MIAMI, Estados Unidos ― La Seguridad del Estado y autoridades penitenciarias cubanas presuntamente utilizan a reclusos comunes para agredir sexualmente, intimidar y someter a presos políticos y otros internos que desafían al régimen, de acuerdo con una investigación de la periodista Karla Pérez publicada por ADN Cuba y Martí Noticias.
El reportaje reúne testimonios de víctimas, familiares, exreclusos y especialistas que describen una modalidad de “violencia delegada”: los funcionarios ordenarían, facilitarían o tolerarían los ataques para después presentarse como ajenos a ellos.
El caso más reciente incluido en la investigación es la presunta agresión sexual contra un joven encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), cuya identidad fue reservada para protegerlo. La denuncia, difundida el 26 de abril de este año y analizada al día siguiente por el Centro de Información Legal Cubalex, sostiene que la víctima fue sometida con sustancias químicas y atacada por el recluso Roberto Valdés Alonso, conocido como “el Gago de San José”, en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa. El joven quedó ingresado en el puesto médico del penal, en estado de shock y con graves afectaciones físicas y psicológicas.
La denuncia señaló como presuntos responsables al mayor Javier Reboso Pérez, oficial de la Seguridad del Estado; al teniente coronel Emilio Guilarte Ramírez, segundo jefe de la prisión y entonces encargado del centro, y al teniente coronel Guillermo Cordero Monduy. Según el testimonio divulgado, Reboso habría enviado después del ataque un mensaje en el que reconocía y se burlaba de lo ocurrido: “Dile al Gago que está acabando con los muchachos del 11 de julio”.
Valdés Alonso ya había sido acusado de intentar violar en marzo de 2024 al preso político Julián Manuel Mazola Beltrán en la misma cárcel. La madre del manifestante denunció entonces el ataque ante Cubalex, mientras el activista Marcel Valdés aseguró que Reboso había propuesto a Mazola colaborar como informante y, tras su negativa, ordenó trasladarlo a la celda del agresor. Mazola y otros presos políticos iniciaron una huelga de hambre para exigir medidas contra el atacante, quien posteriormente recibió solo tres meses adicionales de cárcel, según la investigación de ADN Cuba.
Otro de los episodios ocurrió en enero de 2026 en la prisión de Agüica, Matanzas. Sujay Acosta denunció que su esposo, el preso político Onaikel Infante Abreu, fue violado por un recluso después de que varios presos comunes entraran en la celda de castigo donde permanecía aislado. “Estoy devastada. Ellos tienen que explicarme, porque eso es orden de la Seguridad del Estado. En las celdas de castigo no entra nadie que no sea de la Seguridad del Estado”, declaró Acosta. Infante cumple una condena de ocho años después de realizar en 2023 una protesta antigubernamental en La Habana.
Acosta dijo posteriormente a ADN Cuba que Infante continuaba afectado por la agresión y que, cuatro meses después de los hechos denunciados, no había recibido atención psicológica ni el presunto atacante había sido sancionado. “Él se siente muy mal con eso. Yo siempre que voy a la visita le doy consejos, aunque sé que no se le va a olvidar nunca. Eso lo golpeó demasiado”, afirmó.
Los testimonios recopilados abarcan varias décadas. El exprisionero político José Batista Falcón, recluido durante dos meses en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba, en 2011, relató que un preso común intentó tocarlo sexualmente mientras dormía y que otros internos impidieron que el abuso continuara. Contra los presos políticos, aseguró, “emplean todo tipo de prácticas: violaciones sexuales, golpizas, actos denigrantes. Lo hacen los reos comunes enviados por la Seguridad del Estado”.
En 2023, el exprisionero político Julio César González Morales contó a CubaNet que fue violado durante su reclusión en el régimen especial de la cárcel El Yayal, en Holguín, después de ser condenado en 1993 a seis años de privación de libertad por el supuesto delito de sabotaje.
La violencia denunciada no se limitaría a las prisiones de hombres. Una exprisionera política que estuvo recluida en la cárcel de mujeres de Camagüey y pidió mantener el anonimato afirmó que la Seguridad del Estado y funcionarias del Ministerio del Interior empleaban a reclusas condenadas a largas penas para chantajear, amenazar y atacar a otras internas, a cambio de beneficios penitenciarios. “Hubo mujeres que fueron violadas por otras presas en complicidad con las guardias de pasillo. Todo era ordenado por la Seguridad del Estado y la jefa de la unidad. Ellos tenían conocimiento de todo lo que sucedía”, aseguró.
Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, identificó entre los agresores a los llamados “Disciplinas”, presos comunes utilizados para controlar determinados espacios dentro de las cárceles. La abogada sostuvo que los oficiales forman parte de ese sistema y que las agresiones sexuales, tanto en prisiones de hombres como de mujeres, “son un arma que se utiliza para controlar y doblegar”. Entre los grupos más expuestos mencionó a las personas LGBTQ+, los menores y los jóvenes enviados a establecimientos penitenciarios para adultos.
Cubalex documentó en marzo de 2023 denuncias de acoso por orientación sexual e identidad de género contra el preso Yuri Almenares González y la reclusa trans Brenda Díaz, víctima de un intento de violación en una cárcel de hombres. La organización registró además el uso reiterado de presos comunes por las autoridades penitenciarias para hostigar a reclusos políticos.
Las denuncias reproducen un mecanismo advertido desde hace décadas. En un informe de 1999 basado en entrevistas con exreclusos, familiares y activistas, Human Rights Watch documentó abusos físicos y sexuales en cárceles cubanas, cometidos normalmente por otros presos con la aquiescencia de los guardias. La organización también señaló que los presos políticos sufrían castigos adicionales y que la prohibición de inspecciones independientes dificultaba conocer la magnitud de las violaciones.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó en 2022 su seria preocupación por las denuncias de malos tratos y torturas sistemáticas en las prisiones cubanas, incluido el aislamiento prolongado, las golpizas y los abusos verbales. Al examinar la represión de las protestas del 11J, el organismo también recogió informes de amenazas de carácter sexual y registros corporales integrales, y lamentó que el Estado cubano no proporcionara información suficiente sobre investigaciones o procesos contra los responsables.
El mismo Comité constató que Cuba carecía de un mecanismo independiente encargado de realizar visitas periódicas y sin previo aviso a todos los centros de detención. Aunque el régimen aseguró que jueces y fiscales tenían acceso a las cárceles y contabilizó decenas de miles de inspecciones oficiales, la ONU reclamó un órgano específico e independiente capaz de supervisar las condiciones penitenciarias y dar seguimiento a sus hallazgos.
La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura atribuye responsabilidad al Estado no solo cuando el daño es infligido directamente por un funcionario, sino también cuando otra persona actúa por instigación, consentimiento o aquiescencia de agentes públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, además, que la violencia sexual contra personas bajo custodia puede constituir tortura. Esos estándares impiden que las autoridades eludan responsabilidad alegando que el agresor inmediato fue otro recluso.
Alain Espinosa, abogado de Cubalex, sostuvo que en Cuba “se trata de un método de tortura que se ha institucionalizado, sistematizado y diseñado de manera intencional para quebrantar a opositores, activistas y el resto de personas presas por motivos políticos”. Según el jurista, los funcionarios ignoran deliberadamente las peticiones de auxilio, el personal médico militar se niega a documentar las lesiones o las minimiza y la Fiscalía rara vez investiga, lo cual facilita la impunidad.
Las agresiones suelen permanecer ocultas por el estigma, el temor a represalias y la imposibilidad de presentar denuncias confidenciales. La psicóloga Vanessa Rosabal advirtió que, cuando los ataques son tolerados u ordenados por agentes estatales, se intensifican la indefensión y la desesperanza, se normaliza la violencia y se crea un clima de terror que aísla a las víctimas. Los sobrevivientes consultados describieron pesadillas, depresión, desconfianza y daños psicológicos persistentes.
Cubalex reclamó para el joven agredido en Guanajay una evaluación médica, psicológica, forense y toxicológica independiente; la preservación de historias clínicas, muestras biológicas, registros de celdas y comunicaciones; y una investigación que alcance tanto al atacante como a los funcionarios que pudieron ordenar, facilitar, tolerar o encubrir los hechos. La organización exigió además protección para testigos y familiares, suspensión preventiva de los oficiales señalados y supervisión externa del sistema penitenciario, medidas que coinciden con las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU.
