropas especiales en las capitales provinciales, particularmente en La Habana.
Entre los casos vinculados con las protestas figura la detención violenta del activista Leonardo Romero Negrín durante una manifestación ocurrida el 1 de julio en Centro Habana. El joven fue liberado dos días después, tras recibir una multa de 2.000 pesos y quedar sujeto a un expediente por el presunto delito de desórdenes públicos.
Otro de los mayores operativos del mes tuvo lugar el 2 de julio, cuando la Seguridad del Estado desplegó arrestos, amenazas y cercos domiciliarios para impedir que opositores, activistas y periodistas asistieran a una recepción por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, celebrada en la residencia del jefe de la misión diplomática estadounidense, Mike Hammer.
La Embajada de Estados Unidos denunció que agentes de la Seguridad del Estado amenazaban a invitados y trabajadores vinculados con la celebración. “¿Por qué le molesta tanto al régimen que cubanos de a pie participen en un evento que celebra libertad?”, cuestionó la sede diplomática.
El OCDH también denunció los operativos para impedir conmemoraciones por el quinto aniversario de las protestas del 11J. La vigilancia y las restricciones no se limitaron a quienes participaron directamente en manifestaciones, sino que alcanzaron también a familiares de presos políticos, periodistas y líderes religiosos, indicó la ONG.
En las cárceles, el OCDH denunció el empleo de celdas de castigo, aislamiento, traslados arbitrarios, negación de atención médica, suspensión de beneficios penitenciarios, agresiones físicas, hostigamiento psicológico y represalias contra quienes informan sobre las condiciones de reclusión.
La represión alcanzó igualmente a representantes religiosos. El sacerdote católico Castor José Álvarez Devesa denunció el 10 de julio que las autoridades le impidieron abordar un vuelo hacia Miami en el Aeropuerto Internacional “Antonio Maceo”, de Santiago de Cuba. El religioso había sido invitado a la ordenación episcopal del cubanoamericano Emilio Biosca Agüero y aseguró que desconocía la prohibición de salida impuesta en su contra.
Durante el primer semestre de 2026, la red de observadores del OCDH había registrado 1.949 acciones represivas, entre ellas 257 detenciones arbitrarias, 488 retenciones ilegales en viviendas, 300 incidentes en el ámbito carcelario y 91 acciones contra periodistas independientes.
La organización advierte que sus cifras constituyen un subregistro debido a las restricciones para obtener información dentro de Cuba.
Al cierre de junio, Prisoners Defenders tenía documentados 1.306 prisioneros políticos en Cuba, incluidos 40 que fueron detenidos cuando eran menores de edad. Dieciséis de estos últimos continuaban privados de libertad en prisiones o centros penitenciarios para adultos, según la organización.
